En los últimos días, familiares de por lo menos 13 de los 35 presos políticos de reciente data, pudieron por fin verlos, después de casi tres meses de incomunicación carcelaria. El martes 31 de agosto el Ministerio Público había comunicado que “se empezaron a realizar visitas de los familiares a las personas detenidas por los procesos ya señalados en los comunicados anteriores…”
Entre los presos políticos que han estado incomunicados por tanto tiempo, se encuentran seis exprecandidatos presidenciales y varios dirigentes prominentes de la oposición democrática, que pretendían participar en las elecciones pero no se les permitió lograr ese objetivo.
En el derecho penal se reconoce la incomunicación de presos como un procedimiento a veces necesario de la investigación. Según el prestigioso enciclopedista jurídico internacional Guillermo Cabanellas, se usa “para evitar confabulaciones o aleccionamientos contrarios a la investigación”.
Pero el confinamiento del reo tiene que ser por un tiempo breve, solo el indispensable para las investigaciones que conduzcan a encontrar mérito para procesarlo, o para dejarlo en libertad en caso de que no se encuentren pruebas de que hubiese cometido delito.
Tener incomunicado a un preso por más tiempo del indispensable, y peor si es por un largo período, es calificado por el derecho humanitario como una forma de castigo y, por tanto, de tortura. “Cuando se mantiene a las personas presas incomunicadas durante días, semanas y meses, existe un mayor riesgo de que se produzcan abusos y de que estos no se detecten”, ha indicado el Subcomité para la Prevención de Torturas de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Sin embargo, la incomunicación innecesaria y por largos períodos de los prisioneros, en particular de los presos políticos y de conciencia, ocurre a menudo inclusive en países considerados como democráticos.
En Estados Unidos (EE. UU.), por ejemplo, una investigación de Europa Press y Amnistía Internacional reveló que hay alrededor de 80 mil presos en régimen de aislamiento. Y en el mundo se calcula que en todo momento hay alrededor de tres millones doscientas mil personas presas de manera preventiva, generalmente incomunicadas. Eso equivale al 30 por ciento, más o menos, de la población penitenciaria mundial.
Los expertos en la materia indican que la incomunicación por mucho tiempo causa graves daños físicos y psicológicos a los presos, en particular el deterioro de sus capacidades cognitivas, o sea de las funciones mentales relacionadas al conocimiento.
De acuerdo con la investigación antes mencionada, los presos aislados, confinados o incomunicados tienden a sufrir paranoia, ansiedad, depresión y pérdida de peso. Entre ellos la tendencia al suicidio es mucho mayor que en el resto de la población carcelaria.
La humanidad ha debido recorrer un camino largo y penoso para llegar al reconocimiento de los derechos humanos de los presos, cualesquiera que sean los delitos que hubieren cometido o que se les imputen. Se puede decir que han habido avances notables en las normativas internacionales y locales para reconocer que los prisioneros son también seres humanos con derechos y dignidad.
Sin embargo, en la práctica no siempre se reconocen. Esto es muy difícil porque se trata también de una lucha contra la naturaleza humana, contra la compulsión de algunos para hacer daño a otros sin ningún motivo válido, solo por venganza, odio, complejos de inferioridad y discriminación.
Lamentablemente en algunos países a veces se experimentan retrocesos en el tratamiento a los presos de toda clase, en particular a los políticos y de conciencia que son castigados por pretender cambiar el régimen político, y algunos solo por criticarlo.
