Existe una vinculación directa entre la protección de los recursos naturales y de los derechos humanos, afirmó el especialista en medio ambiente y activista ambiental Engels S. , quien pidió anonimato. Defender al medio ambiente es defender a los demás derechos porque, a como explica el especialista, en medio ambiente sostiene la vida como tal, por ende, los daños a la salud y calidad de vida están interrelacionados con el entorno en el que vivimos. Además, de la privación de la vida de los activistas, comunitarios e indígenas que defienden la tierra.
El activista ambiental explica que en el país los recursos finitos, como el mineral esta siendo explotados en proporciones “descomunales”, que tiene fuertes impactos en las fuentes de agua donde repercute de manera directa en la salud de las personas que residen en las comunidades.
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También explica que, en el caso de los bosques, que son recursos renovables, pero los procesos de reforestación que existen en el país “son insuficientes para la cantidad de bosques que se están deforestando”, describió el especialista. De igual manera, resaltó el avance de la frontera agrícola en los “parches boscosos”.
La invasión a los territorios indígenas es otra de las grandes preocupaciones porque los comunitarios constantemente denuncian las invasiones a sus tierras, los cuales se caracterizan por la violencia ejercida. Además, que los colonos hacen un cambio radical del uso del suelo que inicialmente para otro tipo de cultivo, explicó el ambientalista.
La defensa de los derechos ambientales esta reconocido en el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos (SUDH) perteneciente a las Naciones Unidas tanto en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (SIDH) en el marco de las Organización de Estados Americanos (OEA), reconoce a los derechos ambientales establecidos en los conocidos como DESCA, los derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, según explicó.
Marco legal
“Atravesamos una verdadera crisis institucional en donde las entidades creadas para la protección y salvaguardar el medio ambiente, además de la correcta gestión del mismo. Las entidades no cumplen, ya sea por acción directa o por omisión… Existen fallas importantes en cuanto a la aplicabilidad del marco jurídico”, expresó el activista ambiental.
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También destacó que en Nicaragua existen leyes progresistas, en comparación a toda la región. “Ejemplo es la ley 620, explica que es derecho de todos los nicaragüenses para tener acceso a los recursos hídricos y que estos no pueden ser privatizados, que incluyen ríos, costas, lagos y demás. Sin embargo, son muchos los establecimientos comerciales y turísticos que se adueñan la propiedad de las playas, la sobreexplotación de los recursos de los mono cultivos y la industria de las bebidas que los vulneran los derechos de las personas”, finalizó el especialista el especialista.
