La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo expulsó este martes 14 de febrero al fray italiano Damián Muratori, aduciendo que la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) de Italia lo busca por el delito de abuso sexual en ese país, según un comunicado emitido por el Ministerio de Gobernación (Migob) de Nicaragua.
La mañana de este martes, la feligresía denunció que el fray italiano y otros dos laicos tenían 24 horas de estar desaparecidos, luego de que el religioso se presentó la mañana del lunes 13 de febrero a las oficinas de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) en Managua, para cumplir con un citatorio que le fue notificado por la Policía la noche antes, según confirmó una fuente de la comunidad religiosa de Jinotega.
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Muratori era el encargado del Santuario Franciscano El Tepeyac y vicepostulador de la causa de Beatificación del Siervo de Dios Odorico D’Andrea, en San Rafael del Norte.
El Migob, en la nota de prensa donde confirma la expulsión del religioso de Nicaragua, señala que fray Muratori «a pesar de sus delitos, estuvo asignado desde el 2014 por su Orden Religiosa a la custodia del mausoleo del padre Odorico D’Andrea», donde, según menciona, «intervino injuriosamente en asuntos solo concernientes a nicaragüenses».
LA PRENSA rastreó en el portal de «Personas Buscadas» por la Interpol si había orden de búsqueda o captura contra fray Muratori, pero hasta el momento no aparece su nombre ni nada en su contra.
Por su parte, la Iglesia católica de Nicaragua no ha emitido ningún tipo de pronunciamiento respecto a la expulsión de fray Muratori, ni sobre el requerimiento de la Interpol del que lo señala el régimen orteguista. Este Diario consultó a miembros de la jerarquía, sin embargo al cierre de esta nota no se ha tenido respuesta alguna.
Fray Muratori y su presencia en el país
De acuerdo con entrevistas, fray Damián Muratori llegó a Nicaragua el 14 de marzo de 1976, cuando aún era un misionero y desde entonces se ha destacado por diferentes obras ejecutadas en el norte del país.
Cabe mencionar que el 8 de junio de 2018, fray Muratori recibió la visita de la alcaldesa de San Rafael del Norte, Norma Herrera, y el secretario político del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Noel Gutiérrez, quienes le pidieron que los acompañara porque querían dialogar con los manifestantes que se encontraban en los tranques en ese municipio. El religioso logró conversar con ambos grupos.
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El 30 de abril de 2021, fray Muratori llegó a una cita en la DGME, supuestamente estaba lista la resolución de solicitud de renovación de residencia que había solicitado un año antes. Pero ese día le dijeron que no renovarían su residencia, sino que solamente le darían un permiso noventa días para estar en el país, que un día antes de cumplirse ese período, le dirían cuál será el siguiente paso.
“En otras palabras, no me dijeron que sí ni no, así que no sé si me van a quitar definitivamente la residencia o me la van a dar», dijo el sacerdote en ese momento a LA PRENSA.
Ese año, en entrevista con este Diario, el religioso reconoció que en varias ocasiones, desde el púlpito, se ha referido a la situación del país, pero aclaró que lo ha hecho desde una perspectiva de reflexión y no como una forma «acusatoria» en contra del Gobierno.
Desde esa fecha él se presentaba cada tres meses a Migración para renovar su estadía. La última vez que asistió fue el 21 de enero de este año, según indicaron fuentes eclesiásticas a este Diario.
Otros sacerdotes que han sido expulsados
En septiembre de 2020, el régimen le redujo el periodo de residencia al padre Julio César Melgar, de origen salvadoreño, quien también brindaba sus servicios sacerdotales en la Diócesis de Estelí. El padre Melgar tenía residencia permanente, que renovaba cada cinco años.
El 16 de octubre de 2020, el sacerdote colombiano Luis Alirio Carrillo, quien trabajó durante cuatro años en la Diócesis de Estelí, a cargo de monseñor Abelardo Mata, tuvo que abandonar el país por órdenes de la Dirección General de Migración y Extranjería. Un mes antes, las autoridades le habían suspendido su residencia permanente, válida por cinco años, y de acuerdo con la legalidad del documento vencía hasta el 15 de enero de 2022.
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El 31 de enero de 2021, las autoridades migratorias le impidieron el ingreso para continuar con sus funciones al fraile salvadoreño Santos Fabián Mejía, párroco y superior de la parroquia San Francisco de Asís, de Juigalpa, Chontales, quien tenía más de 12 años de estar en parroquias nicaragüenses.
Asimismo, el 16 de febrero de 2021, el régimen negó la entrada al fraile salvadoreño Javier Lemus, de la Orden de Frailes Menores Franciscanos, quien desde el 19 de marzo de 2018 estuvo a cargo de la parroquia Inmaculado Corazón de María, en la Diócesis de Matagalpa, que era liderada por monseñor Rolando Álvarez, actual preso político del régimen, condenado a 26 años y cuatro meses de prisión.
