Festival Internacional de Poesía de 2018. LA PRENSA/Archivo

Festival Internacional de Poesía de Granada lamenta la cancelación de su personería

El Festival Internacional de Poesía de Granada era uno de los eventos literarios más importantes de Latinoamérica

El Festival Internacional de Poesía de Granada lamentó y condenó la decisión de la Asamblea Nacional de cancelar el pasado 18 de mayo su personería jurídica, fundamentando que la organización ha transgredido e incumplido sus obligaciones conforme las leyes que rigen como organizaciones sin fines de lucro.

A través de un comunicado publicado en su página de Facebook, firmado por Francisco de Asís Fernández, Presidente del Festival Internacional, este afirmó que luego de la cancelación de personería jurídica no existen de manera legal y agradecieron al pueblo de nicaragüense por haber recibido a través de este evento «amor a la poesía, a la libertad de la palabra, al pluralismo político, a los derechos humanos, a la democracia».

Asimismo, el comunicado señala que el Festival fue una plataforma donde se enfatizó la importancia de la libertad de la palabra, la libertad de pensamiento, la democracia, el pluralismo político, la no violencia, la no discriminación, la convivencia pacífica. El Festival afirmó que era de carácter independiente, apolítico y que trabajaba por el desarrollo de la ciudad de Granada.

De igual forma el comunicado recordó que Festival se convirtió en el evento literario más importante de Latinoamérica y «uno de los más grandes del mundo y se logró integrar en la agenda cultural del mundo contemporáneo y puso a Nicaragua en los ojos del mundo».

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Más de 300 organismos cancelados

La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha cancelado 350 organizaciones sin fines de lucro. Las organizaciones de desarrollo social, desarrollo municipal y los organismos de mujeres han sido los que destacan en esta lista.

Las cancelaciones de personalidades jurídicas iniciaron en diciembre de 2018, luego del comienzo de la crisis sociopolítica en abril de ese mismo año. Las primeras nueves organizaciones ilegalizadas estaban representados por personas críticas Ortega y Murillo.

Según analistas, esta es una estrategia de los representantes del gobierno de turno para eliminar los espacios críticos y de denuncia social.

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