Febrero ha estado marcado por la cancelación de la personería jurídica de varias organizaciones, entre ellas universidades privadas, con el argumento de que no han presentado sus informes ante el Ministerio de Gobernación (Migob), sin embargo, los directivos de las organizaciones han afirmado que llevaban los documentos y estos no eran recibidos o se los rechazaban sin darles mayor detalle.
Además, destacan que se trata de organizaciones que han funcionado por décadas, lo que hace cuestionar qué ocurrió con los informes de 2021 para que se procediera con la cancelación.
“Abrieron el correo y lo regresaron, lo devolvieron, no lo aceptaron. Aquí está la carátula de la bolsa que contenía nuestros documentos y dice no aceptado”, afirmó Sandra Ramos, directora del Movimiento María Elena Cuadra, una de las organizaciones a las cuales la Asamblea, por orientaciones del Ministerio de Gobernación, le canceló su personería jurídica.
Remarcaron que los documentos que el Ministerio de Gobernación afirma no fueron entregados ellas los llevaron el 24 de febrero de 2021.
“Aquí está el listado de los documentos que entregamos al Ministerio de Gobernación y que no quisieron recibirlos, se negaron a recibirlos porque ya tenían orden de dejar indefensa a esta organización”, remarcó Ramos.
Afirmó que recurrirán por este “abusivo hecho”, aunque saben que “dormirá el sueño de los justos”, pero pueden pedir a un nuevo gobierno que “resarce lo que este hizo”.
El Movimiento María Elena Cuadra, antes de recibir la cancelación de su personería jurídica, había entregado los informes en los 28 años que llevaban funcionando en el país, por lo que su directora remarcó una clara intención política con esta acción de cancelación.
Maratón de cancelaciones de personerías jurídicas
Solo este año, el régimen orteguista, a través de la Asamblea Nacional, ha cancelado 27 fundaciones y asociaciones, muchas de estas vinculadas con universidades donde sus estudiantes participaron en las protestas civiles de 2018, que pusieron en crisis al gobierno de Daniel Ortega.
El año pasado cerró con 51 ONG canceladas, la mayoría de defensa de los derechos humanos, asociaciones médicas, entre otras.
Febrero fue un mes que destacó por la cancelación de personerías jurídicas. El 2 de febrero, la Asamblea Nacional canceló la personería jurídica de 14 asociaciones y fundaciones de universidades con trámite de urgencia.
- Universidad Católica Agropecuaria del Trópico Seco «Francisco Luis Espinoza Pinedo», conocida como Escuela de Agricultura y Ganadería.
- Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli).
- Asociación Instituto Agropecuario de la Diócesis de Estelí creada en el 2003.
- Asociación de Colegios Parroquiales de la Diócesis de Estelí.
- Asociación Cáritas Diocesanas de Estelí.
- Asociación Comisiones de Justicia y Paz Diócesis de Estelí.
- Asociación Centro Cultural Católico del Norte Diócesis de Estelí.
- Fundación Michelangelo.
- Asociación Pro Desarrollo de Estelí.
- Asociación de Fomento a la Creación de Empresas.
- Familia Padre Fabretto.
- Asociación Universidad Nicaragüense de Estudio Humanitarios (UNEH).
- Asociación Popular de Nicaragua (Uponic).
- Asociación Universidad Paulo Freire (UPF).
Los argumentos dados para la cancelación fueron que “han obstaculizado el control y vigilancia del departamento de registro y control de asociaciones civiles sin fines de lucro” y que “no reportaron su junta directiva, encontrándose acéfalas”.
Ante la cancelación de la personería jurídica de la UPF, su entonces rector Adrián Meza indicó que ellos también habían entregado sus documentos en tiempo y forma, y fueron rechazados por el Migob sin mayor explicación.
“Todas las universidades que fueron cerradas trataron de entregar estados financieros al Ministerio de Gobernación, y este sistemáticamente se negó a recibir los estados financieros. Personalmente fui el 19 de enero a hacer ese trámite”, relató Meza.
Asimismo, criticó la forma en la que se realizó esta cancelación. “Supongamos que las universidades se hubiesen negado a entregar sus estados financieros, el artículo 24 de la Ley 147 dice que antes de cerrarla, primero tiene que ser intervenida por el Ministerio de Gobernación. ¿Cuántas universidades fueron intervenidas antes de ordenar la cancelación? Las reglas del debido proceso son parte de las obligaciones del Estado de Nicaragua, de conformidad con el marco de seguridad democrática que suscribió en el contexto del derecho comunitario para Centroamérica”, dijo.
Un día después, el Ministerio de Gobernación publicó en La Gaceta la cancelación de la personería jurídica de siete asociaciones universitarias más. Y el 11 de febrero, con un nuevo decreto legislativo, la Asamblea Nacional, por orientaciones del Ministerio de Gobernación, canceló la personería jurídica de seis organizaciones sociales más.
“Esta decisión arbitraria de la dictadura de Ortega y de sus serviles definitivamente no nos toma por sorpresa porque esto no es más que un acto de hostilidad y de una posición de un régimen totalitario para callar las voces de los que verdaderamente hemos estado comprometidos en la promoción y defensa de los derechos humanos de todos los nicaragüenses dentro y fuera de Nicaragua”, expresó Álvaro Leiva, secretario ejecutivo de la ANPDH, minutos después de conocer la decisión de los diputados de cancelar la personería jurídica de la organización.