Berta Valle, esposa del precandidato presidencial y preso político Félix Maradiaga, iniciará una campaña junto con familiares de otros presos políticos para que se respete el derecho a la libertad de culto y les permitan llevarles biblias a sus familiares –quienes las han solicitado– detenidos en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ).
Tras la segunda visita que recibieron los presos la semana pasada, Valle contó que su esposo le mandó a solicitar una Biblia. “Félix me comentó que en este proceso de encarcelamiento ha tenido un mayor acercamiento espiritual, su fe se ha fortalecido (…) Él quiere una biblia”, dijo Valle en una conferencia de prensa que brindaron familiares de reos políticos el jueves pasado.
La idea de esta campaña —dijo a LA PRENSA Valle—, es que los presos tengan derecho a ejercer su libertad religiosa. “Según las Reglas de Mandela (Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos) es un derecho que tienen las personas privadas de libertad”.
Valle agregó que este reclamo se basa en el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. «Todos tenemos derecho a nuestras propias creencias, a tener una religión, a no tener ninguna o a cambiarla. En su momento, la DUDH fue muy progresista al afirmar que los creyentes de todas las religiones y quienes tenían creencias seculares deberían poder vivir en paz, siendo sus derechos garantizados por el Estado y sin verse obligados a seguir una religión nacional o patrocinada por dicho Estado”, dijo Valle.
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Maradiaga fue arrestado el 8 de junio cuando salía de una cita en la Fiscalía. Fue golpeado y detenido junto a su conductor y su abogado, Róger Reyes que fue puesto en libertad, pero recapturado el 28 de agosto y encerrado en prisión.
Para esos días fueron arrestadas más de 30 personas opositoras al régimen de Daniel Ortega, quienes permanecen en las celdas de la DAJ, conocidas como el nuevo Chipote y durante ese tiempo solo les han permitido dos visitas a sus familiares.
Tras las visitas, los familiares han denunciado que los mantienen en condiciones de tortura, mal alimentados, sin recibir atención médica adecuada, con pérdida extrema de peso, sin ver la luz del día, con ciclos de sueño interrumpidos y algunos en aislamiento total.
A la mayoría de los presos la Policía los señaló de “realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en asuntos internos”. Y posteriormente la Fiscalía los imputó, casi en su mayoría, por el presunto delito conspiración.
