El Gobierno de España ofreció otorgar la nacionalidad española a los ex presos políticos de Nicaragua, que fueron desterrados a Estados Unidos y despojados de su condición de nicaragüenses por el régimen de Ortega y Murillo.
El procedimiento que se utilizaría para convertirlos en ciudadanos españoles es el llamado “carta de naturaleza”. De acuerdo con el Código Civil de España: “La nacionalidad española se adquiere por carta de naturaleza, otorgada discrecionalmente (por el Consejo de Ministros) mediante Real Decreto, cuando en el interesado concurran circunstancias excepcionales”.
Esto es un hermoso gesto de solidaridad española con los 222 nicaragüenses a los que el gobierno de su propio país los despojó de su nacionalidad y los convirtió en apátridas.
La jurista nicaragüense Martha Patricia Molina Montenegro advirtió en un artículo de opinión publicado en LA PRENSA el 13 de noviembre de 2021, que el régimen de Nicaragua podría mandar al destierro y convertir en apátridas a los presos políticos nicaragüenses. La también miembro del Consejo Editorial de LA PRENSA explicó en aquella oportunidad que apátrida es “una persona que no está reconocida como ciudadana de ningún Estado conforme a su legislación”. Y agregó que “los apátridas sufren profundamente, condenados a una vida de marginación sin esperanza y a menudo transmitiendo dicha condición a sus hijos, de tal manera que generaciones enteras pueden ser condenadas a la apatridia”, según documentación de Naciones Unidas.
Sin embargo el derecho internacional protege a las personas apátridas. Naciones Unidas aprobó en septiembre de 1954 el Estatuto de los Apátridas, en el cual se establece que “los apátridas que están legalmente en el territorio de un Estado deben recibir el reconocimiento de sus derechos y el mismo trato que todos los demás extranjeros, sin discriminación alguna por razones de raza, religión o país de origen”.
Esa protección la merecen los ex presos políticos nicaragüenses que han sido desterrados y despojados por el régimen de su nacionalidad y derechos ciudadanos. Ellos se encuentran legalmente en Estados Unidos, al amparo del mecanismo de parole humanitario, pero cada uno tendrá que tomar una decisión muy importante sobre su condición jurídica en el destierro y exilio al que han sido obligados.
Una opción es acogerse al ofrecimiento solidario del Gobierno de España, y adquirir la nacionalidad española. Otros ya decidieron quedarse en EE. UU., según explicó la alta funcionaria del Departamento de Estado, Emily Mendrala. Pero además hay otras posibilidades que ellos mismos podrán escoger, dependiendo de cómo quieren conducir sus vidas en el extranjero a partir de ahora. Esto mientras dure el régimen actual de Nicaragua, que no es eterno ni durará para siempre. Como tampoco es perpetua la muerte civil que les ha decretado, aunque así lo pretenda con disposiciones que son notoriamente antijurídicas.
En todo caso, los ex presos políticos seguirán gozando del afecto y la solidaridad de la mayoría de los nicaragüenses, así como de la comunidad democrática internacional según lo está demostrando el gobierno español.
