El martes 3 de enero LA PRENSA publicó en portada y de manera destacada, una información de máximo interés público titulada: “Nefasto 2022 en Nicaragua: casi 70 femicidios registrados por CDD”.
CDD es la sigla de la organización feminista Católicas por el Derecho a Decidir, que monitorea la violencia machista en el país y lleva la cuenta de los asesinatos de mujeres o femicidios.
Los 67 casos ocurridos el año pasado y que reporta CDD, son 4 menos que los 71 que ocurrieron en 2020 y en 2021, según datos de la misma organización feminista. Lo cual no es satisfactorio porque el femicidio es un crimen particularmente odioso, una ofensa a la humanidad que no debería ocurrir aquí ni en ninguna otra parte del mundo.
Llamamos pandemia al femicidio porque es un mal humano y social que afecta a todos los países de la tierra, aunque en unos más que en otros, según el arraigo y persistencia de la cultura machista, así como los grados de indiferencia social e impunidad institucional. Tan pandemia es el femicidio que según Wikipedia cada 10 minutos una mujer es asesinada en alguna parte del mundo, por motivos de género o sexo.
Según la Comisión de las Naciones Unidas para América Latina (Cepal), por lo menos una de cada 100,000 mujeres es víctima de femicidio en esta región. Eso es el promedio, en algunos países la tasa es más alta, como en Honduras, donde es de 4.6. De Nicaragua la Cepal no ofreció el dato porque no pudo obtener la información oficial necesaria.
Se define como femicidio (o también feminicidio) el asesinato de una mujer de cualquier edad por su condición femenina. “Conceptualizamos la dominación agresiva y lacerante a las mujeres y la llamamos feminicidio —escribió en 1997 la experta mexicana Marcela Lagarde— como la política del exterminio de las mujeres… y todo el conjunto de acciones que tienden a controlar y eliminar a las mujeres a través del temor y del daño, y obligarlas a sobrevivir en el temor y la inseguridad, amenazadas y en condiciones humanas mínimas al negarles la satisfacción de sus reivindicaciones vitales”.
La persistencia del femicidio ha motivado a las autoridades de muchos países a aumentar el castigo penal a quienes lo cometen, para tratar de disuadirlo. Pero los resultados no han sido los esperados, en muchos países los femicidios han aumentado, a pesar de la mayor dureza del castigo penal.
En Nicaragua, desde enero de 2021 rige la pena de prisión perpetua para castigar a los femicidas. Lo cual, por cierto y a título de aclaración, viola la Constitución que en su artículo 37 establece que “no se impondrá pena ni penas que, aisladamente o en conjunto, duren más de treinta años”.
Pero independientemente de eso la pena de prisión perpetua no ha impedido los femicidios, ni siquiera los ha reducido. Ya para julio de 2022, una investigación de la revista Magazine de LA PRENSA reveló que más de 20 femicidas habían sido condenados a esa pena máxima inconstitucional. Y según los datos de CDD la frecuencia de ese tipo de crimen se mantiene más o menos constante, pues la verdad es que nadie que decide matar a su esposa, compañera o excompañera de vida, o a cualquier otra persona del sexo femenino, antes de hacerlo se detiene a pensar en el castigo que le impondrán.
En realidad hace falta una transformación completa de la cultura social para reducir al mínimo la violencia machista y los femicidios. Sería necesario democratizar la vida política e institucional, fortalecer la educación, implicar a la sociedad en la lucha contra esa aberración humana. Así como también restablecer y fortalecer las organizaciones de la sociedad civil defensoras de los derechos humanos, y fomentar la estabilidad conyugal y familiar, para hacer que disminuya la violencia de género ya que no parece posible erradicarla por completo.
Decimos esto porque de la violencia machista y los femicidios —igual que de pandemias como el covid-19— no se libra ninguna sociedad, ni siquiera las más libres y avanzadas de Europa, que según la ONU ocupa el cuarto lugar entre los cinco continentes en cuanto a la incidencia de asesinatos de mujeres.