El pasado jueves 2 de septiembre, el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) presentó ante el poder judicial un recurso de apelación en contra de los magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), quienes el 6 de agosto le cancelaron la personería jurídica y cercenaron su derecho de participar en las elecciones del 7 de noviembre.
Fue un golpe muy duro para CxL, cuya presidenta, señora Kitty Monterrey, sufrió al mismo tiempo la pérdida de su ciudadanía nicaragüense y tuvo que irse al exilio.
Con la pérdida de la personería jurídica de CxL, también los ciudadanos opositores e independientes que hubieran votado por esa opción electoral, se vieron privados de tal derecho. De manera que hace bien CxL al apelar ante la instancia judicial por la recuperación de su personería jurídica y su casilla electoral. De la misma manera que lo han hecho también el Partido Conservador (PC) y el Partido de Restauración Democrática (PRD), que igualmente fueron despojados de sus personerías jurídicas y casillas electorales.
Aún en las peores condiciones políticas y jurídicas no se debe renunciar al ejercicio y reclamo de los derechos constitucionales, que no son una concesión del Estado y mucho menos una regalía del poder político que lo detenta.
La cancelación de las personerías jurídicas de los partidos políticos viola el derecho de los ciudadanos de organizarse en ellos “con el fin de participar, ejercer y optar al poder”, establecido en el artículo 55 de la Constitución. De manera que es absolutamente legítimo y necesario apelar por su restitución.
Cabe señalar que la Constitución señala en el párrafo final de su artículo 173 que de “las resoluciones del Consejo Supremo en materia electoral no habrá recurso alguno, ordinario ni extraordinario”. Sin embargo, la cancelación de la personería jurídica de los partidos políticos no es materia electoral. Se trata de un derecho político constitucional que debería ser protegido y restituido por el poder judicial.
Por otra parte, con sus reclamos institucionales y recursos judiciales de apelación los partidos políticos opositores reafirman su vocación democrática y demuestran su convicción de que la participación política y el cambio de gobierno se debe realizar únicamente por la vía electoral.
A juzgar por sus hechos y discursos, los titulares del régimen suponen y temen que la oposición conspira para derrocarlos y que la participación electoral solo sería una mampara para ocultar esos fines aviesos. Es una idea equivocada que deberían quitar de sus mentes. Y entender además que para disuadir las ideas e intenciones conspirativas lo mejor es respetar la participación política de todos y celebrar elecciones libres, justas y competitivas.
La verdad es que se ve muy claro que los partidos opositores ahora ilegalizados, quieren optar al poder político —lo cual es un derecho constitucional—, de manera cívica institucional y democrática, por medio de la participación electoral. Nadie en Nicaragua, salvo quizás algunas personas exaltadas, quiere que vuelva la violencia política.
Pero, igualmente, nadie quiere que siga la inseguridad y la represión contra quienes solo quieren ejercer libremente sus derechos constitucionales.
