“El Centro Humboldt ha sido un actor clave y potente voz en Centroamérica en la gobernanza climática multilateral. Su cierre deja un vacío que tendrá fuertes consecuencias, para una de las regiones más afectadas por la crisis climática”, lamentaba en Twitter días atrás Anna Cavazzini, diputada alemana del Partido Ecologista Alianza 90 / Los Verdes y presidenta de la Comisión de mercado interior y protección del consumidor en el Parlamento Europeo.
Un hecho con el que concuerda su compatriota, Ingrid Wehr, directora de la Oficina Regional Centroamérica de la Fundación Heinrich Böll en El Salvador. “El cierre del Centro Humboldt con 32 años de experiencia impacta negativamente en las comunidades más vulnerables que ahora ya no tienen acceso a asesoramiento profesional en materias de prevención de catástrofes”, critica.
La organización nicaragüense es “un socio estratégico” de la fundación alemana “en la agenda climática global y un promotor incansable de los intereses de los países centroamericanos extremadamente vulnerables al cambio climático en foros regionales e internacionales”, subraya.
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Con un papel articulador en Climate Action Network – Latin America (CAN-LA) y y protagonista en la plataforma Centroamérica Vulnerable, la organización nicaragüense, “logró poner las demandas de los países centroamericanos en la agenda climática internacional”, gracias a su “constante trabajo de lobby para recordar a los países del Norte sus responsabilidades frente a los países más vulnerables al cambio climático”.
Además de su trabajo a nivel internacional y regional destaca su trabajo a nivel local ya que “resolvía problemas directos de las comunidades, como el acceso a agua potable, que el gobierno no alcanzaba a resolver por sus medios”, explica a DW una experimentada ambientalista nicaragüense que por razones de seguridad no quiere desvelar su identidad.
Igualmente, la directiva alemana también destaca “el trabajo de capacitación de la sociedad civil sobre monitoreo climático y prevención de catástrofes” que llevaba a cabo la organización, pero, al paralizarlo, “aumentan los riesgos de poblaciones sumamente vulnerables”, lamenta apuntando a los perjuicios que comportará para mujeres rurales y comunidades indígenas.
“Aunque estos golpes afectan el derecho al trabajo de todos los equipos de las instituciones y destruyen innumerables proyectos de desarrollo local en múltiples comunidades, eso no impedirá que las comunidades sigan organizándose para defender sus derechos”, manifiesta a DW Mónica López, Directora de POPOLNA, otra institución emblemática a la que, además de la cancelación de la personería jurídica y registro legal, se le practicaron confiscaciones de facto de sus locales y bienes en 2018.
Silenciando voces, dejando vía libre al extractivismo
Con el cierre del Centro Humboldt se apaga la voz de la última organización medioambiental del país. Dos de ellas publicaron el pasado mes de febrero el informe ‘El desmantelamiento de la libertad de asociación en Nicaragua’, en el que se recogen 147 agresiones a diversas organizaciones durante el período 2007 – 2022.
“De las organizaciones agredidas, cuatro trabajamos de lleno en la lucha contra la concesión del Canal Interoceánico: Centro Humboldt, Red Local, POPOLNA y Fundación del Río, siendo todas parte del Grupo Cocibolca, una coalición ambientalista que ha luchado junto al movimiento campesino anti canal y liderazgos de comunidades indígenas y afrodescendientes para lograr la derogación de la concesión canalera”, recalca López, también integrante de la Articulación de Movimientos Sociales (AMS).
En este sentido, López recuerda la denuncia de dicho grupo en 2018 sobre la negligencia estatal con el incendio en la reserva Indio Maíz. “Fue una de las situaciones que detonaron la rebelión ciudadana que luego se convirtió en una sublevación nacional”, recuerda.
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Criminalización y asesinato de defensores ambientales de comunidades indígenas y afrodescendientes, deforestación, el desarrollo de actividades ilegales, como la extracción maderera, y las concesiones mineras son algunos de los principales problemas medioambientales actuales del país.
“En Nicaragua, el medioambiente está en vía de extinción. A pesar de que ha solicitado fondos internacionales, como el Fondo Verde del Clima, Daniel Ortega no ha apostado por el medioambiente, sino por un modelo de saqueo y despojo de bienes naturales”, apunta a DW Amaru Ruiz, Presidente de la Fundación del Río.
“Desde 2018 a la fecha las concesiones mineras siguen avanzando agresivamente en Nicaragua generando destrucción a su paso”, critica López señalando el origen de esta situación. “Ortega ha utilizado las armas y el Estado para imponer la minería industrial, la destrucción de las áreas protegidas, concesiones brutales como la canalera, la invasión de territorios indígenas, el avance descontrolado de la frontera agrícola, etc.”, detalla.
“Según nuestros informes en 2021, en Nicaragua, se deforestaron más de 180.000 hectáreas de bosque”, lamenta el presidente de Fundación del Río que apunta a Indio Maíz como uno de los focos más afectados por esta situación.
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A la degradación medioambiental, se le une la falta de recursos. “No hay voluntad para detener la situación de deterioro. Nicaragua es el país que menos invierte en medioambiente, no llega al 1% del presupuesto ambiental”, agrega Ruiz desde Costa Rica.
Respuesta desde fuera
Nicaragua goza de una buena reputación a nivel internacional debido a su posición en las negociaciones climáticas como un defensor de la justicia climática y de los pueblos originarios. Igualmente, el país firmó años atrás la “Declaración Universal del bien común de la Madre Tierra y la Humanidad” promovido por Leonardo Boff. No obstante, la reacción internacional sobre dicha situación ha sido tímida.
“Aunque en el plano político hay algunas iniciativas a nivel del parlamento europeo, esas gestiones lamentablemente no han incidido mucho en mejorar las condiciones en Nicaragua”, critica la medioambientalista nicaragüense apuntando a la migración como vía de salida. “Algunos por vías legales, pero lamentablemente muchos deciden migrar de manera ilegal o indocumentados, poniendo su vida en peligro”, lamenta.
A pesar de ello, las críticas se siguen lanzando desde el extranjero. “Todas las personas que nos hemos tenido que exiliar para salvaguardar nuestras vidas y libertad, tenemos la enorme responsabilidad de continuar alzando las voces y continuar organizándonos por todas aquellas personas cuyos asesinatos están en la impunidad, por todas las personas presas políticas que hoy sufren tortura, por todas las comunidades que viven el horror del asedio permanente de la violencia”, asegura López.
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Una acción que se observa desde otros países de la región dónde la sociedad civil está en la mira. “Como alemana quién vive en Centroamérica, me preocupa el drástico deterioro del estado de derecho y de los derechos humanos en la región”, apunta Wehr. “Vivimos una fase de militarización de la política, dónde las frágiles instituciones democráticas que nacieron después de guerras civiles sangrientas se están desmantelando. Los ataques a organizaciones de la sociedad civil democrática y a la prensa independiente me recuerdan a la época más oscura en la historia de mi país”, considera la directiva alemana.