El Plan de Independencia que se celebra actualmente es resultado de la contraposición de dos estrategias políticas que se representaron en Guatemala, la ciudad y desde la Provincia de Nicaragua. Más allá de la decisión tomada en Guatemala el 15 de septiembre de 1821, no se ha considerado que en la Provincia de Nicaragua la actitud frente a tal hecho era distinta. En ello intervinieron ciertos factores como las reformas borbónicas.
Aplicadas desde mediados del siglo XVIII, dichas reformas pretendieron corregir algunas cuestiones administrativas en los territorios americanos. Una de estas fue la liberación del mercado. Premuras económicas internas obligaban a la corona española ponerse a tono con la nueva filosofía del liberalismo económico, con el propósito que el intercambio comercial interprovincial e intercontinental, aportara sumas significativas en impuestos.
Desde antes de aquella declaración, el libre mercado era una realidad conocida por los productores provincianos nicaragüenses, aunque el ejercicio del mismo entrañaba peligros para los productores y comerciantes de ganado, añil y otros. El libre comercio ofrecía mejores precios de compra-venta, a diferencia del comercio monopólico que regulaba Guatemala.
La declaración de libertad de comercio fue una especie de detonante en el Reino de Guatemala, en el sentido que hacía florecer un elemental sentido de pertenencia y posesión territorial entre aquellos productores provincianos en Nicaragua. Así empezaron a destacar las propiedades geográficas y físicas que este país presentaba para ejercer su propio comercio sin el control de Guatemala.
Esto llevó a que las propuestas por una autonomía administrativa empezaran a asomar desde Nicaragua con el fin de contrarrestar la persistencia del monopolio comercial que sostenía Guatemala. El plan de autonomía administrativa implicaba conceder a Nicaragua virtudes para que ocupara su territorio para comerciar con otros países, aunque esto no necesariamente debía implicar un rompimiento con la unidad administrativa mayor que era el Reino de Guatemala.
El plan de Nicaragua, pues, no se inclinaba por un rompimiento definitivo con España, ni siquiera con Guatemala, ante la cual solo reclamaba se le dejara establecer sus propios circuitos comerciales. Desde las últimas decenas del siglo XVIII esa contraposición estuvo presente, pues desde Nicaragua se insistió en solicitar a las autoridades españolas aquella autonomía administrativa que le era necesaria y que estaba sancionada, de alguna manera, por la declaratoria de libertad de comercio.
Guatemala entendía esto como un rompimiento interprovincial, pero más allá de eso comprendía que la autonomía administrativa para Nicaragua le implicaba la pérdida del mercado productor más importante del reino. Una de las últimas solicitudes que se presentó desde Nicaragua fue la dirigida al Marqués de la Hormaza (5 de junio, 1788) y cuando esto no trajo frutos, los productores nicaragüenses se decidieron por la rebelión.
Lo que ahora se estudia como los movimientos preindependentistas de 1811 acontecidos en Nicaragua fue una manifestación política en contra de la actitud de Guatemala, que no hacía concesiones a Nicaragua. Así fue que el panorama regional se convirtió en un escenario donde privaban dos contendientes: Guatemala como capital regional y Nicaragua como la incidencia de un principio de identidad territorial precoz que reclamaba su propio protagonismo.
Esto se comprueba en el texto de las solicitudes que presentó Nicaragua por su autonomía administrativa donde destacaba las virtudes geográficas del país, por medio de un sistema lacustre que permitía comunicación con el Atlántico para el comercio eficiente, más un territorio feraz y altamente productivo, entre otras condiciones.
Los primeros focos independentistas se encendieron en América al inicio del siglo XIX. No obstante, en Guatemala esto tardó hasta el momento en que España decidió restablecer el monopolio comercial en América, al inicio de la segunda década de ese siglo. La idea de la independencia sobrevino por la necesidad de sostener el control del comercio regional, calculando que, después de lograda, podrían mantener sus relaciones comerciales con los ingleses.
En Nicaragua no se esperaba la decisión tomada aquel 15 de septiembre. Por ello, es que causó estupor la comunicación que llegó una semana después al país. Desafortunadamente, en el momento se mostró un espíritu de orfandad que se antepuso a ese principio elemental de identidad que ya se manifestaba en las solicitudes por la autonomía administrativa.
El Acta de los Nublados no puede interpretarse de otra manera, sino como un reclamo soslayado a favor de España que las autoridades eclesiásticas quisieron manifestar. Si bien hubo voces en Nicaragua que acusaron al obispo Nicolás García Jerez de favorecer a la monarquía, quienes la manifestaron habrían sido aliados de los guatemaltecos.
Para reforzar su decisión, Guatemala acudiría a otros recursos que quizás le permitirían mantener el control regional: una fue la anexión a México, otra fue el establecimiento del marco republicano federativo. Cualquiera de estos dos recursos solamente exacerbó los ánimos en Nicaragua y abrieron en capítulo de las primeras guerras regionales durante la primera parte del siglo XIX.
Eventualmente, el marco republicano se impondría cuando los habitantes centroamericanos comprendieron la naturaleza del paso que habían dado y que aquella decisión debía ser una fiesta nacional a celebrarse por todos, pues habían concebido a su propio país.
El autor es Miembro de número de la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua.