A diez días desde que México y el estado de Texas impusieron mayores obstáculos a los migrantes, en su mayoría centroamericanos, el flujo de personas por el río Bravo o río Grande, como se conoce en Estados Unidos, ha disminuido y se ha desatado una guerra abierta contra los coyotes.
Además las perspectivas parecen empeorar para los migrantes, con una nueva decisión de la administración de Joe Biden, que anunció esta semana que enviarán más efectivos a la frontera sur para reforzar los controles.
El periódico digital mexicano La Voz informó esta semana que el cruce de migrantes en la zona aledaña al río Bravo había caído en un 40 por ciento desde que se reforzaron los controles en Coahuila, especialmente por la zona de Acuña o Piedras Negras, que es donde está el río.
“Sin duda continúan llegando indocumentados a Coahuila, este fin de semana (23 y 24 de abril) solamente en la Región Sureste se rescataron a 400 migrantes que se dirigían a la frontera; sin embargo, anteriormente eran hasta alrededor de mil 300 personas diarias las que se detectaban por parte de las corporaciones”, dijo Fernando de las Fuentes, secretario de Gobierno de Coahuila, citado por el medio mexicano el pasado 26 de abril.
Los medios estadounidenses, como Univisión, también reportan capturas de migrantes por el lado mexicano, los que se encuentran en condiciones de hacinamiento en cárceles migratorias en Piedra Negra, muy cerca del río fronterizo.
Esta semana las autoridades de Estados Unidos, específicamente de Texas, empezaron a colocar a lo largo del río más cerca de alambres de púas, como parte de las acciones que se están adoptando en esa zona desde el 20 de abril para intentar reducir al máximo el cruce de migrantes, que en los últimos meses había crecido drásticamente lo que ha ocasionado la fuera del Texas, que suele ser reacio a la llegada de personas que ingresan irregularmente.
La cerca de alambre empezó a ser colocada esta semana por la Guardia Nacional de Texas, reportaron los medios mexicanos y estadounidenses, que señalaron que este tipo de acciones está siendo impulsado por el gobernador de ese estado, Greg Abbott, que busca su reelección en el cargo en las elecciones de noviembre próximo. Además ordenó colocar botes a lo largo y ancho del río para frenar el cruce de indocumentados.
Mano dura contra coyotes
En paralelo, también en los últimos días se han incrementado los operativos por parte de las autoridades mexicanas contra traficantes de personas o mejor conocidos como “polleros” o “coyotes” en la zona de Piedras Negras y Eagle Pass, lo que dificulta aún más la ruta de los migrantes hacia el sueño americano.
El viernes el medio digital RN Noticias Piedras Negras transmitió en vivo el despliegue de uno de los tantos operativos que se desarrollaron esta semana a lo largo de la rivera de río Bravo, donde se podía observar cómo un grupo de migrantes estaba siendo asediado por agentes policiales por tierra y por aire a medida que estos estaban en un islote muy cercano del lado estadounidense. Al final cruzaron a EE. UU. y fueron arrestados.
Hasta el 28 de abril se habían capturado a 96 supuestos traficantes de migrantes en Piedras Negras, Acuña y municipios del norte de Coahuila, en un despliegue de más de 250 elementos policiales del estado de Coahuila, así como 50 vehículos y un helicópteros, todos ellos reforzados con elementos del Ejército Mexicano y el Instituto Nacional de Migración, según medios mexicanos. Además más de 1,000 migrantes fueron detenidos.
Ya el 21 de abril, en pleno arranque del programa de freno a la inmigración que se desarrolla en río Bravo, las autoridades mexicanas de Coahuila informaron que identificaron una casa de seguridad donde encontraron a más de 40 migrantes en Piedras Negras, los que no tenían documentos y por tanto fueron puestos en manos del Instituto Nacional de Migración para que se realicen las deportaciones correspondientes, informó La Voz de Coahuila.
Dentro de este operativo, se detectaron varias casas que dan protección a migrantes sin documentos, las que fueron tomadas por las autoridades. Es decir que hay mayores controles en la zona fronteriza.
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El fin del Título 42 en jaque
Uno de los mayores golpes que recibieron los migrantes esta semana fue la decisión del juez federal de Luisiana, Robert Summerhays, de suspender los preparativos para el cese de la aplicación del Título 42, que se esperaba entrara en vigencia en la última semana de mayo.
Se esperaba que el 23 de mayo próximo en Estados Unidos se suspendiera la aplicación de este título, que fue impuesto por la administración de Donald Trump para expulsar de manera masiva a los migrantes, aduciendo riesgo por la covid-19. A través de este mecanismo, EE. UU. expulsó de su país a más de 1.7 millones de migrantes hacia México, sin previo procedimiento legal.
El gobierno de Joe Biden derogó la medida. Con ello, a partir del 23 de mayo de este año cualquier migrante que llegara a la frontera sur estadounidense solo iba a ser investigado con base en el Título 8, que permite a EE. UU. verificar si el solicitante de asilo cumple las condiciones para quedarse en ese país, de lo contrario iba a ser deportado.
Pero ahora con la orden judicial, la medida de Biden, que ya dijo que la acataría en caso que sea definitiva la suspensión, queda en el limbo y EE. UU. podrá seguir expulsando a los migrantes de manera expedita argumentando riesgo por covid-19. Habrá una audiencia el 13 de mayo, donde el juez dará su decisión definitiva.
Biden además presentó esta semana un plan de seis puntos para reforzar la frontera con México con 600 efectivos adicionales para la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Es decir que la situación empeora para los migrantes que buscan llegar a EE. UU.
En los últimos dos años, debido al deterioro de la economía nicaragüense y la represión orteguista, la migración de nacionales hacia ese país se ha disparado. Tal es el aumento del flujo de nicas hacia ese país, que según registros de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), en los primeros tres meses de este año se ha capturado a 41,080 connacionales en su frontera, un número dramático si se compara con las cifras reportadas antes del 2018, cuando los flujos anuales no superaban ni las mil detenciones.
El cruce por el río Bravo ha sido ruta más mortífera hasta ahora para los nicaragüenses.