La asociación Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) emitió un pronunciamiento este jueves, 4 de noviembre «exhortando» a las autoridades del Estado, especialmente al Poder Electoral, a la Policía y a las autoridades locales que el próximo domingo, 7 de noviembre, garanticen «el libre ejercicio de la labor periodística con absoluto respeto de los derechos ciudadanos, que permitan informar adecuadamente» sobre las votaciones.
En su carta abierta, los periodistas independientes hacen extensiva la petición también a las agrupaciones políticas, en busca de que este próximo domingo los periodistas puedan informar sin ser agredidos ni amenazados y que se respete el derecho a informar al pueblo.
«El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce el derecho a la comunicación como un derecho inherente a la persona y a su necesidad de buscar y compartir información, así como expresar sus opiniones e ideas a través de cualquier medio», refiere el escrito del PCIN.
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Los periodistas explicaron que esa premisa de la Declaración Universal de los Derechos Humanos también está consignada en la Constitución Política de Nicaragua, en los artículos 30, 66, 67 y 68.
«No puede ni debe desconocerse, particularmente cuando se reconoce la importancia del periodismo para el desarrollo del país, no habiendo espacios para censuras de ningún tipo que limiten o impidan la tarea informativa y el derecho de la población a informarse adecuadamente», reza el texto.
Los periodistas pidieron ser acreditados para acceder a los centros de votación, sean estos locales, nacionales o extranjeros, y además que se vele por la seguridad de los comunicadores sociales, su libre movilización y el «acceso a los entornos donde se desarrollarán las actividades vinculadas al proceso».
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La violencia contra los periodistas ha estado presenten en diversos procesos electorales de Nicaragua, como en 2004 cuando se produjo el asesinato de la corresponsal de LA PRENSA, María José Bravo, pero especialmente esa violencia se ha acentuado desde el año 2008, cuando el Frente Sandinista (FSLN) cometió fraude electoral en las municipales de ese año y desde entonces ha sido una constante las agresiones y amenazas a los periodistas.
Actualmente, ni el Poder Electoral, controlado por el régimen orteguista, ni ninguna entidad del régimen, permite que los periodistas independientes tengan acceso a actividades públicas, sino solamente los periodistas de medios afines a la dictadura.
Recientemente, el régimen también ha expulsado o negado el acceso al país a periodistas extranjeros que han hecho el intento de venir a cubrir el proceso electoral desde unos días antes de las votaciones.
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