El último eslabón de la violación a los principios democráticos en Nicaragua ha sido la verificación de las elecciones presidenciales y parlamentarias, convocadas por Daniel Ortega, sin condiciones de legitimidad.
Ortega busca de esta forma un cuarto período consecutivo a la cabeza del gobierno, desde el año 2007, teniendo en el último período como vicepresidenta a su cónyuge Rosario Murillo.
Al clima de represión desatado desde el estallido social de 2018, que costó la vida a más de 300 personas, se une el apresamiento y persecución de los líderes opositores, entre ellos, siete candidatos y candidatas que pretendieron disputar el poder al actual gobernante, además de otras figuras de la política, organizaciones sociales, defensores de derechos humanos e intelectuales, como Sergio Ramírez, destacado escritor que obtuvo el Premio Cervantes de Literatura y que formó parte del primer gobierno sandinista, tras la caída de la dictadura de Anastasio Somoza en 1979.
La comunidad internacional no puede permanecer impávida ante las violaciones de los derechos fundamentales. Su reacción debe ser enérgica para evitar que se imponga y consolide, por la fuerza y sin respeto real de la soberanía popular, este régimen ilegítimo.
Con seguridad, Ortega y su círculo reaccionarán, ante el rechazo internacional por la situación que ha desencadenado, con el clásico argumento utilizado por las dictaduras y los autoritarismos: que se está vulnerando el principio de no intervención y la soberanía nacional. Principios que no se pueden invocar cuando se violan los derechos humanos. Esto está expresamente consagrado por el derecho internacional.
La comunidad internacional tiene no solo el derecho, sino la obligación, de velar por el resguardo de ellos en los diversos estados. Es más, a partir de las acciones desarrolladas por el Gobierno de Nicaragua se debe consignar que se está violando, en su esencia, el principio de autodeterminación de los pueblos, que es el principio consagrado jurídicamente. No existe un derecho de autodeterminación de los gobiernos.
Los chilenos, por nuestra propia experiencia histórica, debemos ser especialmente solidarios con la causa democrática en Nicaragua y otros países que sufren el impacto de violaciones a la vida, la libertad y la dignidad de sus habitantes, independiente de las adhesiones ideológicas de sus gobiernos.
El autor es profesor de la Facultad de Derecho y Humanidades, Universidad Central. Fue viceministro de Relaciones Exteriores de Chile. Este artículo fue publicado en el periódico chileno de Santiago, La Segunda, el martes 9 de noviembre de 2021.
