Aunque poco o nada ha trascendido sobre las discusiones que el régimen de Daniel Ortega está sosteniendo para aplicar ajustes que permitan cerrar el todavía abultado déficit del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), el Fondo Monetario Internacional en su reporte completo sobre la revisión del Artículo IV reveló que estas conversaciones están en marcha e insisten en que uno de los ajustes se haga a las pensiones reducidas.
“En el mediano plazo, el déficit fiscal global provendrá principalmente de los desequilibrios en las finanzas del Sistema de Seguridad Social (INSS) y de las empresas estatales, en particular de energía y agencias de transporte. De hecho, se supone que el INSS continuará recibiendo transferencias del Gobierno ya que las discusiones en curso aún no han producido medidas acordadas para reducir el déficit del INSS”, dice el Fondo en su reporte completo de 112 páginas.
El equipo técnico del Fondo le dijo al Gobierno que mejorara las condiciones fiscales para garantizar la sostenibilidad en este campo, tomando en cuenta que “en el mediano plazo, el déficit fiscal global del sector público consolidado se deberá principalmente a los desequilibrios en las finanzas del Sistema de Seguridad Social (INSS) y de las empresas estatales (EP). Abordar esos desequilibrios y mejorar las reservas, dado que Nicaragua es vulnerable a los desastres naturales, es fundamental para la sostenibilidad de la deuda”.
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La situación financiera del Instituto Nicaragüenses de Seguridad Social es una de las crisis irresueltas del régimen de Daniel Ortega en materia de finanzas públicas. En el Presupuesto General de la República 2023, Hacienda proyectó otro año de inestabilidad financiera para el INSS, que ascenderá a diez años.
Según el reporte, el Gobierno espera que el déficit financiero del INSS cierre este año en 3,572 millones de córdobas, el cual será mayor a los 2,516 millones proyectados el año pasado. En el 2021, el hueco financiero fue de 3,667 millones de córdobas, es decir que se esperaría que la crisis, luego de dar cierta tregua el año pasado, este año sea igual al nivel observado hace tres años.
“Las discusiones para reducir el creciente déficit en el INSS están en curso. Una posible medida es cambiar el mínimo número de cotizaciones necesarias para recibir una pensión reducida”, menciona el reporte técnico del FMI.
Actualmente, se requieren como mínimo 250 semanas cotizadas para poder aplicar a una pensión reducida, lo cual se estableció en el 2013, año en que también se aplicó una reforma al INSS que afectó especialmente a la empresa privada y la fórmula de cálculo de las nuevas pensiones.
Pero a diferencia de las otras pensiones, estas reducidas han mostrado un aumento exorbitante en su demanda. En el 2014, el INSS cerró con 29,314 casos de vejez reducida proporcional, por un monto de 51.293 millones de córdobas.
Sin embargo, hasta el año pasado el Gobierno contabilizaba 76,871 pensiones reducidas y para este año se espera que se eleven a 80,830.
No está claro cuál sería el cambio que estaría analizado el Gobierno, pero todo apuntaría a que se eleve la cantidad mínima de semanas requeridas para obtener una pensión de este tipo.
Los números del FMI muestran que el Gobierno en paralelo estima continuar transfiriendo recursos al INSS en concepto de pago de deuda histórica. Para este año está programado transferir 1,055 millones, un poco más que los 1,021 millones del año anterior.
Se espera que el Gobierno continúe haciendo transferencias de este tipo hasta el 2027, con montos anuales de entre 1,472 millones de córdobas hasta 2,547 millones al final del periodo antes mencionado.
En sus proyecciones, el Fondo dice que “las proyecciones para 2020-26 asumen que el Gobierno central continuará transfiriendo recursos al INSS para cerrar los déficits del sistema de pensiones” en los próximos años.
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Para mejorar la eficacia en la operatividad financiera del INSS, el Fondo dice: “Si bien las reformas del sistema de pensiones de marzo de 2019, reducción del déficit del INSS y el asociado transferencias del Gobierno central, algunas de las medidas inicialmente anunciadas aún deben implementarse (es decir, el cambio de mínimo número de contribuciones necesarias para recibir una pensión reducida y la reducción de la pensión mínima)”.
El régimen de Daniel Ortega ha fracasado en todas las reformas al Seguro Social que ha aplicado desde que llegó al poder en el 2007. Cuando recibió la administración del instituto, el gobierno de Enrique Bolaños (q.e.p.d.) había advertido que la entidad necesitaría reformas para hacer frente a la creciente demanda de pensiones en correspondencia con el envejecimiento de la población y por tanto se necesitaban reformas en el mercado del trabajo, para aumentar el empleo y la productividad.
En el 2018 el Gobierno impuso una agresiva reforma a la seguridad social, que desembocó en una crisis sociopolítica cuyos efectos persisten hasta la fecha.
