Esta semana se conoció la cuarta edición del Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción, elaborado por dos acreditadas instituciones académicas estadounidenses: Americas Society/Council of the Americas and Control Risk.
El estudio da a conocer los países de América Latina donde se lucha más o menos contra la corrupción, que compete a toda la sociedad, pero principalmente a los gobiernos que cuentan con las herramientas institucionales necesarias para hacer la apremiante tarea.
Es particularmente interesante dicho estudio, porque se refiere a la lucha contra los actos corruptos, mientras que los otros informes miden los niveles de corrupción en cada país, según como la perciben los expertos y los ciudadanos comunes y corrientes.
En este caso, el estudio se refiere a la lucha contra la corrupción que se realiza en 15 países de América Latina, entre los cuales no se encuentra Nicaragua. Lo cual es lamentable, porque según Transparencia Internacional, Nicaragua ocupa el lugar número 130 en el ranking mundial de corrupción, de modo que sería bueno conocer qué y cuánto hacen las autoridades nicaragüenses contra la corrupción, ese flagelo humano, político, económico y social del que no escapa ningún país.
Sin embargo, lo que queremos destacar es la relación que hay entre corrupción y democracia, el hecho de que los países más corruptos son los menos democráticos, y al revés, que donde hay más democracia la corrupción es mucho menor.
Esto se explica porque la democracia no es un sistema político que se funda solo en la existencia y ejercicio de las libertades individuales, las elecciones libres y limpias, la alternabilidad en el poder, el Estado de derecho, una justicia independiente y eficaz, libertad de prensa y respeto a todos los derechos humanos, para mencionar algunas de sus virtudes.
La democracia es también un sistema de rendición de cuentas. Esto significa que las autoridades supremas y todos los funcionarios del Gobierno y el Estado que tienen responsabilidades en el manejo de la cosa pública, informan regularmente a la sociedad y los ciudadanos sobre cada una de sus actividades que tienen que ver con el manejo de la propiedad, los bienes y los recursos públicos.
Pero, además, en la democracia los ciudadanos reciben la debida educación cívica y tienen la posibilidad de autoeducarse, sobre sus derechos y deberes políticos, personales y sociales. De allí que en la democracia cada ciudadano sea un capacitado vigilante de los poderes públicos.
Donde no hay democracia ocurre lo contrario. Allí los ciudadanos no pueden ejercer sus derechos ni criticar al poder; los gobernantes no rinden cuentas y tampoco hay interés oficial en luchar contra la corrupción, sino que es tolerada y hasta fomentada.
De manera que es comprensible que en los países más democráticos haya menos corrupción. Y al revés, donde no hay democracia la corrupción impera a sus anchas y hasta se vuelve un signo de supuesta distinción de quienes la practican.
