El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, pidió que sean anuladas las controversiales votaciones del domingo 7 de noviembre en Nicaragua, y que se convoque a otras elecciones con garantías legales y políticas, observación independiente de calidad y competencia electoral.
Almagro señaló que la Asamblea General de la OEA, que se está realizando en línea desde Guatemala, se debe pronunciar sobre su propuesta que de hecho ha sido respaldada por representantes de diversos gobiernos.
La compleja situación de Nicaragua será discutida como penúltimo punto del temario de la Asamblea General de la OEA en Guatemala. Fue introducido por la propuesta conjunta de Canadá, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos y Paraguay, con la oposición del representante del gobierno de Daniel Ortega.
Pero no se puede impedir ese debate porque el Estado de Nicaragua es miembro de la OEA con todos los derechos y obligaciones que se derivan de esa membresía. La cual ha sido ratificada recientemente por el gobierno de Ortega, al acreditar a Arturo McFields como su nuevo representante permanente ante la OEA.
Además, la declaración de nulidad de un proceso electoral está prevista en la legislación nicaragüense. El artículo 10 de la Ley Electoral, que determina las atribuciones del Consejo Supremo Electoral (CSE), contempla declarar los resultados y la validez de las elecciones, “o en su caso, la nulidad total o parcial de las mismas…”
De manera que el CSE podría perfectamente anular las votaciones del 7 de noviembre y convocar a otras elecciones, mediante una resolución contra la cual, de acuerdo con el artículo 173 de la Constitución, no cabría ningún recurso legal, ni ordinario ni extraordinario.
Por otra parte, la declaración de nulidad de unas elecciones está contemplada en el derecho electoral internacional y sobre esta materia hay bastante jurisprudencia.
Al respecto el jurista guatemalteco y experto electoralista internacional, Luis Archilla, razona que “se entiende por nulo el acto que, por carecer de eficacia, no produce los efectos que le son propios porque el derecho se los niega”. Agrega que “en el concepto amplio las elecciones o procesos electorales pueden ser susceptibles de nulidad, sea absoluta o relativa, total o parcial y ser manifiesta o no”. Y explica que “la historia de nuestros pueblos está plagada de nulidades que se han presentado en el inicio, durante o al concluirse el proceso electoral”.
De manera que no es desatinada la propuesta de Almagro de que se anulen las votaciones del 7 de noviembre. Tampoco es impertinente ni sería contra derecho que la Asamblea General de la OEA recomendara al Gobierno de Nicaragua declararlas nulas y organizar un nuevo proceso electoral, de acuerdo con los estándares democráticos internacionales.
Pero la política no solo es cuestión de derecho y de razón, sino también de voluntad. Y aceptar y cumplir, o no, lo que decida en Guatemala la OEA —a la cual, repetimos, pertenece el Estado de Nicaragua—, dependerá de la voluntad de Daniel Ortega.
