Desde el 9 de enero hasta este martes 22 de marzo, la Asamblea Nacional de Nicaragua, bajo el control del régimen de Daniel Ortega, ha aprobado sin ninguna oposición 20 leyes y decretos, entre los que destacan 52 cancelaciones de personalidades jurídicas de asociaciones y fundaciones, lo que ha intercalado con sesiones de homenajes acompañadas de música y bailes.
Para los críticos, esta dinámica de poder absoluto ejercido por el partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en la Asamblea Nacional es la práctica del sistema de partido único, porque no existe diversidad de criterios en el espacio legislativo, aunque en teoría hay otros partidos con diferentes ideologías.
«Para mí en la Asamblea se está desarrollando una actividad de partido único. El Frente Sandinista ha llevado a la Asamblea a la unificación de los partidos políticos alrededor del Frente Sandinista. Es decir, los demás partidos están allí, pero no son independientes, sino que ellos tienen orientaciones específicas para votar. Entonces no son satélites, son apéndices del Frente Sandinista, son parte de la convergencia todos», manifestó un opositor, quien pidió mantener su identidad bajo anonimato por motivos de seguridad.
La fuente caracterizó a los diputados de los otros partidos como «colaboradores del FSLN que solo se están concentrando en llegar a cobrar su cheque y eso es todo».
«Pero no tienen ninguna actividad política partidaria, menos democrática y en eso es lo que se ha convertido la Asamblea y esa es una dinámica que se va a mantener a lo largo de los cinco años», agregó el opositor.
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Otra fuente, que también pidió el anonimato, valoró que desde que Ortega regresó al Gobierno en 2007, «la Asamblea Nacional fue capturada completamente por el Ejecutivo, con una oposición que fue debilitándose cada vez más a medida de las reelecciones del presidente Ortega, hasta terminar en este cuarto período con una sola masa de diputados donde no se distingue ningún diputado de la oposición de los oficialistas».
«Se podría decir que el ciento por ciento de los diputados está de antemano de acuerdo para que la Asamblea sea el brazo ‘legalizador’ del Gobierno», dijo.
En enero de este año se inició el nuevo período legislativo (2022-2026) y la nueva legislatura (2022), tras las cuestionadas elecciones del 7 de noviembre de 2021, en las que el Consejo Supremo Electoral (CSE) proclamó al partido FSLN y su candidato Daniel Ortega como ganadores. Como resultado, el partido sandinista obtuvo 75 diputados en el Legislativo, de un total de 91.
Las más recientes cancelaciones de personerías jurídicas fueron el 17 de marzo, a través de un Decreto Legislativo que anuló a 25 organizaciones no gubernamentales (ONG), entre estas: Operación Sonrisa, Centro Humboldt, Funides, Colectivo de Mujeres 8 de Marzo, Asociación de Periodistas de Nicaragua, entre otros.
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La mayoría de las organizaciones afectadas trabajaban en el área de la salud, educación, derechos humanos, medioambiente, entre otras.
Desde diciembre de 2018 a la fecha, la Asamblea Nacional, por solicitud del Ministerio de Gobernación (Migob), ha suspendido a casi 120 organizaciones no gubernamentales (ONG).
Así han sido las cancelaciones de personerías jurídicas en la presente legislatura:
19 de enero: Con trámite de urgencia fue aprobado el Decreto de cancelación de la Asociación Pro-Universidad Agropecuaria de la Quinta Región; Asociación Pro-Universidad de Jinotega y la Fundación Universidad de Mobile Latinoamericana Campus (Fumlac).
La cancelación fue aprobada con los votos de 86 diputados, 5 se quedaron presentes sin votar, de un total de 91 diputados. .
2 de febrero: Se aprobó la cancelación de las personerías jurídicas de la Asociación de Cantautores Nicaragüenses y Asociación de Ortodoncistas de Nicaragua.
En esa misma sesión se aprobó el decreto para la cancelación de la personería jurídica de 14 asociaciones y fundaciones de universidades con trámite de urgencia, entre estas Ucatse, Upoli y otras organizaciones civiles sin fines de lucro (ONG), algunas ligadas a la Iglesia católica, principalmente en la Diócesis de Estelí.
Las 14 asociaciones y fundaciones fueron canceladas con los votos de 75 diputados, de un total de 91 diputados. Los 16 restantes quedaron presentes, lo que significa que no votaron ni se abstuvieron.
7 de febrero: Los diputados aprobaron con trámite de urgencia tres leyes creadoras de universidades, con las que se sustituyen las canceladas días atrás. De esta manera son aprobadas la Ley Creadora de Universidad Nacional Politécnica (UNP), antes Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli); Ley Creadora de la Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza Pineda, «sucesora legal sin solución de continuidad de la extinta Universidad Católica Agropecuaria del Trópico Seco, Presbítero Francisco Luis Espinoza Pineda-Ucatse» y Ley Creadora de la Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés, sucesora legal sin solución de continuidad de la Asociación Universidad Hispanoamericana (Uhispam), Asociación Universidad Nicaragüense de Estudios Humanitarios (UNEH), Universidad Popular de Nicaragua (Uponic) y Asociación Universidad Paulo Freire (UPF)».
Las leyes creadoras fueron aprobadas por 90 diputados.
15 de febrero: La Asamblea Nacional aprueba con 75 votos a favor, 11 abstenciones y 5 diputados sin votar, la cancelación de las personerías jurídicas a seis oenegés: Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra, PEN Internacional-Nicaragua, Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (Anpdh), Centro de Promoción de la Juventud e Infancia, Fundación para la Promoción de las Mujeres y la Niñez Blanca Aráuz y Fundación Iberoamericana de las Culturas (Fibras).
23 de febrero: La mayoría de diputados aprueba la cancelación de personerías jurídicas de la Asociación Universidad Tecnológica Nicaragüense (UTN) y Asociación Universidad Santo Tomás de Oriente y Mediodía (Ustom-Granada).
La votación fue de 75 diputados a favor y 16 abstenciones.
17 de marzo: La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó la cancelación de 25 oenegés. El Decreto Legislativo de cancelación de estas asociaciones fue aprobado con 74 votos a favor, 16 abstenciones y un diputado presente que no votó, del total de 91 legisladores. Previo a la votación, ningún diputado del los 91 presentes tomó la palabra.
Las oenegés inhabilitadas fueron: Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), Fundación Violeta Barrios de Chamorro para la Reconciliación y la Democracia, Grupo Cívico Ética y Transparencia, Asociación Voces Vitales Nicaragua, Fundación para la Libertad, Fundación Ágora Nicaragua, Fundación para la Autonomía y Desarrollo de la Costa Atlántica de Nicaragua (Fadcanic), Asociación Emprendedores Juveniles de Nicaragua, Asociación Club Harvard de Nicaragua y el Centro Alexander Von Humboldt para la Promoción del Desarrollo del Territorio y la Gestión del Ambiente (Centro Humboldt).
Además, la Fundación para la Dignidad Humana Nicaragüense, Club Social de Matagalpa, Fundación Cruzada Ciudadana por la Democracia, Fundación Kolping Nicaragua, Fundación Instituto para la Observación para la Democracia y los Derechos Humanos (IDH), Asociación Civil Colectivo de Mujeres 8 de Marzo, Fundación Fondo de Becas de Exalumnos del Colegio Centro América, Asociación Fondo de Desarrollo Local, Asociación Foro de Mujeres de Nicaragua, Asociación Operación Sonrisa Nicaragua, Asociación de Periodistas de Nicaragua Doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal.
Asimismo el Decreto incluye a la Asociación Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica (Cejudhcan), Asociación Centro Cristiano de Derechos Humanos (CCDH), Asociación Centro de Prevención de la Violencia (Ceprev) y la Asociación Cívica Democrática Nicaragüense (ACDN).
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Cambios en directivas de entidades y revisión de normas penales
El 20 de enero, el régimen de Daniel Ortega mandó a reformar con trámite de urgencia las estructuras de dirección del Instituto Nicaragüense de Cultura, Instituto de la Pesca y Acuicultura, Instituto de Fomento Municipal, así como de las Corporaciones Nacionales del Sector Público y de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica, a través de reformas a sus leyes que fueron introducidas el martes 18 de enero y aprobadas este jueves 20 de enero por la Asamblea Nacional. El Legislativo aprobó las cuatro reformas de manera expedita, la mayoría con más de 80 votos, de un total de 91 diputados.
Por otro lado, a partir del 11 de febrero, la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos en conjunto con la Comisión de la Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos, «acordaron analizar las principales normas de carácter penal para identificar si el marco jurídico en esta materia requiere ajustes para continuar fortaleciéndolo», indicó una nota de prensa de la Asamblea Nacional.
Desde ese momento se han presentado a reunión con estas comisiones varias entidades del Estado, para analizar la reforma al Código Penal que instauró la cadena perpetua, la Ley de Ciberdelitos y la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, lo que para organismos de derechos humanos es una manera de fortalecer la narrativa de régimen.
«Lo que hace (el régimen) es rodearse de su grupo, de sus socios, para intentar legitimar su narrativa oficial y darle legitimidad a leyes que son arbitrarias, abusivas, eso es lo que pretenden», indicó a LA PRENSA días atrás el abogado del Colectivo de DD. HH. Nicaragua Nunca +, Juan Carlos Arce.
Aprueban universidad
A poco más de un mes, después de la cancelación de varias universidades, el 16 de marzo, los legisladores aprobaron la personería jurídica de la Universidad de Ciencias de la Salud y Energías Renovables (Ucser), a solicitud de la diputada sandinista Maritza del Socorro Espinales.
El decreto de otorgamiento de personalidad jurídica de la asociación Ucser, con sede en el municipio de Somoto, cabecera del departamento de Madriz, fue aprobado en lo general y en lo particular con 90 votos a favor, del total de 91 legisladores.
Condecoraciones y homenajes
En estos primeros tres meses del año, la Asamblea Nacional se ha dedicado a hacer reconocimientos a instituciones y personas afines, como el que se hizo este lunes 21 de marzo a la orquesta musical Camerata Bach, en un sesión especial en la que se le entregó la Orden José de la Cruz Mena a los fundadores Ramón Rodríguez y el maestro Raúl Martínez, en un acto en el que estuvo presente el hijo de la pareja presidencial, Laureano Ortega Murillo.
El 3 de marzo pasado también fue convocada una sesión especial para conmemorar el Día Nacional del Periodista, en el que participaron los trabajadores de los medios de comunicación oficialistas. La sesión contó con la participación de un grupo de danza folclórica.
El 15 de marzo se realizó una sesión de homenaje para recordar al máximo líder del pueblo garífuna Joseph Chatoyer, conocido también como Satuye, héroe de la resistencia de los pueblos en la lucha por la soberanía y la independencia en la región centroamericana. Satuye fue asesinado en Kingstown, San Vicente y las Granadinas, el 14 de marzo de 1795 por un batallón de soldados ingleses.
Visita rusa y pensión de gracia
El 24 de febrero, en pleno clímax de la invasión de Rusia a Ucrania, la Asamblea Nacional de Nicaragua celebró una sesión especial en honor al presidente de la Duma Estatal (cámara baja del parlamento) de Rusia, Vyacheslav Volodin, lo que fue un claro mensaje de apoyo del régimen de Ortega al presidente Vladímir Putin.
La agenda también dio paso, el 1 de marzo, a la aprobación de la pensión de gracia para el expelotero de la Selección Nacional de Beisbol, Rafael «Capi» Obando.
Por otro lado, el 17 de marzo, los parlamentarios aprobaron la reforma a la Ley del Digesto Jurídico Nicaragüense, con lo que se pretende garantizar la actualización de 31 compendios de normas aprobadas.
El partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que lidera Ortega, tiene una bancada de 75 diputados, de los 91 escaños que conforman la Asamblea, con lo que pueden aprobar las leyes y decretos que quieran sin ningún problema. El resto de diputados son 10 de la bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), cinco de la Bancada Independiente Democrática (BID) y el diputado indígena independiente Brooklyn Rivera Bryan.
