Aunque el pleno respeto de los derechos humanos sigue siendo una utopía en la mayoría de países, el caso de Nicaragua es muy particular. El deterioro inició desde 2007 con el retorno de Daniel Ortega al poder y se ha agudizado desde el estallido social de 2018. Desde entonces, las violaciones han alcanzado niveles inimaginables. Este año, el país llega al Día de los Derechos Humanos sumido en la peor crisis de su historia. A criterio de especialistas, a nivel de sufrimiento, las peores violaciones a sus derechos las sufren actualmente más de 160 presos políticos y sus familiares.
Pese a los compromisos internacionales asumidos por el país, no se respetan las Reglas Mínimas de Tratamiento a los reclusos emitidas por la Organización de Naciones Unidas (ONU). Según la ONU, estas reglas constituyen los estándares mínimos universalmente reconocidos para la gestión de los centros penitenciarios; también para el tratamiento de las personas privadas de libertad.
Estas reglas se denominan también Reglas Nelson Mandela, en homenaje al legado del difunto presidente de Sudáfrica. Él pasó 27 años en prisión durante su lucha por los derechos humanos, la igualdad, la democracia y la promoción de una cultura de paz a nivel mundial. Quienes están más expuestos a las violaciones de estas reglas son los más de 160 presos políticos; entre los que se encuentran los casi 50 detenidos en los últimos seis meses y que permanecen en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como nuevo Chipote, en otros sistemas penitenciarios o bajo arresto domiciliario. A muchos de ellos incluso les prohíben hablar con sus compañeros de celda.
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Se cometen violaciones sin importar el lugar de detención
«En 2021 ha habido un retroceso en relación a la gravísima situación que venimos enfrenando desde hace mucho tiempo… Definitivamente hay diferentes situaciones violatorias de derechos que sufre la población en general y que se enmarcan dentro de diferentes derechos. Por ejemplo la falta de derecho a la salud es grave; también la falta de protección contra el hambre; y ya no digamos la ausencia de libertad de expresión. Pero definitivamente a nivel de sufrimiento humano, considero que la peor parte se la están llevando los presos políticos», asegura Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
Para Núñez no hay distinción, maltratan a todos por igual. Los presos políticos que permanecen en el Sistema Penitenciario, en el nuevo Chipote y los que permanecen en casa por cárcel, enfrentan violaciones por igual. Estas son tan graves, que se han encendido las alarmas no solo en Nicaragua, sino en todo el mundo.
La Regla número uno establece que «todos los reclusos serán tratados con el respeto que merecen su dignidad y valor intrínsecos en cuanto seres humanos. Por tanto, «no serán sometidos a tortura ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes». Sin embargo, desde las primeras detenciones a raíz de las protestas de 2018 las denuncias de diversos tipos de tortura abundan; entre ellas violaciones sexuales, confinamiento en celdas de castigo, falta de alimentos y otras.
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Celdas del nuevo Chipote no brindan las condiciones mínimas
Un caso reciente es el aislamiento prolongado y confinamiento solitario que enfrentan las dirigentes de Unamos, antes Movimiento Renovador Sandinista (MRS). Desde hace seis meses Dora María Téllez, Ana Margarita Vijil, Suyén Barahona y Tamara Dávila enfrentan ese confinamiento; y según el exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão, ese tratamiento constituye “tortura agravada”.
Otra de las violaciones que se comente es contra la Regla 6. Esta establece que «en todo sitio donde haya reclusos habrá un sistema normalizado de gestión de sus expedientes». El abogado Maynor Curtis, miembro del Cenidh, ha denunciado las múltiples irregularidades contra varios de sus defendidos. Entre ellas la falta de acceso a los expedientes, realización de audiencias sin notificar a defensores privados y familiares; acusar a los reos en juzgados distintos al que les decretó la detención; y más recientemente la suspensión indefinida de los juicios alegando carga laboral.
Con respecto a la Regla 13, las violaciones también son evidentes. Esta establece que «los locales de alojamiento de los reclusos y especialmente los dormitorios, deberán cumplir todas las normas de higiene». Particularmente en lo que respecta a las condiciones climáticas; y en concreto, al volumen de aire, la superficie mínima, la iluminación, la calefacción y la ventilación. Mientras que la Regla 21 dice que «todo recluso dispondrá de una cama individual y de ropa de cama individual suficiente».
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Los presos políticos aguantan hambre
A las pésimas condiciones que prestan las cárceles de Nicaragua, se suman las condiciones extremas que enfrenan los presos en las celdas del nuevo Chipote. Los familiares han denunciado que no les permiten ni siquiera una sábana para abrigarse; unos utilizan botellas vacías de agua como almohada; otros permanecen con la luz encendida permanentemente y otros en completa oscuridad. A esto su suma que en casos más extremos como el de José Pallais; su esposa Jilma Herdocia denunció que tiene llagas en la espalda por dormir en una silla vieja; ya que al permitirle la silla le negaron el derecho a una litera.
Las violaciones a las Reglas 22 y 23 también son evidentes. La primera establece que «todo recluso recibirá a las horas acostumbradas, una alimentación de buena calidad; cuyo valor nutritivo sea suficiente para el mantenimiento de su salud y de sus fuerzas». La segunda dice que «todo recluso dispondrá de al menos una hora al día de ejercicio físico adecuado al aire libre».
Las denuncias de la pérdida de peso de los que permanecen en el nuevo Chipote son preocupantes. Victoria Cárdenas, esposa de Juan Sebastián Chamorro, ha asegurado que los presos padecen hambre. Ellos reciben dos raciones de comida básica (gallopinto) al día y son muy pequeñas. Los presos han perdido entre 25 y 50 libras cada uno. Además, a quienes no están en confinamiento indefinido solo les permiten unos cuantos minutos de sol cada diez o quince días.
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Condiciones generales son de maltrato y tortura
Curiosamente la Regla 43 prohíbe prácticamente la mayoría de situaciones que enfrentan los presos políticos que permanecen en el nuevo Chipote. Ya que dicha regla prohíbe «el aislamiento indefinido; el aislamiento prolongado; el encierro en una celda oscura o permanentemente iluminada; las penas corporales o la reducción de los alimentos o del agua potable; los castigos colectivos».
También dice que entre las sanciones disciplinarias o medidas restrictivas no podrá figurar la prohibición del contacto con la familia. Mientra que la Regla 44 establece el derecho de los reclusos a comunicarse periódicamente con sus familiares y amigos; ya sea a través de visita, correspondencia escrita o comunicación digital.
Hay que recordar que las redadas comenzaron a finales de mayo y la primera visita se realizó a mediados de septiembre. Es decir después de cuatro meses de detención; y en más de seis meses que llevan los presos en ese centro solo se han realizado tres visitas. Y desde la primera se dejó claro que no se acepta ningún tipo de comunicación escrita. Los familiares han denunciado que no se les permite el ingreso de cartas de los hijos, dibujos ni fotografías.
La Regla 60 establece que excepción de los niños, los visitantes de los centros penales deben consentir ser registrados; pero aclara que los procedimientos de registro y entrada no podrán ser degradantes. Sin embargo, los familiares han denunciado trato degradante, ya que a muchos incluso los obligan a quitarse la ropa. También los obligan a posar para ser fotografiados.
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Presos políticos están aislados del mundo
Otra evidente violación es contra la Regla 63. En ella se otorga el derecho de los reclusos a informarse periódicamente de las noticias de actualidad más importantes. Esto se puede realizar mediante la lectura de diarios, revistas, publicaciones especiales, emisiones de radio, conferencias o cualquier otro medio similar.
Sin embargo, durante las tres visitas que se han permitido los presos le han dicho a sus familiares que no reciben ninguna información del exterior. Incluso, esta falta de información es usada para torturarlos psicológicamente, ya que durante los interrogatorios a los que son sometidos todos los días, muchas veces han tratado de obligarlos a declarar asegurando que algunos de sus seres queridos están detenidos.
Ante tanta impunidad, a nivel local no hay nada por hacer. Ante la total sumisión de todos los poderes del Estado a los designios de Daniel Ortega, los afectados no cuentan con ninguna instancia a la que se puedan recurrir. Y cuando lo hacen ante instancias internacionales, el régimen ignora las resoluciones.
Según un informe de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidad (ONU) para los Derechos Humanos, «la falta de reconocimiento por parte del Gobierno nicaragüense de asumir la responsabilidad estatal en las múltiples violaciones de derechos humanos cometidas desde el inicio de las protestas sociales… ha perpetuado la impunidad y ha favorecido su repetición».
Además, recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), declaró en desacato a Nicaragua por no cumplir con su obligación de acatar las decisiones de ese tribunal, que ha ordenado la liberación de varios de los presos políticos.
