En estos cuatro países con regímenes autoritarios de América Latina existen unos 1,500 presos políticos, según recuentos de organismos de derechos humanos.
Cuba, donde se disparó la represión a raíz de las manifestaciones del 11 de julio de 2021, sobresale con miles de encarcelados por razones políticas, sobre los otros regímenes de Daniel Ortega y Nicolás Maduro.
Según la lista de Prisoners Defenders, en Cuba, hasta finales de marzo último, había 1,027 prisioneros políticos, sufriendo condenas judiciales y disposiciones de la fiscalía de ese país sin intervención judicial. La organización, sin embargo, aclara que esa cifra es la verificada, lo que quiere decir que existe una cantidad mayor de prisioneros del régimen castrista.
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De acuerdo con el organismo, en abril del año pasado en la isla había 140 prisioneros políticos.
Y refiere también que, de los 1,027 prisioneros políticos actuales verificados, 891 corresponden “a la represión de las manifestaciones populares pacíficas” del 11 julio de 2021.
“Reconocemos que la cifra real es al menos un 30 % más alta. A nadie escapa que el censo total de la prisión política en Cuba es simplemente inalcanzable para organización alguna salvo, por supuesto, para el régimen de la isla. El terror ejercido contra los familiares, y muchos otros factores, hacen evidente esta afirmación”, aclara Prisoners Defenders.
Régimen de Maduro
Mientras tanto, según la ONG venezolana Foro Penal, hasta el pasado 4 de abril, en ese país había 240 presos políticos.
En Venezuela se encuentran detenidas 110 personas civiles y 130 militares. Además, según la ONG, 239 son adultos y uno es adolescente.
En el país, gobernado por Nicolás Maduro, se han registrado 15,758 detenciones desde 2014 hasta la fecha y más de 9,000 personas continúan sujetas arbitrariamente a medidas restrictivas de su libertad.
En Nicaragua, el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, conformado por organizaciones de derechos humanos, familiares de presos políticos, excarcelados políticos, abogados defensores de presos políticos y activistas territoriales y digitales, registró hasta el pasado 31 de marzo un total de 181 reos políticos en Nicaragua.
De los 181 prisioneros políticos, 171 corresponden a los opositores del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo que están en las cárceles desde abril de 2018 en adelante. Los otros 10 presos políticos ya se encontraban detenidos antes de 2018.
A finales de mayo del año pasado, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo desató una persecución de opositores. Todo empeoró a raíz del proceso electoral que se avecinaba en noviembre del mismo año, porque Ortega y Murillo encarcelaron a los principales contrincantes para asegurar su continuidad en el poder.
En marzo de 2021, el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas registró 125 presos políticos, 56 menos que los registrados en marzo de este año.
Ortega lleva 15 años en la Presidencia de Nicaragua y cometió crímenes de lesa humanidad en el 2018, según organismos de derechos humanos internacionales, cuando ordenó a fuerzas policiales y paramilitares ir “con todo” contra manifestantes que exigían su renuncia.
Por su parte, Bolivia tiene más de 50 presos políticos, según Carolina Ribera Áñez, hija de la expresidenta interina Jeanine Áñez, quien se encuentra en prisión desde hace un año.
El gobierno de Luis Arce, aliado del populista Evo Morales, considera que Áñez llegó al poder por medio de un “golpe de Estado” al anterior mandatario, Morales.
“Terrorismo de Estado y crímenes de lesa humanidad”
En un reciente artículo, el abogado y politólogo Carlos Sánchez Berzaín, director del Interamerican Institute for Democracy, calificó las sentencias dictadas a los presos políticos “por los casos montados en torno a las protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba, contra los candidatos presidenciales y líderes civiles en Nicaragua, contra miembros del gobierno interino y de la resistencia civil de Bolivia y contra presos políticos en Venezuela” de “terrorismo de Estado y crímenes de lesa humanidad”.
Dijo que las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua por medio del total control de los sistemas de justicia, emiten “sentencias atroces” contra inocentes con base en narrativas y hechos falsificados, para producir miedo y terror en la población civil y someterla.
“La dictadura realizó más de mil detenciones, en enero 2022 aceptó que procesaba a 790 personas, incluidos 82 menores de edad y el 16 de marzo 2022 el Tribunal Supremo de la República informó en nota de prensa el fallo del Tribunal Provincial Popular de La Habana condenando a 127 manifestantes con penas de entre 6 y 30 años de cárcel declarados culpables de sedición y hurto. De los 129 acusados, absolvieron a uno y dieron a otro pena de 4 años de trabajo correccional sin internamiento.
Sobre la “dictadura de Bolivia”, Sánchez Berzaín dice que “falsifica la renuncia y fuga de Evo Morales en noviembre de 2019 por el fraude electoral y crímenes que cometió públicamente con la narrativa de golpe de estado”.
Según el director del Interamerican Institute for Democracy, en ese país torturan a los procesados para confesar delitos que no cometieron y someterse a “procesos abreviados” en los que dos generales ya fueron condenados a tres años de cárcel. “El régimen pide 10 años de cárcel contra Añez, quien está presa hace más de un año”, refirió.
