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Complejo Nacional de Salud “Dra. Concepción de Palacios”. LA PRENSA/WILMER LÓPEZ/ARCHIVO

Estas son las 20 empresas “mimadas” del Minsa con sus compras de emergencia

Con la contratación simplificada, el Ministerio de Salud convierte a 20 empresas en sus principales proveedores y saca del juego a otras 24 empresas

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Aunque en Nicaragua la crisis de salud pública generada por la pandemia de covid-19 nunca fue motivo para declarar emergencia, el Ministerio de Salud (Minsa) continúa abasteciendo sus necesidades mediante compras realizadas bajo el mecanismo de contratación simplificada, que según la ley debe usarse únicamente para atender emergencias sanitarias.

Entre junio de 2020 y enero del 2022 el uso arbitrario de esta práctica benefició de manera especial a 20 empresas. Una de ellas es panameña y las otras 19 nicaragüenses. Además, de todas estas empresas más de la mitad fueron constituidas recientemente, entre 2006 y 2020. Tal como ocurre desde hace varios años, el ente encargado de fiscalizar estas actividades mantiene silencio total.

A las 20 empresas beneficiadas el Minsa les adjudicó en conjunto 90 contratos. A través de ellos suplieron el 92.7 del monto total invertido mediante este mecanismo de compras. Mientras tanto, otras 24 empresas recibieron 41 contratos, pero solo abastecieron el 7.3 del monto invertido.

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¿Por qué compras de emergencias si el Minsa nunca declaró emergencia?

Según la Ley 737, Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público “se podrán realizar compras mediante el mecanismo de contratación simplificada en situaciones de emergencia o calamidad pública que afecten a toda la colectividad o a un importante sector de esta… Las situaciones de emergencia deberán ser previamente reconocidas y declaradas, en cada caso, por autoridad competente de acuerdo con la ley de la materia, a fin de justificar la contratación simplificada”.

Pese a que Nicaragua la pandemia de covid-19 nunca fue reconocida ni declarada como emergencia, entre junio de 2020 y enero del 2022, mediante 131 contratos adjudicados a través del mecanismo de contratación simplificada, el Minsa se abasteció de material de reposición periódica, ropa hospitalaria, equipos, medicinas, reactivos de laboratorio y otros insumos. La institución pagó por todos estos productos un total de 78.79 millones de dólares.

Pero las compras mayores no se realizaron durante los picos de contagio (mayo y junio de 2020 y agosto y septiembre de 2021), sino en enero de este año. Solo en el primer mes de 2022 el Minsa desembolsó casi la mitad del total del monto invertido entre junio de 2020 y enero de este año.

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Lista incluye todo tipo de medicamentos

La lista de productos adquiridos no solo incluye medicamentos e insumos relacionados con la pandemia, sino de todo. Desde jeringas para aplicar la vacuna contra la covid-19 hasta material para cirugías oftalmológicas y medicamentos para enfermedades mentales y diferentes tipos de cáncer. Lo único que no aparece en estas listas son las vacunas que Nicaragua compró a farmacéuticas cubanas y rusas.

A criterio de un especialista en compras públicas, quien por temor a represalias solicita el anonimato, esto demuestra que aunque en Nicaragua nunca se declaró emergencia por la pandemia, una bolsa que debería ser de carácter exclusivo para atender las emergencias se ha convertido en un “bolsón donde meten todo”. El principal objetivo de esta práctica es beneficiar a determinadas empresas del sector y dejar fuera del juego al resto, asegura.

“Como no existe mucho monitoreo sobre este tipo de cosas, ellos aprovechan. Porque en realidad lo que buscan no es ahorrar un poco de tiempo, porque este procedimiento es más rápido porque elimina una serie de requisitos que tienen que ver con la transparencia. Lo que en realidad buscan es beneficiar a unos pocos proveedores en relación a otro y reducir la competencia. Aunque no conozco la lista de empresas seguramente las beneficiadas son empresas relacionadas al oficialismo”, explica el especialista.

Las 20 empresas más beneficiadas

Para el especialista, probablemente lo que estamos viendo es una lista de proveedores repetitivos; eso significa que probablemente lo que hay es un cartel de proveedores.

“En las contrataciones públicas se le llama cartel de proveedores cuando es el mismo grupo el que siempre se queda con los contratos. Funciona igual que los carteles en los oligopolios. Son las mismas empresas que se van rotando y que además tienen un comportamiento colusivo. Y desde luego están coludidos con las personas que les entregan las adjudicaciones”, asegura el especialista.

De las 20 empresas más beneficiadas, solo Yale Healthcare Group es extranjera. De acuerdo con la información contenida en los contratos es de origen panameño, la crearon en 2015 y es representada en Nicaragua por Luz Gabriela Reyes Enríquez. Esta empresa, además de ser la única extranjera del grupo, fue la más favorecida de todas. Le adjudicaron 12 contratos por un monto de 19.25 millones de dólares.

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Minsa, cliente de empresas nicas recién fundadas

En segundo lugar se ubica Sánchez & Martínez SA (CAM International), fundada en 2008 y representada por Claudia Lucía Sánchez Martínez; le adjudicaron 5 contratos, por un monto de 11.36 millones de dólares. El tercer lugar lo ocupa Neo Ethical, SA, fundada en 2007 y representada por Rosa Emilia Altamirano Gutiérrez; a ella le adjudicaron 8 contratos, por un total de 6.98 millones de dólares.

Las otras 17 empresas abastecieron al Minsa con ventas totales de entre 1 y 3 millones de dólares cada una. En la lista no podían faltar empresas ampliamente relacionadas con el régimen, entre ellas Unimark, que desde su fundación en 2006 está relacionada al sindicalista y diputado oficialista, Gustavo Porras. Tampoco faltó Laboratorios Ramos, adquirida con fondos del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). Incluso, aparece una, R & S Medical Nicaragua, SA, que fue constituida el 18 de junio de 2020 y en agosto recibió un contrato por 2.04 millones de dólares.

La especialista lamenta que la gran ausente en los procesos de fiscalización siga siendo la Contraloría General de la República, ya que incluso la Ley 737, Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público, establece que estos contratos se remitan a la entidad para controles posteriores.

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