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Walter y Marcos, primeras víctimas de la gran redada preelectoral

Dos trabajadores administrativos de la Fundación Violeta Barrios cumplen un año en las cárceles del régimen. Walter Gómez y Marcos Fletes no tenían aspiraciones políticas. Su “delito” fue trabajar con Cristiana Chamorro, consideran defensores de derechos humanos.

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El próximo sábado 28 de mayo se cumplirá un año del inicio de la gran redada que emprendió la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo con el propósito de llegar a las elecciones de noviembre sin competencia y con la oposición eliminada.

Sin embargo, los primeros dos detenidos de esta redada que empezó el 28 de mayo de 2021, fueron los extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), Walter Antonio Gómez Silva de 54 años y Marcos Antonio Fletes Casco de 42. Ellos no son políticos. Son trabajadores administrativos.

Gómez ocupaba el cargo de gerente financiero en la FVBCH, mientas que Fletes era el administrador. Ambos fueron capturados entre la tarde y la noche del 28 de mayo del año pasado cuando se encontraban con sus respectivas familias.

Tras la detención de Gómez y Fletes, la presidenta de la FVBCH, Cristiana Chamorro, denunció en su cuenta de twitter que a ninguno se le había permitido reunirse con sus abogados. “La parcialización de la justicia en Nicaragua, en extremos impensables, todo por una venganza de Ortega, quien no supera que Violeta Chamorro lo derrotó en 1990. Walter y Marcos son inocentes”, escribió.

Días después, el dos de junio de 2021, Cristiana Chamorro se convertiría en la tercera persona detenida de esta gran redada que incrementó los presos políticos a más de 180 personas entre periodistas, líderes de oposición, exdiplomáticos, empresarios, estudiantes y defensores de derechos humanos.

Vilma Núñez, directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), valora que el objetivo de esta redada era inhibir a todos los precandidatos presidenciales que buscaban enfrentar a Ortega en las urnas y a todos los líderes opositores que pudieran significar un estorbo para él en sus intenciones de consolidar un fraude electoral.

Cristiana Chamorro, Pedro Joaquín Chamorro Barrios, Walter Gómez, Pedro Vásquez y Marcos Fletes fueron acusados por el delito de lavado de dinero. ARCHIVO

Pero en el caso de Gómez y Fletes, que no tenían aspiraciones políticas, el objetivo fue otro. “Es por tratar de destruir la imagen y el prestigio y el derecho a la honra y la reputación de Cristiana Chamorro”, dice Núñez, pues según ella, Ortega “tenía en su imaginario, en su mente, la imagen de doña Violeta (Barrios de Chamorro) que lo derrotó en 1990”.

Es la única explicación lógica que encuentra Núñez ante la detención de Gómez y Fletes, pues al ser parte del círculo laboral de Cristiana Chamorro, se convirtieron en un objetivo de Ortega para desprestigiarla a ella con “delitos que generan repugnancia y repudio en una sociedad”, señala Núñez.

La veterana defensora de derechos humanos también indica que Gómez y Fletes son los primeros con los que Ortega empezó a utilizar el combo de leyes represivas en su contra, con la Ley 1060, que prorroga los tiempos de detención de 48 horas a 90 días.

Fiscalía sin pruebas

La acusación en contra de Gómez y Fletes consta de seis páginas y fue presentada en los juzgados por el fiscal Jorge Luis Arias Jarquín, con fecha del 1 de junio de 2021, cuatro días después de su detención.

Sin embargo, el 23 de agosto del mismo año, el fiscal Carlos Rafael Espinoza Castilla presentó un nuevo escrito de 34 páginas como ampliación de la acusación. En este caso, junto a Gómez y Fletes fueron acusados Cristiana Chamorro, Pedro Joaquín Chamorro Barrios, y el conductor privado de Cristiana, Pedro Vásquez.

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Los delitos que les imputaron fueron lavado de dinero, bienes y activos, apropiación indebida y falsedad ideológica, todos cometidos supuestamente a través de la FVBCH.

Un abogado que estuvo en el caso y que prefiere omitir su nombre por temor a represalias comenta que los testigos civiles presentados por la Fiscalía, en lugar de acusar, probaron la inocencia de todos los procesados, tanto así que los fiscales desistieron de llevar a testigos civiles y en su lugar se enfocaron en interrogatorios a agentes de la Policía.

“Fueron seis testigos los que llevó la Fiscalía un viernes, personas vinculada directa o indirectamente con la Fundación, y los seis sostuvieron que los acusados eran inocentes. Sus mismos testigos”, asevera.

El abogado explica que en total hubo 32 testimonios de policías, 13 de testigos civiles, incluidos periodistas, órdenes de allanamiento y capturas, y decenas de archivos conseguidos en las computadoras ocupadas de los procesados.

Además, el abogado indica que la Fiscalía reconoció que la principal función de la FVBCH era el fortalecimiento de los medios de comunicación y periodistas, lo cual se concretaba mediante capacitaciones y donaciones de equipos. “Eso no constituye delito y coincide con la razón de ser de la Fundación”, señala el abogado.

Otra de las irregularidades es que los fiscales violaron la presunción de inocencia de los beneficiados con esos proyectos, pues aseguraban que la FVBCH desvió recursos a medios de comunicación y periodistas para “desestabilizar la buena marcha del desarrollo económico y social del país”.

La acusación también se contradecía porque aseguraba que desde el 2018, la FVBCH no presentaba sus informes al Ministerio de Gobernación (MIGOB), pero en otra parte de la acusación, se detallan varias donaciones que la FVBCH supuestamente recibió entre 2018 y 2020 y que según la Fiscalía no reportó.

En estas donaciones que no fueron reportadas es que se sustentó el delito de apropiación indebida en contra de los acusados, explica el abogado.

Desde 2018, varias organizaciones no gubernamentales (ONG), incluyendo a la FVBCH, denunciaron que el MIGOB no les recibía sus informes financieros. El régimen de Ortega ha usado esa supuesta falta para suspender la personería jurídica a más de 300 oenegés hasta la fecha.

El Ministerio de Gobernación no quiso recibir los documentos de los estados financieros de la FVBCH. LA PRENSA/OSCAR NAVARRETE

¿USAID lava dinero?

Por otro lado, la misma acusación señala que las fuentes de ingreso de la FVBCH eran principalmente donantes extranjeros, entre ellos la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), “es decir que eran fondos lícitos, por lo cual no hay manera de concretar el delito de lavado de dinero”, señala el abogado.

“Dicho financiamiento captado y canalizado por el organismo dirigido por la acusada Cristiana María Chamorro Barrios fue utilizado para trasladar fondos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro destinados en apariencia para la ejecución del programa de fortalecimiento de medios de comunicación. Sin embargo, estos fueron destinados para otros fines que no son los propios de la Fundación, como es el financiamiento a personas y organismos que buscan la desestabilización de la buena marcha del desarrollo económico y social del país”, se lee en la acusación.

Por su parte, el Departamento de Estado de los Estados Unidos dijo a la Voz de América que “USAID ha realizado varias auditorías de nuestro programa con la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. No hemos encontrado evidencia de lavado de dinero o instancia en la cual la Fundación desvió fondos de USAID para otros propósitos”.

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Vilma Núñez indica que, en este juicio, la Fiscalía tenía el reto de comprobar que USAID trabajaba con fondos ilícitos en un esfuerzo por catalogar a la FVBCH como una organización criminal, pero que a final de cuentas el mismo régimen terminó por botar sus argumentos.

 “Lo que en un principio levantaron que era una conspiración de lavado de dinero de Estados Unidos para derrocarlos, ellos mismos lo botaron porque hay una contradicción entre los señalamientos de la Fiscalía con lo que después presentaron ante los jueces”, señala Núñez, quien también menciona que hubo un intento por callar al periodismo independiente con la citatoria de periodistas a la Fiscalía.

La acusación de la Fiscalía señala como beneficiarios de la gestión entre 2017 y 2020 a la distribuidora de equipos audiovisuales Protelca (Profesionales de la comunicación), a Editorial LA PRENSA, al Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), el Centro de Investigaciones de la Comunicación (CINCO), la Universidad Centroamericana (UCA), Radio Darío, Radio Corporación, Comunicaciones Locales de Nicaragua (Onda Local), Fundación Luisa Mercado, Radio La Costeñísima y personas particulares como los periodistas Aníbal Toruño, Argentina Olivas, entre otros.

En otra parte de la acusación se incluyen “hechos nuevos”, en las cuales se excluye a Protelca, pero se agregan algunas plataformas digitales como Artículo 66, Nicaragua Investiga, Divergentes y Despacho 505, así como los periodistas Álvaro Navarro, Wilfredo Miranda, Dino Andino, Lucía Pineada Ubau, Javier Iván Olivares y el comentarista político Jaime Arellano, y por ello es que la Fiscalía citó a varios periodistas para ser interrogados.

Por otro lado, Núñez comenta que Chamorro siempre estaba llevando a la Fiscalía las pruebas necesarias para comprobar que los fondos con los que funcionaba la Fundación no eran ilícitos e incluso estaba preparando una conferencia de prensa para denunciar y rechazar la detención de Walter Gómez y Marcos Fletes.

Familiares de Walter Gómez y Marcos Fletes en la entrada de El Nuevo Chipote donde se encuentran detenidos. LA PRENSA/Cortesía

“La persecución a ellos (Gómez y Fletes) es parte de la destrucción de la imagen de Cristiana Chamorro y del prestigio de la Fundación, y por consiguiente del prestigio de doña Violeta (Barrios de Chamorro)”, insiste Núñez, quien considera que esto también explicaría la detención de Pedro Vázquez, el conductor de Chamorro.

“A don Pedro, como a cualquier conductor privado, lo mandaban a cambiar cheques al banco, pero ellos han victimizado a funcionarios administrativos y hasta privados como don Pedro, para tratar de darle fortaleza a la infundada y calumniosa acusación en contra de Cristiana Chamorro”, resalta Núñez.

El machote de los jueces

A pesar de que no se logró comprobar su culpabilidad, el juez Luden Martín Quiroz García del Juzgado Noveno Distrito Penal de Juicio de Managua, declaró culpables a Gómez y Fletes por los delitos de lavado de dinero, gestión abusiva, falsedad ideológica y apropiación indebida, y fueron condenados a 13 años cada uno.

Cinco años por lavado de dinero, cuatro años por apropiación indebida, dos por gestión abusiva y otros dos por falsedad ideológica.

Por su parte, Pedro Joaquín Chamorro Barrios fue condenado a nueve años, mientras que Cristiana Chamorro a ocho años, y Pedro Vásquez a siete años. Ese día, Cristiana Chamorro señaló ante el juez que “quieren manchar mi nombre, pero no lo van a conseguir. Jamás van a conseguir manchar el nombre de mi padre, ni de mi madre, porque soy inocente”, relató una fuente allegada al juicio a La Prensa.

Todos los juicios que ha realizado el régimen de Ortega en contra de los detenidos a partir del 28 de mayo del 2021, han evidenciado la falta de independencia del Poder Judicial, señala Núñez, pues los jueces empezaron a ser los ejecutores de esta nueva represión que ella tilda como “farsas judiciales”.

Además de violar todas las normas del debido proceso, de la legítima defensa, de los derechos civiles y políticos y demás, Núñez considera que las sentencias y condenas fueron hechas con “una especie de machote”.

“No han estado juzgando, si no que han estado con una especie de machote y con una política prestablecida de represión asignando penas”, explica Núñez y menciona el caso de todas las mujeres que han sido condenadas a ocho años de cárcel, a excepción de Ana Margarita Vijil condenada a 10 años de prisión.

Familiares indispuestos

Los familiares de Fletes y Gómez se encuentran en este momento indispuestos a hablar con los medios de comunicación. Un familiar de Fletes comenta brevemente que toda la familia se encuentra muy afectada con la situación del exadministrador de la FVBCH, sobre todo sus hijos y su esposa.

“Hubo mucha injusticia en torno al caso, sobre todo con alguien que tiene una enfermedad, como diabetes, que tiene que tener cuidado con los alimentos y lo que toma, pero no tomaron nada de eso en cuenta”, señala.

Pablo Fletes, hermano de Marcos Fletes, pasó más de tres meses sin poder ver a Marcos. LAPRENSA/JADER FLORES

Si bien esta gran redada se dio en el contexto previo a las elecciones del pasado siete de noviembre de 2021, las detenciones contra opositores todavía no han terminado. La madrugada del pasado miércoles 18 de mayo, el opositor Yubrank Suazo fue detenido en su casa en Masaya.

Ni los mismos sandinistas y paramilitares se salvan. El mismo 18 de mayo, amigos cercanos del combatiente histórico y paramilitar Marlon Gerardo Sáenz Cruz, mejor conocido como “Chino Enoc” dijeron que este había sido detenido por la Policía en su casa en Condega, y que fue trasladado a las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), “El Nuevo Chipote”, en Managua.

Antes de eso, el Chino Enoc se había declarado bajo casa por cárcel porque su casa estaba rodeada por la policía desde el 18 de abril de este año y no le permitían salir. El Chino Enoc es conocido por sus videos en redes sociales en donde critica a Rosario Murillo, lo cual le ha valido represalias en su contra según ha denunciado él mismo.

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