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Esmeralda Arosemena de Troitiño, relatora de la CIDH para Nicaragua. LA PRENSA

Entrevista | Relatora de la CIDH para Nicaragua llama a Ortega y Murillo a dialogar, recordando “esas luchas de una Nicaragua libre”

Esmeralda Arosemena de Troitiño, abogada y educadora, es la nueva relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para Nicaragua

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Esmeralda Arosemena de Troitiño, abogada, educadora y relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para Nicaragua, Venezuela, México y Guatemala, y relatora de los derechos de la niñez y los pueblos indígenas, hace un llamado al presidente Daniel Ortega y su vicepresidenta Rosario Murillo a tener un diálogo, recordando “esas luchas de una Nicaragua libre”.

“Yo como relatora para Nicaragua, sincera, profundamente comprometida, el llamado que les hago al propio presidente y a su vicepresidenta, a su compañera, que tengamos un diálogo, recordando precisamente esas luchas de una Nicaragua libre, de una Nicaragua que expresó al mundo ese deseo de libertad, de democracia y que en su plataforma en algún momento estuvo y recuperar eso que no es asunto ideológico y político y yo personalmente, personalmente me ofrezco a tener un diálogo con el Ejecutivo y poder tener esta posibilidad de escuchar y que nos escuche, que nos dé la oportunidad de identificar lo que juntos podemos hacer para salir de una crisis institucional y poder tener ese diálogo constructivo, yo no creo que quiera la destrucción. Hay que buscar el camino de esa construcción”, expresó la relatora en entrevista con LA PRENSA.

Durante la entrevista Arosemena hizo un llamado a que la sociedad se una, además explicó el comunicado de la CIDH pidiendo la liberación de los presos políticos, algunas irregularidades de los procesos que se reiniciaron luego de estar suspendidos por “carga laboral” y las expectativas de la Relatoría para este 2022.

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Destacó que la fórmula para el abordaje de la situación es la necesidad de que la sociedad nicaragüense toda se una. “La sociedad académica, la sociedad civil, la sociedad comercial, el pueblo, la gente, unirse en este objetivo. Porque no creo que la comunidad nicaragüense quiera estar en el poder, la comunidad quiere la vida libre, el expresarse”, dijo, señalando que la palabra clave es un “Estado de derecho”.

¿Qué expectativas tiene como relatora para Nicaragua para el 2022

Fui relatora para Nicaragua en 2016 y 2017, y tuve algunas experiencias en ese momento. Todavía no había explotado la crisis de 2018, pero ya se veían unas cosas que yo personalmente enfrenté. Para una jornada académica que teníamos en Nicaragua sobre los derechos de la niñez, el Estado le indicó a la Comisión que no me garantizaban la seguridad y era un tema académico, un evento absolutamente académico.

Hoy, de vuelta en la Relatoría de Nicaragua tengo grandes expectativas, nosotros la CIDH este es el mensaje a la sociedad nicaragüense y a la comunidad nicaragüense y a las víctimas que hoy están sufriendo violaciones a sus derechos humanos: la Comisión Interamericana tiene hoy una responsabilidad de seguir asumiendo las competencias que nos dan los instrumentos internacionales de derechos humanos en los que Nicaragua está. Tenemos competencia, tenemos toda la responsabilidad que como organismo de derechos humanos del continente, y Nicaragua como parte de él y ratificando convenios internacionales de derechos humanos, tiene el deber de respetarlos y la comisión el deber de investigar en el sentido amplio de la palabra, de recibir las denuncias, de recibir lo que implique para la sociedad nicaragüense la defensa de sus derechos, que si no lo puede hacer a nivel interno está el ámbito internacional.

El Gobierno dice que hubo un intento de golpe de Estado en 2018 y todo empezó ahí, pero usted plantea que desde antes vio señales.

Yo lo vi así en esa oportunidad. Tuve oportunidad de hablar con una persona que conozco en mi condición de exmagistrada de la Corte en el sistema de justicia y yo decía cómo es posible que yo no pueda entrar, yo quiero que me digas cuál es la situación. Y me dice: “Bueno lo que pasa es que esas organizaciones de derechos humanos en verdad no están preocupadas por los derechos de los niños”.

Es un indicador de que había una situación previa, que se gestaba como obstáculos a las propias organizaciones de sociedad civil que expresaban situaciones de derechos humanos y en el tema de la niñez había una situación particular que conté de los derechos del niño, había hecho un informe, íbamos a hacer unas consideraciones sobre eso y eso te dice: “No, no, no, aquí nadie va a venir a interrumpir nada”.

A nivel interno se dice que no hay a quién acudir por la falta de institucionalidad en este caso ¿cómo se va a trabajar con Nicaragua en el 2022?

La comisión ha continuado desde esa primera estocada que nos dieron de no permitirnos entrar, la construcción del Mecanismo Especial (Meseni), que es una herramienta que nos permite una comunicación permanente con los distintos grupos de la sociedad nicaragüense con el apoyo o coordinación con otros organismos internacionales, nos cruzamos información para el pronunciamiento incluso en conjunto de denuncias, de reclamos, de planteamientos al Estado de Nicaragua, sobre determinadas acciones que podemos calificar como violatorias de derechos humanos porque violan alguna norma de una de las convenciones de las cuales Nicaragua es parte.

La crisis de Nicaragua la puedo centrar en la problemática que hay en la institucionalidad, que no hay institucionalidad democrática. Aquí la problemática que yo centro como un nudo gordiano podemos decir, es que el sistema de justicia requiere de una posición de independencia, de autonomía, de vigilancia, para que todo el entramado institucional funcione como la Constitución de Nicaragua manda y voy primero con la Constitución de Nicaragua y el trabajo que las instituciones tienen que hacer basado precisamente en su mandato constitucional.

En el caso del Legislativo creando leyes ajustadas a las herramientas que el poder político quiere para utilizarlas en el manejo de sus políticas. En este caso, por el tema de hoy, la privación de libertad, encarcelamiento, hostigamiento, los tratos crueles e inhumanos, denuncias y testimonios que hay de mujeres, de hombres.

Privados de libertad (arbitraria e ilegalmente), puesto entre paréntesis por este momento. El Estado es garante de la protección de la vida, de la integridad de las personas que están bajo su custodia, independientemente del delito que hayan cometido.

Pero además, y ahora le quito el paréntesis, si estas detenciones son arbitrarias, ilegales y con decisiones que escapan a toda reglamentación en materia de justicia, como fue la suspensión de estos procesos el año pasado.

No claudicar

Ante una crisis que aborda la violación de tantos derechos humanos y se ha traducido en detenciones, juicios que se suspenden por fuerza mayor, exilio y falta de institucionalidad ¿qué se puede hacer?

En este sentido hago un reconocimiento al trabajo de la sociedad. Hay organizaciones que hoy se han reforzado en su posición de unidad, de buscar cómo juntas desde la visión de cada una de los distintos tipos de organizaciones que puedan haber en la defensa de distintos derechos o de distintas acciones que puedan realizar, creo que esa es una fortaleza que utilizar hoy en Nicaragua. No claudicar.

¿Qué se puede hacer? Lo primero que pienso hoy escuchándolos, los sigo por las noticias, esa participación de ustedes, aún frente al amedrentamiento, frente a acciones de criminalización que lo que quieren es callar a la gente, asustar a la gente, atemorizar a la gente, para que no reclame, para que no hable, que no diga. Frente a eso la sociedad nicaragüense está asumiendo esa crisis que están viviendo juntos, juntas, como una fortaleza frente al poder, frente al poder político, el poder de la justicia, aunque suene raro.

El tema de los juicios que se reinician. Primero el suspender los procesos ya de por sí le haría una pregunta al Estado o a la propia Corte Suprema de Nicaragua: ¿La justicia en Nicaragua puede suspenderse por fuerza mayor?, en su constitución es “ininterrumpida”, esa palabra es clave. ¿Cómo la Corte Suprema de Justicia va a suspender por “sobrecarga” (labora) o porque me voy de vacaciones?

¿Qué hacer ante una situación tan crítica como esta? Pienso que esa fuerza está ahí, de la sociedad y no digo sociedad civil solo, porque quiero pensar en la sociedad académica, investigativa, en la sociedad comercial, en la sociedad de las comunidades, en esos comités de salud, de lo que fuera, esa, cuando la sociedad se organiza así se convierte en una fortaleza para pedir la satisfacción de los derechos mínimos y del cumplimiento de la ley. Porque en materia de justicia lo que uno hace es exigir que se cumpla la Ley por parte de las autoridades de justicia y que este sentido de la impunidad no sea un elemento que se usa para facilitar que los delitos se sigan cometiendo, porque “hombre, total, nadie hace nada”.

Esta proclama de la seguridad del Estado, de la preservación, es colocar a esa sociedad como enemiga y la sociedad tiene que unirse para que eso no sea así.

Y por otro lado, la respuesta que te puedo dar es el compromiso que tenemos los organismos internacionales, el compromiso que tenemos las instituciones de derechos humanos de la región y de todas las naciones.

Nicaragua pertenece a Naciones Unidas y es importante que este análisis en que colocamos hoy la situación de crisis institucional de Nicaragua la miremos los organismos internacionales con esa perspectiva.

El llamado que puedo hacer a los estados que formamos parte de este continente es que tengamos también esa visión por países, tengamos esa visión de comunidad regional que somos.

¿Considera que el Gobierno pensó en esto al decir que se retiraría de la Organización de Estados Americanos, aunque esto sea efectivo hasta dentro de dos años?

Se retira de una corporación de los estados y vamos a esperar esos dos años. Por eso empecé señalando que le quiero decir a la sociedad nicaragüense que la comisión tiene competencia porque esa es una cosa diferente, eso de salirse de la OEA. El Estado tiene los compromisos que ha adquirido en los convenios interamericanos que ha firmado y en los convenios internacionales que ha firmado y para América, para el continente, la comisión tiene esa competencia y así estamos actuando y por eso seguimos en el monitoreo constante y permanente de las distintas situaciones y circunstancias que a través de ustedes (LA PRENSA), a través de los medios, de las organizaciones podemos hacer este contacto, incluso de muchas personas víctimas directamente, expresando sus testimonios por estas vías virtuales que tenemos que agradecer de que hemos podido continuar un trabajo aunque sea de esta forma virtual.

Es importante que los estados tengan esta conciencia. Esto no es cuestión ideológica ni política, por supuesto hay un poder político que pretende el control de las instituciones, pero independiente de ese poder político, o de ese concepto político o concepto ideológico, está el concepto de la humanidad. Quiénes somos los que estamos, los seres humanos que vivimos en Colombia, Costa Rica, en Nicaragua, en Panamá y esa tiene que ser la evaluación que se puede creer ese grupo de los países del continente que tengan esa visión de colectivo humano que requiere de nuestra mirada, participación, acciones, para atender lo que como colectivo humano está viviendo Nicaragua.

El comunicado de prensa de la CIDH sale poco antes de que inicie una ronda de juicios para los acusados de atentar contra la soberanía. ¿Con qué argumentos pediría la liberación de los detenidos?

Precisamente porque todo lo que se ha recogido como información, lo que hemos podido escuchar como testimonio, de los hijos de los detenidos o de las madres de los detenidos, de las situaciones de maltrato, de hostigamiento, de encerramiento, de tortura, para estas personas que te decía al inicio, el Estado es garante de sus vidas porque están bajo sus custodias. El que suspendieran los procesos para dejarlo detenidos sin ninguna respuesta. Se reactivan los juicios y ya con el inicio que se dio y las respuestas que se están dando, esta acumulación de sentencias, de penas, que suman doce años para una persona con material probatorio, un WhatsApp donde se dice una determinada expresión. Es un cuestionamiento a la justicia. Es cierto hay soberanía y los países tienen deber y poder de atender.

Decidimos este comunicado porque si no hay una certeza de un juicio con el debido proceso, con el material probatorio suficiente, con lo que efectivamente es propio del derecho penal. Cuando hablamos de los delitos, deben estar debidamente identificados, para que no haya lugar a dudas de que se está distorsionando una conducta para transformarla en una conducta delictiva. Eso se le llama los delitos vacíos. En derecho penal el delito debe estar debidamente identificado y sustentado.

Delitos no tienen contenido real

Soberanía es una palabra amplia, al igual que ciberdelito, como el tema de si es o no noticia falsa. ¿A eso nos referimos?

Comparto perfectamente, la ley lo que hace es envolver en una norma, un concepto, pero eso en la doctrina del derecho penal ese delito no califica porque no tiene contenido real. No hay una calificación que permita y lo planteas bien. Cómo voy a poder probar del hecho delictivo si no sos periodista y te acusan de difundir noticias falsas o siendo periodista me van a acusar de tal cosa.

Son delitos sin tipo penal, sin condición de tipo penal y por eso les hablamos de si hay realmente elementos que el investigador, que el ente investigador tiene para la demostración de los hechos, entonces pueden procesarse en libertad, con otra medida distinta a la detención carcelaria, al encerramiento, ese es otro principio del derecho penal.

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Por eso el estándar que estamos planteando en el comunicado de prensa va en esa línea: si usted tiene los elementos para un proceso, por qué forzosamente tienen que estar detenidos, cuáles son las características, que también lo dice el derecho procesal penal, cuando se requiere la detención provisional para la investigación de los hechos. Si tienes todo ya listo, no necesitarías a las personas detenidas.

Además hacemos la calificación arbitraria por todos los elementos de información que hemos recibido, también del apoyo de las organizaciones de Naciones Unidas, de investigaciones que se han hecho en esta materia y efectivamente también desde nuestro mecanismo hemos podido recoger.

Y si las condiciones de esas cárceles están como se han señalado que están y no han podido decir las personas que están allí, incluso decir que no hay alimentación adecuada y condiciones adecuadas de aseo. Esa sola condición obliga al Estado a poner a las personas en libertad, para que sigan sus procesos si quiere, que se den los procesos, vamos a concluir para ver qué es lo que el sistema de justica tiene. Pero las condiciones por qué, porque es garante de la vida de las personas y en esas condiciones la vida de estas personas está en riesgo.

¿Qué esperar?

Pronto tienen una ronda de sesiones, inician en marzo. ¿Qué podemos esperar de esta ronda de sesiones? ¿Qué sigue en la CIDH en el caso de Nicaragua?

Creo que hay que seguir denunciando. Nosotros en 2021 el número de medidas cautelares por las condiciones de gravedad y urgencia Nicaragua fue el país número uno en esto. La Corte Iberoamericana también ha estado otorgando las medidas provisionales que tienen una fuerza especial para su cumplimiento.

Esto hay que darle seguimiento. Hay que estar ahí, pendientes, denunciando. Igual pedir a las organizaciones, hacer las solicitudes de audiencias. Sé que sí lo han hecho para abordar las temáticas. El Estado no está yendo, pero es un espacio público que pone a nivel del continente la posición de la sociedad, por eso el tema de la unidad de la sociedad civil es tan valioso, tan importante, porque hay que usar estos espacios para que el Estado tenga esta conciencia.

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