La Unidad Nacional Azul y Blanco expresó este martes 3 de mayo su respaldo a las demandas emitidas por familiares de las personas presas políticas, este lunes, tras la visita que realizaron a la Dirección de Auxilio Judicial conocida como el nuevo Chipote, entre el 28 y 30 de abril, a través de la cual denuncia que hay «una acción dirigida a torturarlos para quebrar sus cuerpos y mentes».
«Denunciamos las torturas, los tratos crueles, inhumanos y degradantes a las que son sometidas las personas presas políticas. El régimen Ortega Murillo pone en peligro sus vidas y es urgente que sean liberados a lo inmediato para evitar otra muerte como sucedió en el caso del general en retiro Hugo Torres Jiménez, el pasado 11 de febrero de 2022. Su muerte aún sigue impune y no se han esclarecido las circunstancias en las que ocurrió», se lee en el comunicado leído durante una conferencia virtual.
La organización opositora aseguró que «estaremos abocándonos a los organismos internacionales de derechos humanos a fin que programen visitas a Nicaragua y constatar la situación de las personas presas políticas, incluyendo a las que se encuentran en arresto domiciliario».
Los familiares de los presos políticos denunciaron que se mantiene la falta de acceso a la salud de forma oportuna, adecuada y especializada; persiste la política de aislamiento e incomunicación; acoso constante y falta de privacidad; agresiones sexualizadas durante requisas a mujeres familiares, tocamiento a genitales y senos, entre otras violaciones a los derechos humanos.
Al respecto, la UNAB exige que las personas adultas mayores sean enviadas a sus viviendas, bajo el régimen de casa por cárcel, por el delicado y preocupante estado de salud en el que se encuentran.
Agregaron además que, mientras el régimen de Daniel Ortega no libere a las personas presas políticas es imperativo que se cumplan las Reglas Mandela y lo establecido en la Ley No. 473, Ley del Régimen Penitenciario y Ejecución de Pena.
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También hicieron un llamado las organizaciones empresariales a «actuar con energía frente a la actual situación que padecen decenas de nicaragüenses en las cárceles de la dictadura, incluyendo tres de sus dirigentes gremiales».
Igualmente llamaron a las iglesias y en particular a la Iglesia católica a «interponer sus buenos oficios ante la dramática situación que viven las personas presas políticas».
En Nicaragua, al menos 181 personas están presas por manifestarse en contra del régimen de Daniel Ortega, algunas desde 2018, según registros del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.
