Pareciera que en el marco de las relaciones diplomáticas de la actualidad, bilaterales y multilaterales, las denuncias de violaciones a los derechos humanos de un país miembro de estos consorcios de naciones no interesan o no despiertan interés de parte de las entidades en acción dentro de sus agendas. Esto ocurre con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el cual recientemente otorgó dos nuevos préstamos al régimen de Daniel Ortega. Más asombra aún que esta institución bancaria, inserta dentro de los protocolos y mecanismos del Sistema de Integración Centroamericana, tenga miembros y observadores pertenecientes a gobiernos democráticos y libres, quienes deberían oponerse a que se le continúe concediendo préstamos a gobiernos autoritarios y represivos.
Dentro de estos, la dictadura de Daniel Ortega, que desde que su partido era guerrilla cometió violaciones a los derechos humanos, lo hizo cuando fue gobierno de 1979 a 1990 y lo continúa haciendo desde su segunda Administración, de 2007 a la actualidad.
Ese régimen también es el responsable de la nueva y ya elevada deuda externa, la cual paulatinamente la redujeron a una mínima cantidad los gobiernos de transición de doña Violeta de Chamorro, el doctor Arnoldo Alemán y el ingeniero Enrique Bolaños, gobiernos que aún con los errores cometidos, fueron respetuosos de la institucionalidad, las elecciones libres y la democracia.
Esta consecuencia del incremento de la deuda externa debería ser motivo y razón más que suficiente para que el BCIE, en este caso respecto al régimen orteguista, suspenda toda ayuda crediticia, cuyos fondos no son realmente usados para los fines estipulados sino para armas y pertrechos bélicos, que vienen a servir para reprimir al pueblo.
Otro punto es que los sistemas comunistas o socialistas son expertos en el manejo de la propaganda y la contrapropaganda, por lo que resulta curioso ahora que el régimen Ortega Murillo es altamente eficiente en el manejo de obras y proyectos, pero, ¿quiénes lo dicen? ¡Ellos!
Así como gobiernos cómo el de Estados Unidos o de países miembros de la Unión Europea han sancionado a la dictadura de Nicaragua, los países miembros del directorio y observadores del BCIE deben, también, castigarla, pues no cesan las violaciones a los derechos humanos, a la institucionalidad en general, no respetan prácticamente nada y mantienen a casi doscientos presos políticos en un sistema carcelario oprobioso que ya ha cobrado vidas.
El BCIE viola su institucionalidad y sus códigos al conceder fondos a una dictadura que ha reprimido a su pueblo. No lo digo yo, lo dicen la OEA, la ONU, la CIDH y muchas instancias más.
La autora es nicaragüense radicada en Estados Unidos, empresaria, emprendedora y activista de Derechos Humanos. Actualmente es candidata a comisionada por Miami Dade.
