El Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, de la Corte Suprema de Justicia, suspendió por seis meses en el ejercicio de su profesión a la abogada penalista, doctora Orietta Benavides Quintero, defensora de Cristiana Chamorro Barrios, Juan Lorenzo Holmann Chamorro y Marcos Fletes, por supuestamente “incumplir con sus obligaciones, faltar a los principios éticos, irrespeto a la autoridad judicial, partes procesales y testigos”.
Esta decisión ha sido la absurda respuesta a una queja interpuesta en contra de la doctora Benavides por el juez Luden Martín Quiroz García, conocido por sus arbitrariedades en los procesos judiciales en contra de los presos políticos.
La determinación de la Corte Suprema de Justicia contra una de las profesionales que se ha atrevido a defender a las víctimas de la represión política, es una restricción del sagrado derecho a la defensa. Es parte del escalamiento de la violencia estatal, observada a partir de mayo del 2021 con el apresamiento de aspirantes presidenciales, líderes políticos, sociales, empresariales y el abusivo cierre de medios de comunicación, en el cual se ha usado el sistema judicial como arma represiva.
Esta represión ha alcanzado a los abogados que defienden a los reos políticos, llegando al extremo de convertir a algunos defensores en presos políticos también. Los abogados María Oviedo y Róger Reyes han sido encarcelados, procesados y condenados en juicios espurios, con acusaciones inauditas por su valentía de ejercer el derecho humano y constitucional de la defensa. No contamos con cifras verificadas, pero se sabe que muchos abogados se han visto forzados al exilio por graves amenazas en su contra, por ejercer la ilustre profesión, en sus intentos por defender a mujeres y hombres que impulsan el regreso de Nicaragua a la gobernabilidad democrática, la institucionalidad, el respeto a la libertad de expresión y los derechos humanos.
Es irónico que el presidente Daniel Ortega, en los años 70 fue perseguido, capturado, procesado y convertido en preso político. Otros líderes del Frente Sandinista también fueron enjuiciados por el sistema judicial de la dictadura somocista. En esa época, abogados como el doctor Aquiles Centeno Pérez (padre de la magistrada Yadira Centeno), el doctor Julio César Avilés (padre del jefe del Ejército, Julio César Avilés), el doctor Roberto Argüello Hurtado, el doctor Humberto Obregón y otros de la misma categoría, ejercieron la defensa de los reos sandinistas, incluso en consejos de guerra.
Aquellos abogados no fueron perseguidos, la Corte Suprema de Justicia de la época nunca suspendió su derecho al ejercicio de la profesión ni fueron forzados al exilio, como está ocurriendo en la actualidad. Ni siquiera la dictadura somocista impidió el sagrado derecho a la defensa ni persiguió a los abogados que defendían a aquellas personas que se le oponían por la vía política y con las armas en la mano. Hoy la lucha es meramente cívica, sin armas y sin estrategia militar, y es lo correcto.
La palabra abogado deviene del latín advocati, que significa “el llamado a ayudar, el amigo que apoya en un juicio”. Es una profesión noble porque quienes la ejercen, apoyan, aconsejan, dan consuelo y defienden a la persona que se encuentra en una situación vulnerable, enfrentada a la maquinaria del Estado. El abogado defensor vela porque al procesado se le respeten sus derechos fundamentales, sus derechos constitucionales, que al final, son derechos humanos.
Nunca, ni aún en los períodos más oscuros de la historia patria, ejercer como abogado había sido, como ahora, una profesión de alto riesgo que puede conducir a la cárcel, el exilio o la suspensión.
