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En Perú se libra una gran batalla en defensa de la democracia

En estos días Perú es escenario de una gran lucha de fuerzas políticas y sociales adversarias que disputan el poder. En el fondo se trata de la batalla principal que en estos momentos se está librando en América Latina, del izquierdismo populista autoritario contra la libertad y la democracia.

Ciertamente, el eje del conflicto político peruano es por un lado la lucha por la sobrevivencia en el poder de la presidenta constitucional Dina Boluarte, o su derrocamiento, que pretende la extrema izquierda con grandes  movilizaciones sediciosas de masas, acciones vandálicas y la paralización económica del país.

La aguda crisis política que sufre Perú no es de ahora, viene de mucho tiempo atrás y en particular de los últimos seis años, durante los cuales ha habido también seis presidente de la República. La crisis se agravó a partir del 7 de diciembre de 2022, cuando el expresidente populista de izquierda Pedro Castillo —quien fuera electo libremente por los ciudadanos aunque con una mayoría muy precaria—, intentó dar un golpe de Estado para zafarse de las acusaciones de incompetencia y corrupción presentadas contra él por la oposición.

Al fracasar en el intento de golpe de Estado, Castillo fue destituido por el Congreso y encarcelado por orden de la autoridad judicial, siendo sustituido por la vicepresidenta Boluarte de acuerdo con lo que establece la Constitución peruana.  Después el  Congreso aprobó una propuesta de reforma constitucional a fin de  adelantar las elecciones para el próximo año, pero la extrema izquierda populista exige la renuncia inmediata de la presidenta Boluarte, o su derrocamiento.

La renuncia de Boluarte no resolvería la crisis, más bien la agravaría, porque de acuerdo con la Constitución la sustituiría el presidente del Congreso, que pertenece a una formación política que es más rechazada todavía que Boluarte, por la oposición extremista.

En realidad, es obvio que los sediciosos pretenden pasar por encima de la Constitución, imponer a un presidente revolucionario de facto o restituir en el poder al golpista frustrado Pedro Castillo. Por esto presionan los injerencistas presidentes de México y Colombia que son sus padrinos políticos extranjeros.

El Comercio, que es el principal periódico de Perú, ha señalado editorialmente que la renuncia de la presidenta Boluarte que exigen los insurrectos ultraizquierdistas sumiría al país en un caos mayor que el que ya existe. La señora Boluarte, opina El Comercio, “ocupa el sillón presidencial en acatamiento de lo que la Constitución vigente señala en una circunstancia como la presente. Ella postuló como vicepresidenta en la fórmula de la opción que obtuvo la victoria en los comicios del 2021 y, por lo tanto, era quien debía suceder a Pedro Castillo tras su destitución… Su legitimidad descansa en el voto popular, y las ánforas (urnas) expresan siempre una opinión más exacta que aquella que se estima al ojo cuando hay grita y revuelta en las calles”.

La presidenta peruana dice mantenerse firme y cuenta con el respaldo de las instituciones democráticas, así como con el de la mayoría silenciosa del país, la que no apoya el vandalismo y a los que provocan caos por medio de la violencia, pero no sale a la calle para enfrentarlos.

La de la presidenta Boluarte es “una firmeza ejemplar —dice el editorial de El Comercio—, que ojalá no flaquee ante las previsibles nuevas arremetidas de los que están empeñados en acabar con nuestra maltrecha democracia”.

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