La Asamblea Nacional de Nicaragua, bajo el control del régimen de Daniel Ortega, canceló este miércoles 20 de abril, 25 fundaciones y asociaciones más, que suman 77 en lo que va del año.
El «Decreto Legislativo de Cancelación de Personalidades Jurídicas de las Asociaciones y Fundaciones Civiles sin Fines de Lucro», fue aprobado con 74 votos a favor de los diputados de la bancada mayoritaria del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que encabeza Ortega. Hubo 15 abstenciones y un diputado presente que no votó de ninguna manera.
Aclaración sobre ONG comerciales
Tras la aprobación general del Decreto, el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, hizo una diferencia con las organizaciones que tienen «actividad comercial» que fueron canceladas hoy, mencionando particularmente el caso de la Asociación Nicaragüense de Ingenieros y Arquitectos, la cual, según la explicación de Porras, seguirá funcionando en su actividad mercantil y comercial, bajo la regulación del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio de Nicaragua (Mific).
«La Asociación de Ingenieros y Arquitectos tiene personalidad jurídica como cámara empresarial y está inscrita en el Mific; de tal forma que las que están en esa situación, se cancela la personalidad jurídica como ONG, pero ellos continúan su acción mercantil, comercial dedicándose a lo que corresponde con base a la Ley de organismos empresariales, la Ley del Mific», manifestó Porras.
El presidente del Legislativo insistió en aclarar en que se cancelan porque no son organizaciones sin fines de lucro, sino que «son entidades diseñadas para competir en el mercado financiero, trabajar y ganar».
El diputado sandinista y segundo secretario de la Asamblea, Wilfredo Navarro, reforzó la explicación de Porras, manifestando que estos cambios responden a la modernización de las regulaciones jurídicas.
«Desde ese momento que la cámara empresarial se registra en el Mific deja de tener la dependencia con el Ministerio de Gobernación, y eso es lo que sucede con la organización de ingenieros: ellos sacaron su personería jurídica en Gobernación, pero con la nueva ley tuvieron que ajustarse a los mecanismos y procedimientos que establecía esta nueva ley, y quedaron sujetos al Mific», agregó Navarro.
ONG canceladas
Entre las organizaciones canceladas destacan la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), una organización que había resistido la represión y el asedio policial desde las protestas ciudadanas de 2018. Los abogados y defensores de derechos humanos han sido perseguidos por defender a los presos políticos y denunciar las violaciones a los derechos humanos.
También fueron eliminadas dos asociaciones empresariales, una de estas es la Asociación Civil de Productores de Caña de Azúcar (Aprocari), a la que pertenecía el empresario y expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), Michael Healy, quien ahora está preso por adversar al régimen Ortega Murillo. La otra organización empresarial es la Red de Empresarias Nicaragüenses (REN).
Asimismo, en la lista aparece la Fundación Luisa Mercado (Funlum), que es una organización con enfoque cultural fundada por el escritor Sergio Ramírez Mercado, quien se encuentra en el exilio, por ser un perseguido más del régimen.
También fue cancelada la personería jurídica de la Coordinadora Nicaragüense de Organismos No Gubernamentales que trabajan con la Niñez y la Adolescencia (Codeni).
El Decreto de cancelación fue presentado el pasado 6 de abril por el diputado sandinista Filiberto Rodríguez, quien ya es habitual que se encargue del trámite de las cancelaciones de las organizaciones, a solicitud del Ministerio de Gobernación. Sin embargo, la iniciativa se conoció el pasado lunes 18 de abril que fue publicado en la página web de la Asamblea Nacional.
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Según la Exposición de Motivos del decreto de cancelación, la responsable del Departamento de Registro y Control de Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro, del Ministerio de Gobernación, Franya Urey Blandón, presentó un informe el 6 de abril en el que manifestó que esas organizaciones «han incumplido con sus obligaciones» conforme las leyes del país y con «no registrarse como agentes extranjeros».
Hasta este 20 de abril, el Legislativo ha aprobado siete decretos de cancelación de personerías jurídicas que totalizan 77 organizaciones suspendidas.
El año pasado el Legislativo canceló 61 organizaciones no gubernamentales (ONG), muchas de estas vinculadas a opositores y críticos al régimen orteguismo.
Las primeras 9 canceladas de 2018
La cancelación de ONG comenzó a finales de 2018, con previos allanamientos de las sedes de esas organizaciones. Las primeras eliminadas por represalia del régimen fueron nueve, entre estas, la Fundación Popol Na, dirigida por la política opositora y disidente del FSLN, Mónica Baltodano; el Centro de Investigación de la Comunicación (Cinco), dirigido por la periodista y crítica Sofía Montenegro; el Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade), organismo que realizaba funciones de observación electoral y venía señalando las irregularidades electorales desde 2008.
También el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), dirigido por la histórica defensora de derechos humanos Vilma Núñez de Escorcia; el Instituto de Liderazgo de las Segovias, dirigido por la activista opositora Haydee Castillo; el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp); el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas), dirigido por Ana Quirós, una de las voces críticas del régimen, activista y defensora de los derechos de la mujer; Fundación para la Conservación y el Desarrollo del Sureste de Nicaragua (Fundación del Río), dirigido por el ambientalista y crítico Amaru Ruiz; y Hagamos Democracia, un organismo crítico del régimen orteguista.
