La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió este viernes a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que amplía las medidas provisionales para proteger los derechos de 15 personas y sus núcleos familiares, porque “se encuentran en una situación de extrema gravedad y urgencia de daños irreparables a sus derechos en Nicaragua”.
Entre esas 15 personas se encuentran tres opositores que mostraron su intención de ser candidatos a la Presidencia de Nicaragua en las elecciones del próximo 7 de noviembre, pero el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo los mandó a detener: Cristiana Chamorro Barrios, Arturo Cruz Sequeira y Miguel Mora Barberena.
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Además, entre esas personas se encuentra Pedro Joaquín Chamorro Barrios, hermano de Cristiana Chamorro e hijo mayor del Mártir de las Libertades Públicas Pedro Joaquín Chamorro Cardenal y de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro.
La lista también la conforman los extrabajadores de la de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro Walter Gómez Silva, Marcos Antonio Fletes (encarcelados en el nuevo chipote) y Lourdes Arróliga; así como a Pedro Vásquez, chofer de Cristiana Chamorro Barrios.
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La CIDH también solicitó a la Corte IDH esa medida para Luis Rivas Anduray, exdirectivo de Funides y director del Banpro Grupo Promerica, y para los líderes del partido político Unión Democrática Renovadora, Dora María Téllez, Ana Margarita Vijil Gurdián, Suyen Barahona, Hugo Torres y Víctor Hugo Tinoco.
La lista incluye al líder político de la Coalición Nacional, José Pallais Arana.
“La Comisión Interamericana otorgó medidas cautelares a favor de la mayoría de las personas identificadas y sus núcleos familiares, según correspondía, tras identificar que se cumplían los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad a los que hace referencia el artículo 25 de su Reglamento”, explicó el organismo.
Régimen no responde
Según la CIDH, aunque en reiteradas ocasiones a insistido en obtener información de parte del Estado de Nicaragua, “no se recibió respuesta que indique que se adoptaron medidas de protección para atender la situación de riesgo, lo cual es especialmente preocupante, debido a que recientemente 14 de estas personas permanecieron incomunicadas, en prisión preventiva o arresto domiciliario”.
Tampoco han contado con las garantías mínimas de todo proceso, en un contexto de escalamiento de la crisis en Nicaragua agudizada por el periodo electoral, lo que ha implicado que se vean impedidas de participar políticamente, de alguna forma, en las elecciones generales de noviembre de 2021, explicó la CIDH.
La CIDH subraya a la Corte IDH que esas personas son reconocidas como opositoras del régimen Ortega Murillo y han buscado impulsar que las elecciones generales de noviembre de 2021 sean democráticas.
Es el caso de Cristiana Chamorro Barrios, por ejemplo. El régimen decidió en septiembre enjuiciar y poner en detención judicial a Chamorro, de 67 años, a quien la fiscalía investiga por presuntamente lavar bienes y activos a través de la fundación que lleva el nombre de su madre, la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro.
La oenegé, que cerró en febrero, era un centro de capacitación de periodistas y defensa de la libertad de prensa, y durante 20 años estuvo bajo la dirección de Cristiana Chamorro.
Chamorro negó los cargos que le imputa la Fiscalía y atribuyó el caso a un interés del gobierno de inhibirla para competir en las elecciones del 7 de noviembre. Las encuestas de opinión le daban el mayor apoyo ciudadano después del presidente Ortega, quien se postula para un cuarto mandato sucesivo, ahora en unas cuestionadas elecciones sin ningún candidato fuerte.
“La información recibida recientemente respecto de la persistencia de los eventos de riesgo a su vida e integridad personal, sumados a los indicios de arbitrariedad en las detenciones de 2021, la falta inicial de información concreta sobre sobre la ubicación y las condiciones actuales de detención, sobre los tipos penales utilizados dentro del marco normativo tendiente a criminalizar a toda persona percibida como opositora, así como las denuncias múltiples, circunstanciadas y consistentes sobre violaciones al debido proceso en su causa sugieren que dicha privación de libertad guarda estrecha relación con una intención dirigida a silenciarlos mediante represalias, bloquearles toda posibilidad de articulación social y/o política y con ello enviar un mensaje de castigo a las personas que se manifiesten o protesten en contra de las acciones estatales o que busquen ser oposición al actual gobierno de Nicaragua en las próximas elecciones generales de noviembre de 2021”, aseveró la Comisión.
Esta solicitó a la Corte IDH que requiera al Estado de Nicaragua adoptar de forma inmediata las medidas necesarias para proteger de manera efectiva la vida, integridad, salud y libertad personal de esas 15 personas y sus núcleos familiares; liberar a quienes se encuentran bajo prisión preventiva y levante la medida de arresto domiciliario de Cristiana Chamorro.
“La Corte IDH emite medidas cautelares en casos de extrema gravedad y urgencia para evitar daños irreparables a las personas; las mismas son de carácter obligatorio para los Estados por lo que las decisiones contenidas en las mismas exigen que adopten acciones específicas para resguardar derechos y/o proteger la vida de personas o colectivos que están bajo amenaza”, explicó.
