El régimen de Daniel Ortega, a través del Ministerio de Gobernación, oficializó la cancelación de seis organizaciones no gubernamentales (ONG) de origen extranjero, a través de una resolución publicada este miércoles 16 de febrero en La Gaceta, diario oficial del Estado de Nicaragua. Uno de los argumentos de las cancelaciones es porque no se registraron como “agentes extranjeros”.
El pasado 3 de febrero, el Ministerio de Gobernación canceló siete universidades privadas, calificadas como originarias del exterior.
Las nuevas ONG canceladas son:
l. Fabretto Children’s Foundation, lnc. – EstadosUnidos, inscrito el 26/01/2005, con número perpetuo 2915.
2. Trocaire, – Irlanda, inscrito el 03/12/2004, con número perpetuo 2889.
3. Comundo, – Suiza, inscrito desde el 01/09/2018, con número perpetuo 6766.
4. We Effect, – Suecia, inscrito desde el 20/07/1994, con número perpetuo 365.
5. Creative Associative, lnc, – Estados Unidos, inscrito desde el 26/10/2006, con número perpetuo 3530.
6. Global Communities, -Estados Unidos, inscrito desde el 29/11/2000, con número perpetuo 1781.11.
La resolución del Ministerio de Gobernación (Migob) argumenta que estas seis ONG incumplieron sus obligaciones conforme las Leyes de Nicaragua (Ley 147, Ley 977) y su Reglamento; así como la Ley 1040 al no registrarse como Agentes Extranjeros, siendo sujetos obligados reciben donaciones del exterior.
Aplicación de la Ley de Agentes Extranjeros
Precisamente la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros —llamada por los críticos Ley Putin por su parecido con una legislación aprobada por el presidente de Rusia, Vladímir Putin— exige a todas las personas y organizaciones que reciben financiamiento del exterior registrarse ante el Ministerio de Gobernación (Migob) como “agentes extranjeros” y rendir regularmente cuentas de sus actividades, lo que para los críticos es una forma de espionaje político.
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Los críticos ven a la “Ley Putin” como un mecanismo de control y represión financiera contra ciudadanos, medios de comunicación, organizaciones, asociaciones sociales y opositoras que reciban recursos de agencias y gobiernos extranjeros.
La normativa ordena que las personas naturales o jurídicas, nicaragüenses o de otras nacionalidades que actúen como “agentes extranjeros” deben abstenerse de intervenir en cuestiones, actividades o temas de política interna y externa, so pena de sanciones legales.
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Además, este marco legal ordena al Ministerio de Gobernación (Migob) crear el Departamento de Registro de Agentes Extranjeros, donde los entes obligados tendrán máximo 60 días para inscribirse, presentando sus informes donde detallen el origen de fondos, cooperantes y el uso de los recursos.
La cancelación de hoy de las seis ONG detalla que no reportaron:
1- Estados Financieros conforme períodos fiscales con desgloses detallados de Ingresos, Egresos, Balanza de Comprobación, Detalle de Donaciones (origen, proveniencia y beneficiario final), violentando los artículos 13, inciso t) de la Ley 147; arto. 38 de la Ley 977, arto. 14 inciso b) del Reglamento de la Ley 977.
2- Juntas Directivas del país de origen, (artículo 21 dela Ley 147).
3- Donaciones previas, provenientes del exterior (arto. 38 numeral 4 de la Ley 977).
4- Documentos de identidad de sus Directivos, Representante Legal en Nicaragua y proveedores de fondos, incumpliendo el artículo 38, numeral 2 de la Ley 977.
Según el informe del Migob, “el actuar de las seis ONG ha obstaculizado el control y vigilancia del Departamento de Registro y Control de Asociaciones del Migob, al no promover estas ONG políticas de transparencia en la administración de los fondos, desconociéndose la ejecución de los mismos y si sus proyectos fueron acorde a sus objetivos y fines por los cuales se les autorizó el registro en Nicaragua; así mismo al no reportar sus Juntas Directivas, el ente regulador no puede identificar quiénes son los representantes o asociados, infringiendo las Leyes que regulan a las ONG”.
Otras cancelaciones
Solo este año, el régimen orteguista, a través de la Asamblea Nacional, ha cancelado 25 fundaciones y asociaciones, muchas de estas vinculadas con universidades donde sus estudiantes participaron en las protestas civiles de 2018, que pusieron en crisis al gobierno de Daniel Ortega.
El año pasado, cerró con 51 ONG, la mayoría trabajaba en defensa de los derechos humanos, asociaciones médicas, entre otras.