A través del decreto presidencial 04/2022, Daniel Ortega aprobó la Política Nacional de Cambio Climático, cuyo objetivo es “contribuir a la lucha contra la pobreza y al desarrollo humano sostenible de Nicaragua”. El régimen pretende lograr esto promoviendo entre la sociedad una mayor capacidad de respuesta ante el impacto del cambio climático; también, incrementando el uso de energías renovables, incluso para sustituir el uso de derivados del petróleo.
La nueva política será parte del Sistema Nacional de Gestión del Cambio Climático creado en junio de 2021. Contempla el incremento de las emisiones que generará el país en la próxima década, y entre las opciones para reducirlas incluye la posibilidad de electrificar el transporte masivo de carga y pasajeros.
Según el documento, las emisiones se incrementarán porque en 2030 Nicaragua tendrá una población aproximada de 7 millones de habitantes; es decir, cerca de medio millón más que ahora. También, se calcula que el parque vehicular que actualmente incluye unos 700 mil automotores, crezca a entre 2 millones y 3.5 millones de vehículos. Además, que el hato ganadero llegue a tener en 2030 hasta 10 millones de cabezas; es decir que se duplique el inventario actual.
Ante este crecimiento la nueva política considera que “una oferta de reducciones para toda la economía” no es lo más apropiado para reducir la pobreza ni mejorar el bienestar de la población y el crecimiento de la economía.
Usar trenes, metro o trolebuses para reducir las emisiones
Por tanto, “la mejor y más seria oferta que Nicaragua podría hacer a la comunidad internacional es la de incrementar su electrificación en base a energías renovables; condicionar la posibilidad de electrificar su transporte de carga y masivo con energías renovables (trenes y metro o trolebuses). Asimismo, las necesidades de calor para hogar e industria, se pueden vincular a la producción de biomasa a partir de residuos sólidos, líquidos o gaseosos provenientes de la actividad agrícola, pecuaria o maderera”, detalla la nueva política en la parte referida a las acciones de mitigación.
El documento hace énfasis en que la acción climática y en particular las medidas de adaptación,
no deben aislarse de las dimensiones ambientales y socioeconómicas del cambio climático. Ya que estas tienen impacto en las oportunidades para lograr la redistribución y la reducción de las desigualdades. Por lo que pueden constituirse en instrumentos eficaces para impulsar el desarrollo sostenible de territorios y poblaciones vulnerables, y mejorar su resiliencia.
Como complemento de las acciones de adaptación que contempla la ley, el país requerirá asistencia técnica y financiera. Esta le permitirá compensar y mitigar el efecto de los desastres naturales, que “irremediablemente” seguirán impactando al país.
En este contexto, el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y para el Desarrollo Humano 2022-2026 establece como prioridad la acción climática y la incluye en uno de los doce lineamientos nacionales para enfrentar los impactos de la variabilidad climática y el cambio climático.
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