Pedro Joaquín Chamorro Barrios (PJCHB), hijo mayor del Mártir de las Libertades Públicas, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, y de la expresidenta de Nicaragua, Violeta Barrios de Chamorro, a sus 259 días de estar privado de libertad en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) conocido como el nuevo Chipote, fue declarado culpable por los delitos de gestión abusiva y apropiación indebida, por los que la Fiscalía solicita nueve años de cárcel.
Chamorro Barrios junto a su hermana, Cristiana Chamorro Barrios, exdirectora de Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) y exprecandidata presidencial; y los extrabajadores de la FVBCH, Walter Gómez y Marcos Flete; y al conductor de Cristiana, Pedro Vásquez, fueron declarados culpables el viernes 11 de marzo por el juez Noveno de Distrito Penal de Juicios, Luden Martín Quiroz García, en un maratónico juicio que duró siete días.
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“Ante Dios, ante la patria que la representa usted (el juez), ante la memoria de mi padre que es un Héroe Nacional y ante mi madre la presidenta de la paz, quiero decirle que soy inocente, que no he hecho nada. Durante 10 años estuve administrado un patrimonio de mi familia, de mis hermanos y mío, pero nunca he utilizado fondos de la Fundación, pero en todo caso si hubiera alguien que me debería de reclamar, deberían de ser mis hermanos”, fue lo que dijo Chamorro Barrios al ser declarado culpable, según su abogado defensor.
Este sábado 12 de marzo, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols, reaccionó a través de su cuenta de Twitter ante la culpabilidad de los opositores, y dijo “Cristiana y Pedro Joaquín Chamorro, y sus colegas condenados por cargos sin fundamento, sufrieron una grave injusticia a manos de Ortega-Murillo”.
El funcionario del gobierno del demócrata Joe Biden agregó que “el verdadero objetivo del régimen son las libertades básicas de los nicaragüenses, por eso arremetió contra quienes han defendido durante mucho tiempo los derechos humanos”.
Luce delgado y con afectaciones de salud
La defensa de Chamorro Barrios, exdiputado, columnista y vocal de la Junta Directiva de LA PRENSA, sobre su condición física aseguró que “está bastante delgado y con ciertas enfermedades, bajo tratamiento” que, aunque, afirma que ha recibido asistencia médica y hasta la valoración del Instituto de Medicina Legal, solicitó el cambio de medida cautelar “en virtud de su edad y varias enfermedades” que lo aquejan a sus 70 años.
Es decir, que pase a arresto domiciliar, como se encuentra su hermana Cristiana, y otros cinco presos políticos a los que tras o durante sus juicios se les cambió la medida cautelar.
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El 25 de junio de 2021, la Policía a altas horas de la noche detuvo en su casa de habitación a Chamorro Barrios, donde se encontraba con su esposa.
Maratónico juicio
Durante el juicio, según el abogado, estuvo presente la esposa de Chamorro Barrios, Martha Urcuyo a quien le permitieron un espacio de 10 minutos a diario para poder conversar con él.
El defensor añadió que fueron seis días los que ocupó la Fiscalía para presentar las “presuntas pruebas” en contra de los enjuiciados, y el último día le dedicaron a los defensores presentar sus alegatos.
“El último día las defensas ocupamos todo el día para presentar nuestras pruebas y alegatos conclusivos, la última palabra a los acusados y luego el fallo de culpabilidad”, sostuvo y dijo que está programado para el próximo 21 de marzo la lectura de la sentencia o condena.
También dijo que durante el juicio se dieron una serie de violaciones a las reglas procesales.
“Las violaciones a las reglas procesales causan anulación del juicio y el juicio debe ser nulo por eso, también porque las violaciones es en principio haber realizado el juicio en el Chipote, eso lo prohíbe el artículo 121 del Código Procesal Penal; por otro lado, tuvimos un ejercicio de defensa muy fuerte, pero la Constitución Política manda que el detenido tiene derecho a comunicarse libre y privadamente con su defendido, es un derecho que no lo respetaron, ninguno de los acusados se pudo comunicar libre y privadamente con su abogado, nos permitían tres minutos hablar con ellos, pero en este caso tan complejo, tres minutos es muy poquito tiempo, a él se le privó ese derecho”, indicó el jurista.
Añadió que otra violación fue que el juicio se realizó a puerta cerrada, y no como mandata la Constitución que debe ser público.
Organismos también denuncian las irregularidades
Los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales desde la detención de más de 40 opositores, entre mayo y febrero de 2021, han señalado que los privados de libertad son sometidos a inconsistencias jurídicas y la negación de brindarles un debido proceso, incluso al momento de los juicios.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó, luego de varios juicios donde han declarado culpable a diversos opositores, las “graves afectaciones al debido proceso y al derecho a la defensa en los procesos judiciales de las personas presas políticas en Nicaragua”.
Por su parte, el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) señaló que estos juicios tienen afectaciones al Derecho Penal y garantías judiciales de los privados de libertad. “Particularmente, dichas audiencias se están realizando en las instalaciones del Chipote, de manera privada y sin permitir el acceso a medios de comunicación independientes lo cual sería a la propia legislación nacional”, sostuvo.