La presidenta del ilegalizado partido político Ciudadanos por la Libertad (CxL) ha informado que el régimen se tomó las alcaldías de los últimos cinco municipios que quedaban en poder de este partido, y por tanto de la oposición, con alcaldes que fueron elegidos por los ciudadanos en los comicios municipales de 2017.
Con esto se puede decir que la autonomía municipal ha llegado otra vez a su fin, aunque permanezca en los textos legales. En realidad, no es la primera vez que la autonomía municipal es suprimida por un régimen autoritario, de hecho o mediante la ley. Sin embargo, al cambiar la situación política del país se ha vuelto a establecer.
Se dice en los textos de historia que al mismo tiempo que surgieron las primeras ciudades, León y Granada en particular, los conquistadores españoles establecieron los cabildos municipales, a semejanza de los que había en España.
Los cabildos tenían importantes funciones de autoridad política. Por ejemplo, según escribe el doctor Germán Romero Vargas en su libro Las estructuras sociales de Nicaragua en el Siglo XVIII, los gobernadores del país eran nombrados en España, pero antes de comenzar a ejercer sus funciones iban a Guatemala para que la Audiencia les diera el “pase” y después se presentaban ante el cabildo de León a prestar juramento.
Catorce años después de la Independencia nacional, en 1835, se dictó la primera ley de municipalidades,
que reguló la organización y competencias de los gobiernos locales, pero no estableció la autonomía municipal. Esta fue reconocida hasta en 1894, por la Constitución llamada “la libérrima” dictada por la revolución liberal de 1893. En ella se estableció la elección de las autoridades de los municipios, la autonomía municipal para imponer tributos locales y su independencia política de los poderes centrales del Estado.
Sin embargo, en 1905 el dictador liberal José Santos Zelaya suprimió la autonomía municipal que él mismo había mandado a establecer en la Constitución. Después, los gobiernos conservadores restablecieron la autonomía municipal, pero cuando los liberales volvieron al poder, el presidente José María Moncada suprimió en 1930 la Alcaldía de
Managua y la sustituyó con el Distrito Nacional, gobernado por un ministro designado por la autoridad presidencial.
En 1937 el dictador, también liberal, Anastasio Somoza García, suprimió la autonomía y las elecciones municipales en el resto del país. Los gobiernos autónomos de los municipios fueron sustituidos con juntas locales nombradas por el poder ejecutivo, hasta que en 1962, el gobierno de Luis Somoza Debayle —que pretendió ser de transición suave a la democracia— restableció mediante una reforma constitucional la autonomía municipal.
La revolución sandinista de 1979 volvió a eliminar la autonomía de las municipalidades e impuso en lugar de las alcaldías a las llamadas “juntas locales de reconstrucción nacional”. Estas funcionaron autoritariamente hasta que
en 1984 el régimen sandinista se vio obligado a hacer elecciones; y en 1987 aprobó una nueva Constitución en la cual se restableció la autonomía municipal.
Durante los gobiernos democráticos de 1990 a 2006, la autonomía municipal floreció en la medida que lo permitían las circunstancias socioeconómicas del país. Sin embargo, cuando Daniel Ortega retomó el poder en enero de 2007, la democracia municipal volvió a caer en un ciclo regresivo.
La autonomía municipal ya no existe. Habrá que esperar a que el país regrese al cauce de la democracia para que vuelva, porque sin ella no puede haber una verdadera democracia, nacional, representativa, participativa y funcional.