Agentes policiales, antimotines, personal de la Procuraduría General de la República (PGR) y civiles se tomaron por la fuerza las instalaciones del Grupo Venancia la mañana de este miércoles, denunció la organización feminista, que ya había sido despojada de su personalidad jurídica a finales de junio de 2022 por órdenes de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Según la denuncia compartida en su página de Facebook, este grupo de personas llegó a las 9:30 de la mañana a las oficinas ubicadas en el barrio Guanuca, de Matagalpa, donde trabajaron por 31 años.
«El despojo de nuestro inmueble es un paso arbitrario más tras la ilegal cancelación de nuestra personería jurídica, porque ya sabemos que las leyes son papel mojado en este país. Esta es otra muestra de la violencia estatal en contra de nuestros derechos», repudió el Grupo Venancia.
Tras la cancelación de la personería jurídica, la organización afirmó que se mantendría en resistencia y continuarían con el compromiso de velar por el respeto de los derechos humanos de las mujeres.
«Las instalaciones de grupo Venancia han sido durante todos estos años una casa abierta para la reflexión feminista y el empoderamiento personal y colectivo de mujeres de todas las edades, principalmente de las zonas rurales de diversos departamentos del norte de Nicaragua. También ha sido un espacio para la sanación de las heridas que deja la violencia; y un espacio de denuncia y acuerpamiento para la comunidad LGBTQ+», plasma la denuncia.
«Es un robo, no confiscación»
Grupo Venancia catalogó dicha acción como «un robo» y no confiscación porque esta última no cumple con los procedimientos legales. «Nos despojan del local, pero no de nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos en toda su extensión, ni del ideal de una Nicaragua con justicia, libertad y democracia, donde trabajar por el bien común y defender derechos no sea un delito», concluyó.
La organización fue cerrada por supuesto lavado de dinero y por promover el aborto, según acusó el régimen orteguista. En Nicaragua toda forma de interrupción del embarazo está prohibida y penada por la ley, pero han sido los movimientos feministas y de derechos de las mujeres los que han promovido la despenalización del mismo exponiendo razones médicas, biológicas y derechos individuales sobre los cuerpos de las mujeres, haciéndole frente al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en temas de salud sexual y reproductiva.
