La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América Central y el Caribe Inglés (OACNUDH) condenaron “enérgicamente”, a través de un comunicado de prensa, las nuevas violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado de Nicaragua, que se han acelerado de manera alarmante en los últimos días.
El comunicado inicia haciendo referencia al despojo de nacionalidad de 94 personas identificadas como opositores políticos y a los que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha llamado “prófugos de la justicia” y “traidores a la patria”.
El 15 de febrero, el Tribunal de Apelaciones de Managua comunicó la resolución judicial por la que se privó de la nacionalidad a 94 personas que se suman a los 222 excarcelados políticos que el régimen envió en un avión a Estados Unidos.
“Dicha resolución se dictó sin juicio previo y condenó a estas personas a la “muerte civil”, lo que acarrea profundas consecuencias para ellas y sus familias. Entre las personas afectadas, se encuentran varias personas defensoras de derechos humanos que cooperan habitualmente con la CIDH y la OACNUDH. La criminalización de la labor de estas personas, legítima y necesaria en una sociedad democrática es inaceptable, por lo que llamamos conjuntamente al Estado a revertir urgentemente esta decisión”, indican ambas organizaciones en un comunicado .
Sobre los excarcelados políticos la CIDH indica que se les privó de su nacionalidad nicaragüense de forma arbitraria. “Ello, sin estar previsto en la legislación interna y de manera contraria al principio de legalidad e irretroactividad de las penas”.
Privación de la nacionalidad está prohibida
Sobre esta privación de la nacionalidad, que incluye el anuncio del 9 de febrero que realizada la Asamblea Nacional de Nicaragua de una reforma al artículo 21 de la Constitución, así como de una nueva ley que “regula la pérdida de la nacionalidad nicaragüense”.
“Ambas normas han sido aplicadas como el fundamento para privar de su nacionalidad a las personas nicaragüenses consideradas opositoras al gobierno, a las que llaman “traidoras a la patria” perpetuando un clima de terror en la población”, indican.
Y agregan que “la privación arbitraria de la nacionalidad se encuentra prohibida por el derecho internacional de los derechos humanos y por la Convención para Reducir los Casos de Apatridia, de la cual Nicaragua es Estado Parte, tal como fue señalado recientemente por la CIDH, especialmente cuando se trata de una pena o sanción impuesta por motivos políticos. Llamamos al Estado de Nicaragua a que derogue inmediatamente dichas leyes y cesar su aplicación como mecanismo de castigo de las voces disidentes”.
Llaman a la liberación inmediata de monseñor Álvarez
En cuanto a la condena de a Monseñor Rolando Álvarez, Obispo de Matagalpa, a 26 años de cárcel por “traición a la patria”, comentan que todo indica fue condenado en “plena violación de garantías procesales ” y actualmente se encontraría en aislamiento en una celda de máxima seguridad.
La CIDH y la OACNUDH llaman a su liberación inmediata e incondicional, junto a las más de 30 personas que permanecen privadas de libertad arbitrariamente en Nicaragua.
Estos hechos se suman a las más de 3,000 ONGs nacionales e internacionales que han sido canceladas desde 2018, y sus bienes confiscados, dejando a innumerables personas sin acceso a sus servicios o asistencia.
Finalmente, la CIDH y la OACNUDH urgen al Gobierno de Nicaragua a poner fin a la incesante represión y persecución de quienes buscan el retorno de la democracia en Nicaragua o ejercer sus libertades públicas.
Asimismo, llaman a la comunidad internacional a mantener e intensificar los esfuerzos destinados a la protección de los derechos humanos de las personas nicaragüenses que se han visto forzadas a huir del país, solicitantes de asilo, refugiadas y en situación de apatridia y poner atención en sus familias tanto dentro como fuera de Nicaragua.
“La Comisión y la Oficina expresan su profunda solidaridad y su compromiso con las víctimas de las violaciones, a sus familiares y a todas las personas que están arriesgando su bienestar, su futuro e incluso sus vidas por defender los derechos humanos en Nicaragua, y continuarán acompañando su importante labor para el restablecimiento del Estado de derecho y los derechos humanos”, finaliza el comunicado.