Los extrabajadores de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro —los primeros en una ola de detenciones que inició el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo—, Walter Gómez y Marcos Fletes, cumplen hoy 440 días en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocidas como el Chipote. Cuando ingresaron a las celdas no tenían inodoro, solo un hoyo en el piso y aunque familiares de presos políticos aseguran que la comida ha mejorado, ambos reportaron una pérdida de peso de hasta 50 libras.
Gómez y Fletes fueron detenidos el 28 de mayo de 2021, poco antes de cumplir los 90 días detenidos el Ministerio Público amplió la acusación en su contra.
Desde los primeros días de su captura se pedía su liberación y la de los demás presos políticos que hoy suman más de 190.
Familiares de los detenidos en estas celdas han denunciado que las condiciones en que estos se encuentran incumplen las normas mínimas del tratamiento de los reclusos de las Naciones Unidas, más conocidas como Reglas Nelson Mandela.
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De acuerdo con el relato de los familiares ambos han perdido más de 50 libras. Pudieron verlos meses después de su detención y les comentaron que las celdas eran pequeñas, pasaban con la luz encendida o apagada las 24 horas del día, poco acceso al sol, poca alimentación y sin un inodoro.
En total han recibido nueve visitas en más de un año, tiempo en que lo único que ha mejorado es que hay un inodoro y luego de la publicación de retratos hablados les han mejorado la alimentación. Algunos familiares de detenidos en la DAJ aseguran que hasta les incluyen carne.
Sin embargo, las visitas continúan esporádicas y a quienes tienen hijos menores de edad no se les permite verlos ni tener ningún tipo de comunicación con ellos.
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Walter Gómez, exadministrador, y Marcos Fletes, excontador de la FVBCH, fueron condenados a 13 años de prisión: dos por el delito de falsificación ideológica, dos por gestión abusiva, más la inhabilitación para ejercer sus profesiones por ese mismo periodo; cuatro años y 300 días multa por supuesta apropiación indebida y cinco años por lavado de dinero, más la multa de tres veces el monto del supuesto dinero lavado.
