El Estado de Derecho se debilitó a nivel global y en el caso de Nicaragua el país ha bajado tres peldaños, colocándose en la posición 131, de 139 países, de acuerdo con el Índice de Estado de Derecho 2021 del Proyecto de Justicia Mundial (World Justice Project, WJP por su siglas en inglés), oficializado este jueves.
De acuerdo con el Índice, las dimensiones con mayores caídas incluyen: límite al poder gubernamental, espacio cívico, rapidez de la justicia y ausencia de discriminación.
“El puntaje general de Nicaragua en Estado de Derecho se redujo 3.7% en el Índice de este año. Con el lugar 131 de 139 países y jurisdicciones en el mundo, Nicaragua cayó tres posiciones en la clasificación global. El puntaje de Nicaragua lo ubica en la posición 30 de 32 países en la región de América Latina y el Caribe* y en la 31 de 35, entre países de ingreso mediano bajo”, explica el organismo.
Agrega que en la región de América Latina y el Caribe, el país con el puntaje más alto es Uruguay (en el lugar 25 de 139 países), seguido de Costa Rica y Chile. Los tres países con los puntajes más bajos en la región son Nicaragua, Haití y la República Bolivariana de Venezuela (en el lugar 139 de 139 países).
Se agregaron dos nuevos países de la región de América Latina y el Caribe al Índice de este año: Haití y Paraguay.
El Índice mide el desempeño de 139 países y jurisdicciones con respecto al Estado de Derecho. El reporte es el primero de esta serie anual desde que se declaró la pandemia de covid-19 en marzo de 2020, y muestra que las tendencias negativas de varios años se deterioraron aún más durante este período.
“Con tendencias negativas en tantos países, esta edición del Índice de Estado de Derecho del WJP debería ser una llamada de atención para todos nosotros”, dijo el cofundador y director ejecutivo del WJP, Bill Neukom.
“El Estado de Derecho es la base de comunidades de justicia, oportunidades y paz. Reforzar esa base debería ser una de las principales prioridades para el período de recuperación de la pandemia”, añadió Neukom.
El Estado de Derecho en Latinoamérica
El puntaje general de Nicaragua en Estado de Derecho se redujo 3.7 % en el Índice de este año. Con el lugar 131 de 139 países y jurisdicciones en el mundo, Nicaragua cayó tres posiciones en la clasificación global. El puntaje de Nicaragua lo ubica en la posición 30 de 32 países en la región de América Latina y el Caribe, y en la 31 de 35, entre países de ingreso mediano bajo.
De acuerdo con el Índice, las tendencias específicas para Nicaragua incluyen un deterioro en la dimensión que mide cumplimiento regulatorio. En la región de América Latina y el Caribe, el país con el puntaje más alto es Uruguay (en el
lugar 25 de 139 países), seguido de Costa Rica y Chile. Los tres países con los puntajes más bajos en la región son Nicaragua, Haití y la República Bolivariana de Venezuela (en el lugar 139 de 139 países).
Este año se agregaron al índice dos países de América Latina y el Caribe: Haití y Paraguay. En el último año, 22 de 30 países redujeron su puntaje en la región. De estos 22 países, 13 ya lo habían hecho también en la versión pasada del Índice.
El Índice de Estado de Derecho del WJP es un reporte anual basado en encuestas a más de 138,000 hogares y 4,200 especialistas alrededor del mundo. El WJP incluye ocho factores en su medición del Estado de Derecho: Límites al Poder Gubernamental, Ausencia de Corrupción, Gobierno Abierto, Derechos Fundamentales, Orden y Seguridad, Cumplimiento Regulatorio, Justicia Civil, y Justicia Penal.
Pandemia afecta el Estado de Derecho
Según los datos de WJP, el 84.7 % de la población mundial, es decir 6.5 mil millones de personas, viven en un país donde el Estado de Derechos se debilitó.
En comparación con los datos del índice del año pasado, el 82 % de los países del Índice experimentó una disminución en al menos una dimensión relacionada con el espacio cívico (participación cívica, libertad de opinión y expresión, y libertad de reunión y asociación), y en 94 % de los países del Índice aumentaron las demoras en procedimientos administrativos, civiles o penales.
Países en el top y la cola del índice
Los países con puntajes más altos este año fueron: Dinamarca, Noruega y Finlandia. La República Democrática del Congo, Camboya y la República Bolivariana de Venezuela tuvieron los puntajes generales más bajos.
Los países con mayores incrementos de puntaje fueron: Uzbekistán (4.1 %), Moldova (3.2 %) y Mongolia (2.0 %). Los países con mayores descensos fueron Belarús (-7.5 %) y Myanmar (-6.3 %), mientras que Nigeria, Nicaragua, República Kirguisa y Argentina empataron con el tercer declive más grande (-3.7 %).
Clasificación de Nicaragua
Nicaragua se posiciona en el puesto 131 a nivel global de 139 países y en el 30 de los 32 países de la región.
| Factor | Posición Global | Posición Regional * |
| Límites al poder gubernamental | 137/139 | 31/32 |
| Ausencia de corrupción | 116/139 | 25/32 |
| Gobierno abierto | 117/139 | 31/32 |
| Derechos fundamentales | 130/139 | 31/32 |
| Orden y seguridad | 73/139 | 9/32 |
| Cumplimiento regulatorio | 124/139 | 29/32 |
| Justicia civil | 132/139 | 29/32 |
| Justicia penal | 131/139 | 28/32 |
Bahamas; Barbados; Belice; Bolivia; Brasil; Chile; Colombia; Costa Rica; Dominica; Ecuador; El
Salvador; Granada; Guatemala; Guyana; Haití; Honduras; Jamaica; México; Nicaragua;
Panamá; Paraguay; Perú; República Dominicana; Saint Kitts y Nevis; San Vicente y las
Granadinas; Santa Lucía; Surinam; Trinidad y Tobago; Uruguay; Venezuela, RB.
El Índice de Estado de Derecho del WJP es la principal fuente de datos originales e independientes sobre el Estado de Derecho en el mundo. El Índice, que ahora incluye 139 países y jurisdicciones, se basa en encuestas en más de 138,000 hogares y a más de 4,200 especialistas, y mide la percepción y la experiencia de la población general con el Estado de
Derecho en situaciones prácticas y cotidianas. El Índice ofrece información oportuna y confiable para legisladores, organizaciones de la sociedad civil, académicos, ciudadanos y profesionales del derecho, entre otros. Nuestra intención es que esta herramienta sirva para fomentar políticas públicas que fortalezcan el Estado de Derecho a nivel nacional e internacional.