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CONTENIDO EXCLUSIVO.Hace casi nueve años, el régimen de Daniel Ortega, a través de la Asamblea Nacional aprobó en diciembre de 2013, la Ley 853, Ley para la Transformación y Desarrollo para la Caficultura, cuyo objetivo era incrementar la producción, la productividad y los ingresos para el sector, en armonía con el medioambiente.
A través de esta Ley se estableció el Fondo para la Transformación y Desarrollo para la Caficultura (FTDC), que “será constituido con los aportes en dólares que se obtengan por cada quintal exportado de café durante cada año calendario”.
Para ello definieron la metodología y criterios, en donde se especifican los cobros con base en los precios de referencia internacional del contrato “C” del mercado de Nueva York y un precio promedio logrado del comportamiento en el año cafetalero (1 de octubre al 20 de septiembre), anterior al año calendario definido.
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En otras palabras, el precio del aporte por cada quintal recientemente establecido, toma en cuenta el precio promedio del año cafetalero del 1 de octubre de 2021 al 30 de septiembre de 2022.
La Ley señala que el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific) divulgará este precio promedio de referencia internacional (PPRI) en los primeros ocho días hábiles de octubre de cada año.
Cuota fue duplicada
Este 6 de octubre, mediante un Acuerdo Ministerial, el Mific oficializó el PPRI y la cuota por quintal exportado que deben aportar los cafetaleros será de 4 dólares para la variedad arábica y 1.75 dólares para la variedad robusta. Esto para la cosecha 2022-2023, que acaba de comenzar.
El año pasado, incumpliendo la fecha establecida por ley, el Mific publicó hasta el 26 de octubre el PPRI y la cuota establecida fue 2 dólares por cada quintal de arábiga exportado y 1 dólar para el quintal de variedad robusta, con base en el Acuerdo Ministerial 020-2021, publicado en La Gaceta, estableciendo un PPRI de 143.60 dólares para el quintal exportado de café arábica y 71.04 dólares por quintal de robusta.
Cabe señalar que la cuota para la variedad robusta fue establecida hasta 2017, cuatro años después de aprobada la Ley, por ser de reciente producción en el país y además de controversial por su calidad.
Ahora, según el Acuerdo Ministerial 023-2022, publicado en La Gaceta del 6 de octubre reciente, el PPRI definido para el año cafetero 2022/2023 es de 223.24 dólares para la variedad arábica y 98.50 para la variedad robusta. De acuerdo con la tabla establecida se pagará la cuota más alta por quintal (precio superior a 185 dólares por quintal), en el caso del arábica, que es la mayor producción nacional.
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“El aporte al Fondo para la Transformación y Desarrollo de la Caficultura (FTDC), para el año calendario 2023, por cada quintal de café arábica exportado será de cuatro dólares de los Estados Unidos de América (US$4.00) y por cada quintal de café robusta exportado será de un dólar de los Estados Unidos de América, con setenta y cinco centavos (US$1.75)”, señala el acuerdo.
La Ley ha sido reformada, mientras se dispensan los bajos precios del café robusta, se ha aumentado el segmento de cobro para la variedad arábica, que es el mayor volumen producido en Nicaragua.
Sector “manos arriba”
Fuentes del sector cafetalero expresaron su profunda preocupación por esta decisión del Gobierno. Bajo condición de anonimato por temor a represalias del régimen de Daniel Ortega, indicaron que este cobro fue una medida que los productores reclamaron en su momento “y las autoridades hicieron caso omiso a nuestros reclamos”.
Señalaron que ahora lo están aplicando porque el precio anda por encima de los 200 dólares, “pero si fuese un gobierno consciente evaluaría la situación que estamos viviendo”.
Citaron a manera de ejemplo el incremento elevado y constante de los insumos agrícolas, el alza de la canasta básica para los alimentos a los cortadores, la escasez de mano de obra, “y el combustible casi incomprable, además del aceite para los vehículos que ha subido más del 50 por ciento, los repuestos y llantas de vehículos, también están súper caros”.
“No hay ningún incentivo a la agricultura, por lo menos nos deberían de quitar ese impuesto”, señalaron.
Otra de las fuentes apuntó que el sector cafetalero también tiene una carga que casi no se menciona: los productores asumen el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de todos los insumos debido a que en su mayoría no son retenedores de impuestos.
Sin señales de los fondos
Una de las fuentes indicó que los productores de café no han recibido beneficios con ese fondo, supuestamente destinado a la transformación de la caficultura.
“Todo lo han gastado en populismo y gastos de administración, sin temor a equivocarme, nosotros los productores de café deberíamos tener unos 40 millones de dólares los cuales podrían utilizarse para el desarrollo de la caficultura, para la creación de un laboratorio, para crear un instituto del café donde se hagan experimentos de variedades que sean resistentes a enfermedades y sobre todo que sean productivas, pero nada de eso se ha visto, prácticamente se lo han robado”, indicó.
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Las fuentes comentaron que hace tres años solicitaron una auditoría para verificar el fondo, “nunca nos dieron respuesta alguna”, aseveró.
Por otro lado, una de las fuentes explicó que este fondo no retorna al productor o no se retribuye para lo que fue creado.
Además aseguraron que al Gobierno nunca le interesó gestionar recursos internacionales para el Fondo. “Lo han usado como un recurso para clientelismo, no hay ningún control del gremio y al igual que todo, no hay información transparente”.
Recordaron también que en la década de los 80, en el primer período del gobierno sandinista, el fondo de la estabilización de precios desapareció sin explicación, “ahora vamos por el mismo camino”, dijeron.
Las fuentes cafetaleras aseguraron que en muchas fincas ya empezó la actividad de cara a la cosecha y hasta este martes “no hay muchos cortadores. Habrá mucha competencia por la gente”, agrega.
Explicaron que el Fondo lo maneja la Comisión Nacional para la Transformación y Desarrollo de la Caficultura (Conatradec).
Escasa información de la Conatradec
Según la Ley 853, la Conatradec es creado como “el órgano competente y responsable de administrar el FTDC”.
Está conformado por los ministros del MAG, Mefcca, Mific; los titulares del Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA) y del Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA). Además de nueve representantes del sector privado cafetalero nombrados por el presidente de la República.
Estos nueve delegados serían: un representante de los financiadores, un representante de los exportadores, cuatro integrantes del sector productivo no cooperado y tres representantes de los productores del sector cooperativo.
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El titular del Ministerio Agropecuario (MAG) lo coordina y es el representante legal.
“El dinero lo están usando en tonterías. Un ejemplo de lo que han hecho con el fondo es comprar fertilizante y andar repartiéndolo entre los afiliados del Frente Sandinista y detrás va una camioneta comprándolo. Al final el fondo se hace grande y se ha convertido en un impuesto para nosotros”, señalaron las fuentes.
Aseguraron que este fondo debería servir para apoyar al sector café en épocas de crisis o para procurar financiamiento para renovaciones a largo plazo.
Según la Ley 853, la Conatradec constituirá un fideicomiso que se constituirá con los recursos provenientes del FTDC y será administrado por el Banco de Fomento a la Producción.
El Banco tiene entre sus facultades, emitir, teniendo como respaldo el Fideicomiso del FTDC, los Certificados de Créditos para la Transformación de la Caficultura (CCTC), con una cobertura de hasta el treinta por ciento (30 %) del área financiada, los cuales también podrán garantizar financiamiento para renovación, rehabilitación y habilitación (mantenimiento) cafetalera.
De esto, el sector cafetalero, no maneja mayor información. “Siguen con la falta de transparencia y el secretismo”, señalan.
A eso se agrega que el sitio web de Conatradec se encuentra desactualizado y con evidencias de que aún no está completado.