La Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Oacnudh), instó este martes al régimen de Daniel Ortega a crear las condiciones para un diálogo nacional que incluya compromisos claros. Además, que respete los derechos de los presos políticos establecidos en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento a los Reclusos, conocidas como Reglas Nelson Mandela. También lamentó que no se haya aprovechado el proceso electoral para solucionar la crisis; y reiteró su petición de que se permita el ingreso al país de organismos internacionales de derechos humanos, incluida la Oacnudh.
«Hago un llamamiento al Gobierno de Nicaragua para que cree las condiciones necesarias y propicias para un diálogo nacional, basado en una hoja de ruta con compromisos claros, y otorgue a la Oacnudh y a otros mecanismos de derechos humanos el acceso necesario al país para cumplir debidamente con sus mandatos. Seguimos dispuestos a ayudar a Nicaragua en la implementación de las recomendaciones incluidas en nuestros informes», dijo Nada Al-Nashif, alta comisionada adjunta para los derechos humanos.
Durante el diálogo interactivo sobre la actualización oral provisional sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua, Al-Nashif, dijo que dicho diálogo debe ser «participativo, inclusivo y de amplia base». Y señaló que la hoja de ruta de compromisos, debe estar basada en normas y principios internacionales. Pero para que esa hoja de ruta cumpla con dicho estándares, se deben revocar las leyes aprobadas recientemente, ya que limitan las libertades.
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Se deben respetar los derechos de los presos políticos
Al-Nashif considera que la liberación de todos los detenidos arbitrariamente, sería un gesto que se acogería positivamente; tanto por la comunidad internacional como por el pueblo nicaragüenses. Y que dicha liberación sería «un paso importante para restaurar el Estado de Derecho y los derechos humanos». Además, contribuiría a «crear confianza» en el diálogo nacional anunciado por Daniel Ortega en enero de este año.
Durante la actividad se recordó que han sido ignorados los múltiples llamados para liberar a los presos políticos; y que incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró a Nicaragua en desacato. Esto fue provocado porque no ha cumplido sus resoluciones que ordenan la liberación de algunos de ellos.
También se reiteró el llamado a respetar los derechos de los detenidos arbitrariamente; y a cumplir los compromisos internacionales referidos al trato a los privados de libertad.
Al-Nashif dijo que es «urgente» que las autoridades permitan las visitas periódicas de abogados y familiares de los presos políticos, incluidos sus hijos e hijas. También, garantizar que las condiciones de detención cumplan plenamente los estándares internacionales. Es decir, que se acaten las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, conocidas como Reglas Nelson Mandela.
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Amplia participación
Al-Nashif lamentó que «las elecciones» no se hayan aprovechado para avanzar hacia una solución pacífica a la crisis que enfrenta el país desde 2018. Y que durante el proceso, el deterioro de los derechos civiles y políticos haya provocado la exclusión arbitraria de muchos, «especialmente de los opositores».
Según la Oacnudh para que unas elecciones cumplan debidamente su objetivo público, es esencial que las autoridades garanticen un entorno seguro y propicio. Para que los candidatos y candidatas expongan, expliquen y promuevan sus visiones y propuestas políticas para el país; y para que los votantes, a su vez, expresen libremente su voluntad sin limitaciones arbitrarias.
Sin embargo, durante el periodo electoral (entre mayo y octubre), la Oacnudh documentó la detención arbitraria de 39 personas. Estas detenciones se realizaron en base a disposiciones legales incompatibles con las normas internacionales de derechos humanos. Entre los detenidos hay líderes políticos, campesinos y estudiantiles, defensores de derechos humanos, empresarios y periodistas.
Nicaragua pide el cese de sanciones
En el diálogo realizado de forma virtual por la Oacnudh, como ya es costumbre, la delegación de Nicaragua rechazó los señalamientos. Y acusó a Estados Unidos y la Unión Europea de imponer sanciones que violan los derechos humanos de los nicaragüenses.
También participaron representantes de diversas organizaciones. Entre ellos Lizeth Dávila, madre de Álvarito Conrrado, en representación de la Asociación de Madres de Abril (AMA); y Vilma Núñez, presidenta del extinto Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
Al-Nashif advirtió que la falta de reconocimiento de las violaciones a los derechos humanos por parte del régimen ha provocado impunidad; y recordó que las victimas tienen derecho a la reparación. También lamentó el entorno difícil que enfrentan los defensores de derechos humanos, que incluso están expuestos a detención arbitraria.
