El expresidente de Argentina Mauricio Macri (2015-2019) fue procesado por la Justicia de su país, acusado de presunto espionaje ilegal.
El juez federal Martín Bava acusó al exmandatario de haber espiado a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, hundido en 2017.
Macri, quien niega los cargos, ha acusado a Bava de ser “parcial” y de tener “fines repudiablemente políticos” que favorecen al actual gobierno kirchnerista.
Aunque su defensa pidió la recusación del magistrado, la Cámara Federal rechazó el planteo y lo confirmó.
El juez Bava había indagado a Macri el pasado 3 de noviembre y este miércoles, además de procesarlo sin prisión preventiva, le impuso un embargo de US$1 millón y le prohibió salir del país.
Según el magistrado, Macri es “penalmente responsable del delito de realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de autor, en virtud de haber posibilitado la producción de tareas de inteligencia ilegal”.
En la misma causa ya están procesados los exdirectivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) nombrados por Macri durante su gestión, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y otros exfuncionarios.
Según la resolución judicial, los acusados realizaron tareas de “espionaje prohibidas por ley” con el fin de “obtener datos personales e información de los familiares y allegados de los tripulantes del submarino ARA San Juan”.
¿Por qué espiaría el gobierno de Macri a los familiares de las 44 víctimas fatales que dejó el hundimiento del submarino a mediados de noviembre de 2017?
Según el juez porque “buscaban influir en la situación política e institucional del país, puntualmente respecto a los reclamos que realizaban (…) por el hundimiento”.
“También apuntaban a conocer sus actividades, los lugares donde se reunían, sus datos personales y los de su entorno, como la identificación de sus referentes”, afirma el documento que justifica el procesamiento de Macri.
Durante su indagatoria, el exmandatario presentó un escrito en el que aseguró: “Yo no espié ni mandé a espiar a nadie“.
Escuchas ilegales
Si bien este es el primer procesamiento que enfrenta el expresidente desde que dejó el poder en 2019, no es la primera vez que se acusa a Macri de estar involucrado con el espionaje ilegal.
En 2010, cuando era alcalde de la ciudad de Buenos Aires, fue procesado por el juez federal Norberto Oyarbide por supuestamente encabezar una presunta red ilegal de espionaje en el seno del gobierno porteño.
La denuncia la había realizado un familiar de una de las víctimas del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), Sergio Burstein, quien encabeza la asociación 18J, considerada cercana al kirchnerismo.
Burstein dijo que había recibido un llamado anónimo alertándolo de que su teléfono estaba “pinchado”.
Entre los presuntos espiados estaba el excuñado de Macri, Néstor Leonardo, enfrentado con el entonces jefe de gobierno porteño, además de famosos empresarios.
En 2014 la Cámara de Apelaciones decidió que Macri no debía enfrentar un juicio por esta causa y a finales de 2015, días después de asumir la presidencia, fue sobreseído.
El juez Sebastián Casanello consideró que no había “siquiera una prueba directa” que vinculara a Macri con las escuchas.
En tanto, el magistrado Oyarbide renunció en 2016 tras un juicio político y múltiples escándalos y denuncias de mal desempeño.