El secretario adjunto principal de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado de Estados Unidos, Ricardo Zúñiga, aseguró que tras los resultados electorales en el que el caudillo sandinista Daniel Ortega consumó su cuarta elección consecutiva, la Administración del presidente Joe Biden está dispuesta a utilizar todas las herramientas para presionar a la dictadura de Nicaragua, incluyendo sanciones o vías diplomáticas dirigidas a actores corruptos y antidemocráticos orteguistas.
Zúñiga aseveró este martes 9 de noviembre durante una conferencia vía telefónica, que la Administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo es una «dictadura» en Nicaragua que carece de cualquier mandato democrático, y añadió que los recientes comicios no tienen credibilidad. «No se puede decir que las personas elegidas bajo ese proceso pueden ser considerados como los líderes elegidos por los nicaragüenses, que están en el poder nadie lo puede negar, que sea una dictadura tampoco se puede negar, queda claro que Ortega y Murillo han impuesto una dictadura basada en el personalismo y el poder familiar«, subrayó el funcionario estadounidense.
Enseguida manifestó que los Ortega-Murillo consolidaron el pasado domingo 7 de noviembre «su control autocrático sobre el pueblo nicaragüense al llevar a cabo una farsa electoral y autoadjudicarse un cuarto mandato consecutivo, con este paso ha perdido toda pretensión de un mandato democrático». Los resultados electorales presentados por el Consejo Supremo Electoral (CSE), dominado por magistrados afines al orteguismo, proclama el «triunfo» de Ortega Murillo con un 75.92 por ciento de votos.
El funcionario estadounidense no dudó en manifestar que la dictadura orteguista «ha convertido a Nicaragua en una república donde reina el miedo con la pantomima de elección, Nicaragua ha pasado de ser una democracia frágil a convertirse en un régimen autocrático». Y por ello advirtió que el gobierno de Biden va «a utilizar todas las herramientas, sean sanciones o vías diplomáticas, para presionar a la dictadura de Nicaragua».
Este martes, la agencia noticiosa Reuters, reportó que un alto funcionario estadounidense bajo condición de anonimato indicó que a administración Biden planea anunciar nuevas sanciones estadounidenses y otras acciones punitivas «muy pronto» en respuesta a la reelección de Ortega. Dijo que las medidas serían las primeras de una serie de pasos que el gobierno de Estados Unidos «intensificará con el tiempo».
La fuente dijo a Reuters que se espera que el presidente Joe Biden firme en los próximos días u horas una legislación del Congreso destinada a aumentar la presión sobre Nicaragua, en referencia a la Ley Renacer, aprobada la semana pasada por el Congreso.
Ley Renacer y alcances
En cuanto, a la firma del presidente Joe Biden a la Ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral o Ley Renacer, que propone ejercer más presión sobre el régimen Ortega-Murillo, el funcionario estadounidense expresó que «no voy a hablar por la Casa Blanca, ellos tienen que determinar cuándo se confirma esa ley», no obstante, afirmó que en estos momentos están estudiando los alcances de la legislación, que se complementan con la visión que tiene el gobierno de Joe Biden.
«Los elementos que se encuentran en la ley corresponden a la visión que tiene la Administración Biden para imponer costo para los que están ejecutando actos de corrupción o de violación a los derechos humanos, o que están participando de este desmantelamiento de la democracia en Nicaragua. Nosotros pensamos que las sanciones contempladas y las otras acciones contempladas bajo la Ley tienen bastante sentido», indicó Zúñiga.
Enseguida refirió que la aprobación de la Ley Renacer evidencia que la atención bipartidaria por parte de EE. UU.: «Seguirá enfocada en la situación de Nicaragua, porque infelizmente hemos visto un actor que sabía que no podía ganar elecciones libres y transparentes. Tenemos el temor que si no hay un esfuerzo regional para responder a estos acontecimientos esto puede suceder en otros países».
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En cuanto a los funcionarios orteguistas que podrían ser sancionados bajo la Ley Renacer y fuera de la legislación, Zúñiga prefirió no mencionar nombres, pero aseguró que la misma ley «nos obliga a estudiar el papel de Nicaragua dentro del DR-Cafta, nos obliga a trabajar con los gobiernos de Canadá y la Unión Europea (UE) para implementar más sanciones a personas vinculadas a la eliminación de la democracia en Nicaragua, nosotros utilizaremos otros elementos que nos permite la ley de incluir a actores nicaragüenses (…) seguiremos atentos y trabajaremos en conjunto con el Congreso para ver qué más podemos hacer dentro de la legislación actual y en vigor en estos momentos».
Insistió en recalcar que las sanciones tienen dos propósitos «responder claramente e impulsar el rendimiento de cuentas de las personas que han violado los derechos humanos de los nicaragüenses». Sostuvo además que como otros alcances de la ley «nos obliga a estudiar el papel de Nicaragua dentro del Cafta, nos obliga a trabajar con los gobiernos de Canadá y la Unión Europea para implementar más sanciones. Utilizaremos otros elementos que nos permite la ley de incluir a actores nicaragüenses, seguiremos atentos y trabajaremos en conjunto con el Congreso para ver qué más podemos hacer dentro de la legislación actual y en vigor en estos momentos».
OEA se debe definir los siguientes pasos
El funcionario también remarcó la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se inaugura este miércoles y en el que se abordará la situación de Nicaragua, dijo que «en términos de la OEA, lo que nosotros pensamos que es importante es que durante esa reunión de la Asamblea General es importante que todos los países reconozcan lo que está sucediendo y que se defina dentro del marco de la Carta Democrática Interamericana cuáles serán los próximos pasos».
Y sobre la posibilidad de suspensión de Nicaragua ante este organismo, manifestó que «obviamente la expulsión de un país es un asunto muy grave, pero nosotros pensamos en poner y presentar los elementos y los hechos que hemos visto en Nicaragua, se debe tener mucha claridad dentro del organismo acerca con quién estamos tratando en Nicaragua y a quién estamos tratando de ayudar como comunidad internacional que claramente son los actores democráticos y no los dictadores».
