A partir de este martes 1 de febrero, iniciarán los juicios «orales y públicos» de los presos políticos que están encarcelados en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) , Complejo Evaristo Vásquez Sánchez, conocido como el nuevo Chipote, y para los que se encuentran bajo arresto domiciliario, informó el Ministerio Público, quien en su comunicado tildó a los opositores de «criminales y delincuentes».
«Estos mismos criminales y delincuentes han reincidido, atentando contra los derechos del pueblo y la sociedad nicaragüenses, comprometiendo la paz y la seguridad», señaló este lunes la institución sancionada por EE. UU.
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Del 28 de mayo al 22 de noviembre pasado, Daniel Ortega desató una cacería de opositores y potenciales candidatos para las elecciones de noviembre pasado, a la fecha hay más de 40 detenidos, quienes se sumaron a otros 130 presos políticos que el régimen mantiene retenidos desde el 2018.
El Ministerio Público señaló que los presos políticos «son los mismos que promovieron y dirigieron los actos terroristas de la agresión del fallido golpe de Estado del 2018», como califica el régimen las protestas ciudadanas iniciadas el 18 de abril de ese año.
El Ministerio Público acusa a los presos políticos de violentar «la Constitución Política, la Ley No. 1055, la Ley de Seguridad Soberana y el Código Penal de la República de Nicaragua».
«Estarán siendo procesados por cometer menoscabo a la integridad nacional, por haber recibido recursos de fuentes extranjeras para cometer delitos de lavado de dinero, bienes y activos», agrega el comunicado de la Fiscalía orteguista.
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Siguiendo la misma narrativa de insultos de la vicemandataria designada Rosario Murillo, la Fiscalía los responsabiliza de «alterar la paz y tranquilidad» de los nicaragüenses «creando zozobra y lesionando los intereses supremos de la nación».
«Han realizado actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación de Nicaragua y han incitado públicamente a la injerencia extranjera en los asuntos internos, proponiendo o gestionando bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, incluso, una vez más, han realizado llamados a la intervención armada de potencias extranjeras como los Estados Unidos de Norteamérica. Han demandado y celebrado la imposición de sanciones en contra del Estado de Nicaragua y las familias nicaragüenses», expresa el comunicado.
Ortega responde con juicios a familiares de presos políticos
De esta manera, Ortega le responde a los familiares de los presos políticos que la semana pasada pidieron “un proceso de unificación ciudadana» para lograra la liberación de los 170 presos políticos.
La propuesta de los familiares fue respaldada por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro y el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) quien pidió un diálogo “sin precondiciones”.
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Los juicios de los presos políticos estaban paralizados porque, según los familiares, los jueces estaban con sus «agendas llenas», de modo que los juicios «orales y públicos» se reinician este 1 de febrero del 2022.
Según el Ministerio Público es en estricto apego «a la Constitución y las Leyes de la República, y dándole cumplimiento a los plazos legales y a la programación de las correspondientes agendas judiciales, se realizarán los juicios orales y públicos, de los acusados».
Hasta el momento, el régimen Ortega-Murillo ha guardado silencio y no ha reaccionado sobre el llamado al diálogo de los familiares de los presos políticos que demandan su liberación.
