El Ministerio Público o Fiscalía de Nicaragua ha acusado a los hermanos Chamorro Barrios (Cristiana, Pedro Joaquín y Carlos Fernando), por la supuesta comisión de delitos de lavado de dinero, bienes y activos, apropiación y retención indebida y gestión abusiva.
En este paquete acusatorio la Fiscalía ha incluido también a María Lourdes Arróliga, Guillermo Medrano, Marcos Fletes, Walter Gómez, Emma Marina López, Ana Elisa Martínez y Pedro Vázquez, quien se desempeñaba como chofer personal de Cristiana.
La Fiscalía presentó la acusación, cuando algunos de los imputados estaban a punto de cumplir los 90 días de cárcel preventiva que les había impuesto el régimen. Los familiares de los presos políticos tenían la esperanza de que al cumplirse los tres meses los dejarían en libertad. Pero como era de esperarse, lo que se ha hecho es iniciarles el proceso penal por los delitos señalados. Y por los cuales ya han sido condenados de hecho en sus discursos, por Daniel Ortega.
Se conoce muy bien en qué consiste el delito de lavado de dinero, bienes y activos, porque los abogados lo han explicado públicamente hasta la saciedad. Pero no se puede decir lo mismo de los otros delitos que el régimen imputa en este caso a las personas mencionadas.
Según el artículo 238 del Código Penal de Nicaragua, el delito de Apropiación y retención indebidas lo comete “quien teniendo bajo su poder o custodia un bien mueble, activo patrimonial o valor ajeno, que exceda la suma equivalente a dos salarios mínimos del sector industrial por un título que produzca obligación de entrega o devolución, se apropie de ello o no lo entregue o restituya a su debido tiempo, en las condiciones preestablecidas, en perjuicio de otro”.
Por otra parte, el delito de gestión abusiva, dice el artículo 278 del mismo Código que es cometido por “el directivo, gerente, vigilante, auditor, representante legal, administrador de hecho o de derecho o socio de una entidad mercantil o civil, con o sin fines de lucro, que adopte o contribuya a tomar alguna decisión o acuerdo abusivo en beneficio propio o de terceros, en grave perjuicio de la empresa o entidad”.
De manera que es absurdo, por decir lo menos, acusar a los hermanos Chamorro Barrios y demás personas imputadas por la Fiscalía, de cometer tales delitos y el de lavado de dinero.
Quisiéramos esperar que ya que se ha iniciado el proceso contra Cristiana, Pedro Joaquín y demás personas que están en prisión por esa acusación injusta, la autoridad judicial reconocerá pronto su inocencia y ordenará su libertad. Sin embargo, la justicia en Nicaragua es de excepción, está fuera de la regla general establecida en la Constitución, en las leyes procesales y en las normas universales de derechos humanos.
Pero en política cualquier cosa puede suceder. Toda la gente buena de Nicaragua está en oración por la libertad de los presos políticos. La comunidad democrática internacional no deja de pedir que los dejen libres porque son inocentes. Y seguramente esta demanda no cesará, hasta que no quede un solo preso político y de conciencia en las cárceles de Nicaragua.
