A doscientos años de la independencia pacífica de Centroamérica del Reino de España, es notable reconocer los intentos de los centroamericanos por unirnos, convencidos de que solo juntos podremos enfrentar los retos del desarrollo ante la sociedad internacional, aunque aún persistan debilidades que frustran esa ansiada unidad, en donde persiste el interés nacional por encima del regional.
El primero fue el de las Provincias Unidas del Centro de América al crear la República Federal de Centroamérica, esfuerzo no ajeno a diferencias y luchas internas, que para Nicaragua duró de 1824 a 1838. Pese a sus defectos, funcionamos como Estados federales, con su división de poderes y la Federación firmó importantes tratados con Colombia y Estados Unidos en 1825. Posteriormente hubo más tentativas de unidad con la firma de tratados para tal fin, en San Salvador 1889; Amapala 1895; Guatemala 1897 y 1934; e intentos de integración con la Corte de Justicia Centroamericana —primera en el mundo— que funcionó durante diez años, Washington 1907; la unificación de la moneda, San Salvador 1910; un sistema monetario de aduanas, Tegucigalpa 1912; el libre cambio de productos centroamericanos, el ejercicio de profesiones liberales y un Tribunal Internacional Centroamericano, Washington 1923.
En 1951 se creó la Organización de Estados Centroamericanos, una entidad regional encabezada por la Reunión de Jefes de Estado; Conferencia de Cancilleres; Corte de Justicia Centroamericana y Consejos Ejecutivo, Legislativo, Económico; un mercado común y un proyecto de unión aduanera con el Tratado de Integración Económica Centroamericana en 1960. El proceso se estancó por los conflictos armados de los ochenta, pero en los noventa fue retomado con los Protocolos de Tegucigalpa 1991, que reformó la Odeca y el Protocolo de Guatemala 1993, que reformó al Tratado de 1960. Desde entonces funcionan la Reunión de Presidentes, apoyada por la Secretaría General, Comité Ejecutivo, Consejos de Ministros, Corte de Justicia, un Parlamento que no legisla y muchas entidades de integración que funcionan de manera dispersa, diluyen recursos y esfuerzos en un proceso de integración que la población desconoce y no ve sus beneficios. Ha habido intentos por revisar la integración, conocer cuántas entidades hay, qué hacen y la falta de coordinación entre ellas, pues pareciera que cada una hala agua para su molino. Otra propuesta fue la de un “tratado único centroamericano” que incorpore a todas las entidades en un solo cuerpo legal, con una sola entidad, para reducir la burocracia, simplificar procedimientos y hacer efectiva su labor. Lamentablemente, la integración centroamericana no avanza, aún no tenemos libre movilidad de personas y de mercancías en la región, y más de sesenta años después seguimos ansiando la unión aduanera.
En mi opinión, creo que existen dos causas principales del estancamiento. La primera es la falta de voluntad política de los Estados en comprometerse con el proceso de integración, visión que a veces varía de un gobierno a otro dentro de un mismo país. Es lo que algunos críticos llaman “integración a la carta”, en donde los países ven el menú y deciden a qué entidades se integran, según sus propios intereses nacionales. La segunda es la forma en que está diseñado el sistema, con un solo ente comunitario —la Secretaría General—, con funcionarios regionales independientes de los gobiernos. El resto de instituciones son de carácter intergubernamental, con delegados que representan el interés de cada Estado, que no siempre concuerda con los objetivos regionales, sus normas, instituciones y propósitos que están por encima de los de las naciones. Para avanzar, los Estados deben tomar conciencia de que solo unidos como región podremos incidir ante la sociedad internacional y, para ello, deben ceder parte de sus competencias soberanas para crear un derecho e instituciones comunitarias que velen por el interés regional y el de sus habitantes.
El autor es licenciado en Derecho y magíster en Diplomacia.
