El gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha tratado de aparentar falsa normalidad y estabilidad entre el pueblo nicaragüense, tras el levantamiento civil que puso en jaque a su administración en abril 2018, desde entonces —como han señalado sociólogas y analistas— tratan de tener mayor control sobre la población y este «celo» se agudiza en abril. Este año Murillo anunció 10 días libres en el marco de Semana Santa, cada uno cargado de actividades organizadas desde las alcaldías a nivel nacional o entidades como el Instituto de Turismo.
La socióloga María Teresa Blandón señaló que mandar a todo el Estado de vacaciones esa cantidad de días es una estrategia para quitar presión dentro de las instituciones públicas donde se han reforzado las estrategias de control hacia los empleados públicos. Además, que estas vacaciones prolongadas son una medida distractora para evadir temas de la memoria, justicia y la crisis económica que atraviesa el país.
Un sociólogo y economista, quien prefiere no ser citado con su nombre por temor a represalias, señala que esta es la estrategia para centralizar la información, incluso antes de 2018. “Controlan los territorios, además de anunciarlo y hacer visibles estas actividades para dar muestra del avance y progreso que tiene el Gobierno en calidad de vida. Es la estrategia más efectiva que ha tenido el Gobierno en los últimos años para comunicar lo que está haciendo”.
El Plan Verano anunciado para este año contempla que más de 700 mil personas asistan dentro de los días más importantes.
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Falsa tranquilidad
Luego del inicio de la crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua desde abril de 2018 estas maneras de ejercer control en la ciudadanía aumentaron, destacó el sociólogo. “Esto desde 2018 ha aumentado, han anunciado hasta actividades religiosas, a pesar y en contradicción de celebraciones que ha dicho la Iglesia en algunos momentos, porque no hay clima social adecuado, porque no hay condiciones para realizarlo o para evitar por la pandemia”, todo como una muestra de querer transmitir un clima de tranquilidad.
Dentro de las actividades se refuerza el mensaje de que el país está normal y sobre todo, desde finales de 2019, que ellos van recuperando “el control de las calles, bajo las políticas de cuidos responsable y no impactar de manera negativa la economía del país”, afirmó el especialista.
Otras preocupaciones
Blandón aseguró que sorprende la decisión de estas vacaciones extendidas con goce de salario en un país tan pobre como Nicaragua, con altas brechas de desigualdades “que el Estado se dé el lujo de tener 10 días de vacaciones. Estamos hablando de una planilla aproximada de 150 mil trabajadores que se pagan, habrá que recordar que se pagan por los impuestos y la gente está ahogada con el pago de impuestos”, indicó.
Esta decisión resulta bastante inconveniente porque merma los escuálidos recursos del Estado, teniendo como consecuencia la calidad de los servicios porque la ciudadanía no tendrá dónde acudir para resolver sus trámites en este periodo de tiempo porque “el Estado está cerrado 10 días. Esto no lo ves en ningún país de América Latina”.
Ambos especialistas señalaron que otro de los puntos alarmantes de esta situación es la falta de preocupación con respecto a la covid-19 en el país. Debido a la falta de credibilidad de las cifras oficiales sobre la vacunación, la falta de políticas empleadas contra la prevención del virus y el descuido de la ciudadanía, las cifras de contagio pueden incrementar de manera alarmante.
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