El presidente de EE. UU. Joe Biden anunció este martes que el dictador Daniel Ortega, su esposa Rosario Murillo y todo su apartado de funcionarios públicos, incluido sus militares y agentes policiales, tienen prohibido entrar a Estados Unidos, sea cual fuese el motivo. La sanción se anuncia un día después que en menos de 24 horas tres naciones, incluido Estados Unidos, anunciaran castigos a por lo menos 11 funcionarios de la dictadura tras el fiasco de las elecciones del pasado 7 de noviembre, mediante las cuales Ortega busca aferrarse al poder y completar un periodo de 20 años consecutivos en el mismo.
La decisión fue adoptada y anunciada por la Casa Blanca por “la impunidad generalizada de los delitos cometidos contra actores de la oposición; la persistente corrupción que practican los funcionarios del gobierno nicaragüense en el desempeño de funciones públicas que ha erosionado las instituciones democráticas; y el continuo fracaso del presidente Daniel Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo, los funcionarios del gobierno de Nicaragua y otros para apoyar el estado de derecho, los derechos humanos y otros principios de alta prioridad para Estados Unidos exigen una respuesta contundente».
Pero esta no es la primera vez que Ortega y su aparato de funcionarios afrontan la prohibición de ingreso a Estados Unidos. El anuncio de Biden significa para el dictador el regreso a los ochenta, cuando también se le prohibió ingresar a la potencia económica más importante del mundo.
En la década de los ochenta el presidente Ronald Reagan, específicamente el 22 de octubre de 1988 emitió una orden de suspensión de entrada como no inmigrantes de funcionarios y empleados del gobierno de Nicaragua, cuando Ortega también dirigía el país, con una economía quebrada y carente de democracia.
Pero en esa ocasión, Reagan adoptó esa medida luego que Ortega ordenara el 11 de julio de 1988 injustificadamente la expulsión del embajador de ese entonces y otros siete diplomáticos estadounidenses estadounidenses “por realizar actividades diplomáticas legítimas, la negativa del gobierno nicaragüense a permitir la entrada de diplomáticos de los Estados Unidos para asegurar el funcionamiento continuo de la embajada de los Estados Unidos, y la prolongada supresión del gobierno de Nicaragua de la libertad de expresión y prensa y el apoyo a las actividades subversivas en toda Centroamérica, he determinado que es de interés para los Estados Unidos imponer ciertas restricciones al ingreso a Estados Unidos de funcionarios y empleados del Gobierno de Nicaragua y del Frente Sandinista de Liberación Nacional (en adelante, el “FSLN”)”, según la proclama colgada en el sitio web www.presidency.ucsb.edu
Sobre la prohibición
En esa ocasión, Reagan ordenó que tenían prohibido ingresar a Estados Unidos los nicaragüenses con visa no inmigrantes que fungieran como “funcionarios y empleados del Gobierno de Nicaragua o del FSLN que posean pasaportes diplomáticos u oficiales; y personas que, sin importar el tipo de pasaporte que posean, sean consideradas por el Secretario de Estado o su designado como funcionarios o empleados del Gobierno de Nicaragua o del FSLN”.
Pero hacía una excepción. Dicha restricción no aplicaba para los funcionarios y empleados sandinistas que “sean representantes, funcionarios o empleados de organizaciones designadas bajo las Inmunidades de Organizaciones Internacionales. Act (22 USC sección 288) y los miembros de sus familias inmediatas que residen con ellos; o (b) en otros casos o categorías de casos que puedan ser designados de vez en cuando por el Secretario de Estado o su designado”.
En ese sentido, no está claro si Biden también adoptará dicha medida respecto a los funcionarios orteguistas que ejercen funciones diplomáticas en Estados Unidos. Se esperaría que el Departamento de Estado u otra autoridad de ese país aclare en qué estado legal quedarían estos funcionarios, que residente principalmente en Washington y Nueva York.
En las excepciones que menciona Biden solo se menciona que la medida no aplica a persona que tenga tarjeta verde o residencia permanente en Estados Unidos; ” cualquier individuo a quien los Estados Unidos le hayan otorgado asilo, cualquier refugiado que ya haya sido admitido en los Estados Unidos, o cualquier individuo a quien se le haya otorgado retención de deportación o protección bajo la Convención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes o Castigo, y nada en esta proclamación se interpretará como que afecta la elegibilidad de cualquier individuo para asilo, estatus de refugiado, suspensión de remoción o protección bajo la Convención Contra la Tortura, de acuerdo con las leyes y regulaciones de los Estados Unidos”.
También a “cualquier persona cubierta por el artículo 1 de esta proclamación, cuando el Secretario de Estado determine que ha cesado las acciones que socavan las instituciones democráticas y ha tomado medidas concretas para ayudar a restaurar la democracia en Nicaragua”.
O “cualquier persona cubierta por la sección 1 de esta proclamación, una vez que el Secretario de Estado determine que la entrada de la persona no sería contraria a los intereses de los Estados Unidos, incluso cuando el Secretario de Estado así lo determine, con base en una recomendación. del Fiscal General, que la entrada de la persona promovería importantes objetivos de aplicación de la ley de los Estados Unidos. En el ejercicio de esta responsabilidad, el Secretario de Estado consultará al Secretario de Seguridad Nacional sobre asuntos relacionados con la admisibilidad o inadmisibilidad dentro de la autoridad del Secretario de Seguridad Nacional”.
Ortega acusó a Reagan de ser peor que Hitler
En al década de los ochenta, Ortega también mantenía una relación hostil con Estados Unidos por la falta de democracia en Nicaragua, que había ocasionado la quiebra económica, restricción de las libertades, violación de los derechos humanos, entre otros.
Antes del anuncio de Reagan, el dictador acusó al mandatario número 40 de Estados Unidos de comportarse peor que Hitler y promover una “política de exterminio” contra Nicaragua, según un registro periodístico del diario El País de España.
En esa ocasión, Ortega culpó al Gobierno estadounidense de una emboscada que sufrió un grupo de ocho mujeres en León por la guerrilla antisandinista y en esa ocasión el dictador dijo que la Casa Blanca se equivocaba si piensaba que, llegado el momento, los nicaragüenses se pondrán de rodillas para rendirse. Al final Ortega, sofocado por la presión internacional, aceptó elecciones y en 1990 se fue del poder.