La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, demandó este lunes 13 de septiembre al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua que libere de inmediato a todas las personas privadas de libertad por asuntos políticos y que de la misma manera cese la persecución contra los opositores, sociedad civil, periodistas y medios de comunicación independientes, de cara al proceso electoral en el país.
“Ante este deterioro de la situación de Nicaragua resulta imperativo que el Gobierno vuelva a garantizar el pleno ejercicio de derechos civiles y políticos de los nicaragüenses, y que cese la persecución contra la oposición, la prensa y la sociedad civil, y que libere de inmediato y sin condiciones a más de 130 personas detenidas desde abril 2018, según fuentes de la sociedad civil (…) Exhorto a este Consejo a considerar todas las medidas a su alcance para promover y proteger los derechos humanos en Nicaragua”, exigió Bachelet.
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La defensora aseguró que los nicaragüenses tienen derecho de ejercer el voto en “ausencia de intimidaciones, violencias o interferencias” y por lo tanto los ciudadanos en primera instancia tienen derecho de presentar candidaturas presidenciales, a participar en las campañas. Asimismo Bachelet consideró que es “esencial” que los medios de comunicación puedan dar cobertura al proceso electoral. No obstante, lamentó que “nada de esto está ocurriendo” en Nicaragua.
#Nicaragua – Alta Comisionada @mbachelet presenta actualización oral sobre la situación de #DerechosHumanos en Nicaragua durante la #HRC48 del @UN_HRC
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— OACNUDH (@OACNUDH) September 13, 2021
También, la alta comisionada recordó que en su antepenúltima actualización oral ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU alertó sobre la preocupante situación de derechos humanos en Nicaragua, especialmente lo que se refiere a los derechos políticos de los nicaragüenses.
Bachelet denuncia “detenciones arbitrarias”
Bachelet sostiene que su oficina regional ha documentado al menos 36 “detenciones arbitrarias” desde el 28 de mayo pasado, incluyendo dirigentes políticos, defensores de los derechos humanos, empresarios, periodistas, y líderes campesinos y estudiantiles, que se suman a otras 20 personas a partir del 28 mayo.
“Este grupo incluye a seis hombres y a una mujer que manifestaron públicamente aspirar a la Presidencia”, dijo en alusión a los precandidatos Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Arturo Cruz, Medardo Mairena, Miguel Mora, Noel Vidaurre y Cristiana Chamorro.
“La gran mayoría de estas personas permanecieron privadas de libertad hasta 90 días, incomunicadas y algunas en aislamiento, sin que las autoridades confirmaran oficialmente su paradero a las familias”, afirmó Bachelet, quien mencionó además que fue hasta el 31 de agosto que el régimen a través del Ministerio Público (MP) “comenzó a autorizar las visitas”.
Sobre la situación de los detenidos, la alta comisionada subrayó que varias de las “detenciones arbitrarias, especialmente en el caso de las mujeres presentan eventos para ser considerados como torturas y malos tratos”. Añadió que muchos de los detenidos, según el MP, fueron acusados por “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y otro delito presuntamente ligado a la implementación de fondos de cooperación.
La oficina regional también documentó que en las audiencias de los opositores detenidos, en muchos de los casos, la autoridad judicial nicaragüense no permitió el acceso a los familiares ni a la prensa independiente y abogados de confianza.
Intensificación de ataque a la libertad de expresión
La alta comisionada también durante su intervención ante el Consejo denunció la intensificación de ataques del régimen contra la libertad de expresión, particularmente a medios de comunicación y periodistas independientes. Bachelet se refirió al ataque al último medio impreso a nivel nacional, el Diario LA PRENSA.
“Se ha intensificado los ataques a la libertad de expresión, el 12 de agosto, el Diario LA PRENSA denunció el cese de su edición impresa debido a la retención del papel por parte de la autoridad aduanera, un día después la Policía Nacional y el Ministerio Público allanaron sus instalaciones, incautaron bienes nacionales y posterior detuvieron a su gerente general —Juan Lorenzo Holmann—”, remarcó Bachelet.
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Agregó que las amenazas del MP en contra de periodistas —en alusión a más de una treintena que fueron citados en esa institución— “motivaron su salida de Nicaragua para buscar protección”. Su oficina ha documentado 12 casos.
Cancelación de partidos políticos
Por otro lado, denunció el actuar del Consejo Supremo Electoral (CSE), conformado por magistrados afines a Ortega, que en agosto canceló la personería jurídica del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) “invalidando su candidatura sin que pudiera presentar su defensa”.
Bachelet sostiene que este hecho con la cancelación de otros dos partidos —Partido Restauración Democrática (PRD) y Partido Conservador (PC)— en mayo pasado “eliminó todas las opciones posibles para la candidatura de las principales agrupaciones de la oposición”.