La Asamblea Nacional ha aprobado con trámite de urgencia reformas a tres leyes que regulan el sistema financiero y el funcionamiento del mercado de capitales.
El propósito principal de estas reformas, según se ha informado, es prohibir que los bancos informen a sus clientes cuando sus transacciones estén siendo analizadas por sospecha de presunto lavado de dinero y otros delitos, así como imponer fuertes multas por estos casos y, en general, por infracciones a las leyes bancarias.
Por la extrema sensibilidad de la piel política del país en la actualidad, se teme que estas reformas podrían ser más para reprimir que para velar por la salud del sistema financiero. Si así fuera, no cabe duda de que dañarían más el clima de confianza necesario para captar las inversiones nacionales y extranjeras, que son indispensables para el buen funcionamiento y crecimiento de la economía nacional.
Pero la verdad es que si hay algo que el régimen ha manejado con cuidado, ha sido precisamente la macroeconomía y el funcionamiento del sistema financiero nacional. Según economistas ajenos a la política, el régimen tiene un buen equipo económico que entiende la importancia estratégica del sistema financiero del Estado y lo maneja bien. Y no tendría sentido que quisiera dañarlo con antojadizas medidas represivas de interés político, que podrían tener consecuencias muy negativas para la economía nacional.
En realidad, quizás lo que quiere el régimen con estas nuevas reformas sería avanzar en el cumplimiento de los requerimientos internacionales sobre la prevención del lavado de dinero y otros delitos parecidos.
Se conoce que en la evaluación hecha por el Grupo de Apoyo Financiero Internacional para Latinoamérica (Gafilat), como se denomina el organismo regional que vigila la adopción de las políticas y la ejecución de las acciones contra el lavado de dinero en cada país, hasta diciembre del año pasado Nicaragua solo había cumplido 7 de sus 40 recomendaciones. Las otras 33 se han cumplido de manera parcial, algunas más que otras.
En la época actual de globalización, las operaciones financieras de todos los países están estrechamente vinculadas y son interactuantes. Lo malo que se hace en uno y otro país repercute necesariamente en los demás. Por eso, a fin de vigilar que los sistemas financieros no sean utilizados para actividades criminales como lavado de dinero y activos, financiamiento del terrorismo y otras amenazas a la seguridad internacional, fue creado en 1989 el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), o Gafilat en su división para Latinoamérica, cuyas recomendaciones deben ser cumplidas por todos los países.
Así que las nuevas reformas a las leyes que regulan el sistema financiero y el mercado de valores del país, incluyendo el incremento de las multas por infracciones graves, parecen destinadas realmente a avanzar en el cumplimiento de las recomendaciones del Gafilat.
Por supuesto que estas reformas legales podrían ser utilizadas con fines represivos, igual que cualquier otra ley de orden público. Pero esperamos que no sea así, porque sería dañino para el sistema financiero nacional y, como consecuencia, para la misma gente que detenta el poder.
