Los familiares presos políticos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo han aguantado malos tratos, humillaciones, revisiones, interrogatorios y en un cambio de patrón denunciado por el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, se enfrentan a la amenaza de la judicialización.
«En Nicaragua, la prisión política trasciende de las cárceles donde se encuentran recluidos los presos y presas políticas hacia sus familiares, quienes también son víctimas de la represión del Estado desde hace muchos años, cuando el régimen comenzó a utilizar mecanismos tales como hostigamientos, persecución y amenazas. Todo ello con el objetivo de acallar sus voces y disuadirles de seguir con sus formas de lucha y resistencia por la libertad y justicia de sus familiares presos y presas», denuncia el Mecanismo en su informe correspondiente a enero 2023.
El mecanismo destaca que desde 2018 cuando el régimen empezó a engrosar la lista de presos políticos los familiares han sufrido en sus viviendas asedio de policías, agentes paraestatales y vecinos simpatizantes del régimen, persecución, vigilancia, agresiones físicas, insultos y amenazas de muerte a través de redes sociales. También han sufrido amenazas por medio de pintas estigmatizantes en los muros de sus casas.
En el caso de los sistemas penitenciarios han sufrido durante las visitas los abusos de las autoridades y custodios donde se encuentran sus familiares.
«Los tratos crueles, degradantes e inhumanos algunas veces ha llegado hasta el maltrato físico, así como retenciones por varias horas, sometiéndolos a prolongados interrogatorios. En algunos casos han sido víctimas de detenciones arbitrarias y de violaciones a su derecho de libre circulación para entrar o salir del país», indica el Mecanismo.
Finaliza indicando que las cuatro (4) personas familiares de presos políticos detenidas en 2019 ninguna fue judicializada y por el contrario fueron liberadas días después. Sin embargo, una de las personas detenidas en 2020 si fue judicializada y permanece aun en cárcel, el motivo de su ilegal captura fue por demandar la libertad de su hermano y apoyar la campaña “Navidad sin presos ni presas políticas”.
LA PRENSA contabiliza hasta febrero 2023 al menos cuatro familiares que se encuentran ya condenados por el régimen de Ortega Murillo.
