El lunes 5 de febrero los sacerdotes y laicos católicos de Matagalpa, encarcelados y acusados por el régimen de cometer supuestos graves delitos contra el Estado, fueron condenados a 10 años de prisión.
No ha sido una sorpresa que los condenaran, pues ninguno de los presos políticos y de conciencia que han sido encarcelados, acusados y juzgados por el régimen, se ha librado de la sentencia condenatoria. De manera que al obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, cuyo juicio fue anunciado para el 28 de marzo próximo y adelantado este martes para el 15 de febrero, seguramente que también será condenado y sentenciado a largos años de prisión.
Según las informaciones, el poder judicial del régimen también condenó a los sacerdotes y laicos de Matagalpa a la muerte civil perpetua, o sea la pérdida para siempre de sus derechos políticos, civiles, ciudadanos, y humanos por lo consiguiente.
Se sabe que la misma sentencia de muerte civil perpetua ha sido dictada contra el sacerdote católico Oscar Benavides, párroco de la iglesia del Espíritu Santo, en el municipio de Mulukukú del Caribe Norte, aparte de la condena a 10 años de prisión por el supuesto e infundado delito de “menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas.”
Pero la pena de muerte civil perpetua no existe en la legislación nicaragüense, según opinan juristas expertos en derecho procesal y penal. Al respecto el reconocido abogado defensor de derechos humanos, Pablo Cuevas, expresa que de acuerdo con la Ley Penal de Nicaragua al reo condenado se le suspende el ejercicio de sus derechos solo durante el tiempo que dura la condena, no para siempre.
“Una vez que (la persona condenada) recupera su libertad sus derechos son restituidos, porque son constitucionales e inalienables. La pérdida perpetua de sus derechos no existe”, explicó el jurista Cuevas. Y lo que él asegura lo establece el derecho internacional de derechos humanos incorporado en la Constitución de Nicaragua.
No obstante, según la doctrina jurídica marxista, la clase, partido o líder que detenta el poder dicta y aplica la ley según convenga a sus intereses o satisfaga sus pasiones. “El derecho no es más que la voluntad de la clase dominante erigida en ley”, consignaron Carlos Marx y Federico Engels en el Manifiesto comunista.
Esa es una aberración jurídica. En una sociedad civilizada el derecho es el instrumento jurídico para “organizar la sociedad del modo más racional y justo posible… para establecer relaciones de equidad entre los individuos y realizar la justicia en la sociedad, es decir, atribuir a todos sus miembros lo que, en relación a un todo, les corresponde en derechos y deberes”. Así lo explica el enciclopedista de política Rodrigo Borja.
En la actualidad, de acuerdo con el moderno derecho humanitario, al suprimirle o restringirle a una persona la posibilidad de ejercer sus derechos personales y públicos, se le degrada como ser humano al extremo de que se le podrían suprimir todos los demás derechos. Inclusive el derecho supremo, esencial y sacrosanto a la vida.
Se conoce por la historia que en la Grecia de la antigüedad, a algunas personas se les imponía la pena de muerte civil por la cual se les consideraba extintas o inexistentes, aunque estuvieran vivas. La polis dejaba de proteger a la persona condenada a la muerte civil y cualquiera le podía causar daño sin pagar consecuencias, inclusive matarla. De manera que el condenado era desterrado; y en los lugares donde se radicaba tenía los derechos que en sus lugares de origen le habían quitado.
La pena de muerte civil perpetua se aplicó mucho tiempo a lo largo de la historia y los condenados a esa condición oprobiosa eran llamados “cadáveres vivientes”. Hasta que ese castigo desapareció, a fines del siglo XIX y principios del XX, al ser abolido formalmente o porque se dejó de aplicar. Sin embargo, se siguió aplicando en los países que siguieron el camino del totalitarismo, como la Rusia estalinista y la Alemania nazi. Y se continúa imponiendo hasta ahora —de hecho o mediante irracionales sentencias judiciales—, donde imperan regímenes de naturaleza totalitaria.
